Mucho se ha responsabilizado, y con razón, a los ejecutivos estatales y al presidente del absoluto caos que se vive en el país. Las agendas urgentes se acumulan: desigualdad, seguridad, impunidad, corrupción, víctimas y crecimiento.
De manera irresponsable no se ha puesto la lupa, como se debería, sobre los poderes legislativo y judicial, en buena medida por los escándalos mediáticos que han atrapado a buena parte de la sociedad y los medios en torno a la corrupción. Incluso se ha discutido mucho sobre las reformas que intenta hacer Trump. La agenda legislativa nacional ha transitado en la oscuridad. Algunos rayos de luz se arrojan cuando se trata de nombramientos y de la legislación del sistema Nacional Anticorrupción.
Si hay una ley que era urgente desde hace décadas es la de personas desaparecidas. Más de dos años de discusiones, foros, expertos, análisis, recomendaciones, negociaciones y una vez más no se aprobó la Ley General de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
El Senado aprobó la ley y quedó congelada en diputados. Sin embargo, lo aprobado no es lo que se requiere. Una vez más se legisla por aproximaciones sucesivas. En lugar de apegarse a los estándares internacionales se decide sacar una versión que “transite” entre las fuerzas políticas. Que no afecte intereses, que no rompa el círculo perverso de la impunidad. Se coloca a las y los desaparecidos, que en cuentas conservadoras rondan los 30 mil y que según colectivos podría llegar a doscientos mil, dentro de los cálculos políticos.
