En los últimos años, el derecho
de los pueblos indígenas a la consulta se ha convertido en el instrumento al
que más acuden para defender sus derechos. Lo hacen a sabiendas de que no
resuelve el fondo del problema y, peor todavía, si no se organizan bien puede
volverse contra ellos y terminar legitimando los proyectos que no aceptan
porque ponen en riesgo su existencia y su futuro. Lo usan tanto en sus actos
políticos como en los tribunales, porque a veces no encuentran más forma para
defenderse ante la avalancha de agresiones que les llegan en forma de programas
de desarrollo. Desafortunadamente para ellos el gobierno y las empresas
privadas ya se dieron cuenta de eso y se preparan para desarmarlos. Para
hacerlo, no dudan en entrar a jugar en el terreno de las consultas,
regulándolas y, sobre todo, controlándolas. Así, mientras los pueblos usan la
consulta con el propósito de defender sus derechos, los gobiernos y las
empresas la esgrimen para imponer sus proyectos, que son los mismos a los que
aquellos se oponen.
Un ejemplo claro de esto es el
artículo 113 de la iniciativa de ley de hidrocarburos que en breve se discutirá
en el Congreso de la Unión. En él se expresa que la Secretaría de Energía, en
coordinación con la de Gobernación y las dependencias que correspondan, deberá
llevar a cabo procedimientos de consulta y cualquier otra actividad que sea necesaria, con
la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y
pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos. En dichos
procedimientos, dice la iniciativa,podrán participar la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, las empresas productivas del Estado y sus subsidiarios y
empresas filiales, así como particulares, conforme a la normatividad aplicable.
Leído sin el cuidado debido la propuesta parece encomiable, pero con atención
no lo es tanto, sobre todo si se le mira a la luz de las disposiciones
internacionales –aplicables en nuestro país– y los criterios jurisprudenciales
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alguna medida
retomados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
