El sucio negocio de las cárceles privadas en EE.UU.

La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas. El motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado. Se repite en otras zonas del país y revela los entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EU, así como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios. Según un informe de In the Public Interest (ITPI), una entidad civil con sede en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas analizados a lo largo de EU, un 65% disponen de algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o penalización por camas vacías. La lógica detrás de estas exigencias es que, como cobran por cada preso (entre 40 y 60 dólares al día), los operadores privados se puedan garantizar un determinado nivel estable de ingresos para gestionar la cárcel y recuperar el coste de su construcción. La base mínima más habitual es del 90%, aunque en algunos casos puede llegar al 100%. Por ejemplo, según el documento, tres instalaciones en Arizona disponen de esta salvaguarda, aunque desde el Departamento Penitenciario de Arizona (ADC, por sus siglas en inglés) lo niegan y aseguran que ronda el 90%. Sea como sea, el estado se ve obligado a garantizar un número mínimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, lo que la ADC considera un requerimiento empresarial comprensible y beneficioso. "Para el contribuyente, si no hubiese una cuota y la ocupación fluctuase de forma variable, el operador privado cobraría una tasa diaria mucho más elevada para asegurarse que recupera su inversión", apunta el portavoz Doug Nick. "Este tipo de garantías mantienen el coste relativamente estable y predecible", añade en conversación telefónica. ¿Pero qué pasa si la tasa de crímenes se reduce, como en Colorado, y cada vez entran menos presos a las cárceles? "Nunca hemos tenido problemas para llenar las camas, ni hemos perdido población carcelaria. De hecho, lleva décadas creciendo", replica con total seguridad de que la situación no variará. En Arizona hay prisiones privadas desde hace dos décadas. Actualmente, de las 14 instalaciones del estado, cuatro son de propiedad y gestión empresarial; y hay otras seis privadas que solo acogen presos de los estados colindantes. Según el convenio de concesión, las autoridades de Arizona pasarán a controlar las cuatro cárceles al cabo de 20 años de su apertura, lo que la ADC también ensalza como un beneficio para el contribuyente. Enel conjunto de EU, en 2010 un 8% de los presos estaban en cárceles privadas, según los últimos datos disponibles. Se trata de alrededor de 128.000 reclusos sobre una población total de 1,6 millones.

"Congreso Popular"

"Congreso Popular" (26 de enero, 2014)

John M. Ackerman

La Constitución de 1917 sigue siendo un importante obstáculo para la plena consolidación del proyecto de neoliberalismo autoritario del PRIANRD. Aún después de la andanada de contra-reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, se mantiene incólume el carácter subversivo de gran parte del texto de nuestra Carta Magna. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es de ninguna manera un documento perfecto, sigue siendo más un aliado que un adversario para las luchas populares. No es hora para llamar a un nuevo constituyente, una acción que en la coyuntura actual podría poner en riesgo importantes conquistas sociales, sino que es preciso organizarnos para defender lo que todavía queda del legado de la gran Revolución Mexicana. 

Hace algunos meses, en el debate con Enrique Krauze en estas mismas páginas, ya expusimos porque la Constitución y la Revolución Mexicana son hoy más relevantes y “modernas” que nunca. De acuerdo con el texto constitucional, el Estado mexicano cuenta con la obligación de garantizar a absolutamente todos los ciudadanos, y en condiciones igualitarias, el acceso a techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, agua, cultura, información, medio ambiente y educación de calidad. Asimismo, aún después de la contra-reforma energética, el artículo 27 de la Constitución mantiene su concepto claramente anti-neoliberal de la propiedad privada al señalar que todas las tierras y aguas “corresponden originariamente a la Nación”. Este artículo también impone importantes límites a la acumulación de tierras y riquezas por unos cuantos. 

Las reformas peñistas todavía no han trastocado el espíritu profundamente social de la Constitución mexicana. Asimismo, se mantienen intactos grandes instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y toda la red de universidades, centros de salud y centros comunitarios públicos en el país. También siguen en la brega medios de comunicación independientes como laRevista Proceso, el diario La Jornada y los programas de radio y de televisión de valientes periodistas como Carmen Aristegui. No todos los países cuentan con aliados mediáticos tan importantes para el desarrollo de la conciencia ciudadana. Definitivamente, no todo está perdido. 

Sin embargo, si no surge pronto una reacción social coordinada y contundente a las contra-reformas peñistas, inevitablemente iremos perdiendo progresivamente las pocas instituciones y medios que todavía reflejan el sentir popular. En 2013 el ciclo histórico de subdesarrollo neoliberal llegó a su climax. 2014 podría ser el año en que se consolida la derrota de la izquierda o el momento en que se siembran las semillas para un nuevo amanecer. Todo dependerá de la acción ciudadana. 

El próximo 5 de febrero, en el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Peña Nieto encabezará una pomposa ceremonia, muy probablemente en Querétaro, con el fin de aparentar su supuesto compromiso con el espíritu de la Carta Magna. Escucharemos los mismos discursos vacíos y veremos las mismas sonrisas falsas de siempre. Todo será una gran cortina de humo para intentar tapar la inmundicia de la reforma energética. 

En contraste con esta escenografía hipócrita y artificial, el mismo 5 de febrero también se instalará en la Ciudad de México un nuevo “Congreso Popular” (véase:www.congresopopular.org) que busca dar cauce a la enorme indignación social, articular la esperanza ciudadana y hacer valer la soberanía popular plasmada en el artículo 39 de la Constitución. Urge generar nuevas formas para ejercer la protesta y exigir el respeto a nuestros derechos humanos y sociales. 

El poder político no reside en los jardines de Los Pinos o en las paredes del Palacio Nacional, sino en las mentes, los corazones y las acciones de todos y cada uno de los ciudadanos. La legitimidad de la clase política y de los gobernantes no surge espontáneamente de los cargos que ocupan o de los decorosos salarios que reciben, sino del reconocimiento por la sociedad de que tendrían el derecho a ejercer el poder en su nombre. 

La toma del poder por medio de las armas no es entonces la única forma para generar un contexto revolucionario. Puede lograr el mismo fin la construcción de nuevos y dinámicos espacios ciudadanos que fomentan el pensamiento crítico y retan directamente a la narrativa y la práctica de la dominación política . Al desenmascarar y desplazar las instituciones realmente existentes, este tipo de iniciativas puede tener grandes éxitos sin disparar una sola bala. 

El año pasado el Congreso de la Unión retornó a su antiguo estado de “levantadedos” con respecto a las iniciativas del Presidente de la República y de los presidentes de los partidos políticos. Se evidenció como una institución inútil para canalizar la voz y las causas populares. 

Frente a tal derrumbe de la institucionalidad democrática, urge generar nuevos espacios para la defensa de nuestra Constitución. El “Congreso Popular” es una de muchas iniciativas nuevas que tendrán que surgir desde la sociedad para abonar a la esperanza y ayudar a los ciudadanos a darse cuenta de su enorme poder y capacidad para influir en el devenir de la historia nacional. 

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

http://soberaniapopularmx.blogspot.mx/2014/01/congreso-popular-revista-proceso-26-de.html

Se duplican las quejas por reducción salarial.

El 70 por ciento de los trabajadores que piden asesoría es de la industria electrónica, el resto es del sector comercio, transformación, entre otros.

Tras entrar en vigor las nuevas disposiciones contenidas en la reforma fiscal, el número de quejas por parte de empleados se elevó al doble, informó el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en Jalisco.

Jorge Barajas Martínez, coordinador general del organismo, dijo que reciben un promedio de 100 quejas al mes, pero que durante enero ya suman cerca de 200. El 70 por ciento de los empleados que pide asesoría es de la industria electrónica, el resto corresponde a las áreas de educación, transformación, comercio, instituciones religiosas y de gobierno. El 80 por ciento del total son mujeres.

Entre las principales inquietudes de los trabajadores está el saber si la reducción efectiva a su salario corresponde legalmente a lo establecido en la reforma hacendaria, esto se deriva de que un alto porcentaje de empresas renovaron contrato a sus empleados con las modificaciones al salario.

“Antes las prestaciones eran libres de impuestos, por eso muchos teníamos fondo de ahorro, despensa, ayuda para transporte, ayuda para renta, medicinas y servicio médico privado. Incluso el patrón usaba estas prestaciones para deducir y eran libres de gravamen, pero ahora la mayoría de los empresarios, para evitar cargar estos impuestos, los cargaron a los empleados y al final esta carga fiscal se refleja en la reducción de los sueldos”.

Así, las empresas integraron las prestaciones al salario de los trabajadores, lo que en apariencia es más dinero que llega al bolsillo cada semana, quincena o mes, pero al final “si haces sumas y restas, lo que percibes es menos que antes porque ya no tienes prestaciones y, además, pagas impuestos por ingresos que antes no”.

En esta dinámica de ajustes salariales y cambios de contratos, dijo, pueden darse abusos  por parte de las empresas respecto a los contratos.

“A la mayoría les dieron contrato nuevo porque se modificaron los salarios y es ahí donde puede haber abusos, en la redacción del documento, porque está prohibido cambiar las condiciones laborales, como horario, puesto, funciones, y el salario cambia sólo respecto a que las prestaciones se integran de forma directa, ya son pagos directos, pero no, esto no debe reducir el salario, el cual debe quedar, por lo menos, como estaba ante el IMSS antes de la reforma”.

Hasta el momento es indefinido el número de empresas que trasladó la carga fiscal a sus empleados, no obstante, el organismo advierte que los empleados caminan sobre la cuerda floja ya esto sería un golpe directo a la economía de los trabajadores.

¿POR QUÉ NO ESTALLA UNA REVOLUCIÓN?

¿Te has preguntado alguna vez porqué nadie reacciona ante la infame oleada de opresión y abusos de todo tipo que estamos sufriendo?

¿No te produce perplejidad el hecho de que tras tantas y tantas revelaciones sobre casos de corrupción, injusticias, robos y burlas a la ley y a la población en general, a la cual se le ha robado literalmente el presente y el futuro, no suceda absolutamente nada?

¿Te has preguntado porqué no estalla una Revolución masiva y por qué todo el mundo parece estar dormido o hipnotizado?

Estos últimos años se han hecho públicas informaciones de todo tipo que deberían haber dañado la estructura del Sistema hasta sus mismísimos cimientos y sin embargo la maquinaria sigue intacta, sin ni tan solo un arañazo superficial.

Y esto pone de manifiesto un hecho extremadamente preocupante que está sucediendo justo ante nuestras narices y al que nadie parece prestarle atención.
El hecho de que SABER LA VERDAD YA NO IMPORTA

Parece increíble, pero los acontecimientos lo demuestran a diario.

La información ya no tiene relevancia
Desvelar los más oscuros secretos y sacarlos a la luz ya no produce ningún efecto, ninguna respuesta por parte de la población.
Por más terribles e impactantes que sean los secretos revelados.

Durante décadas hemos creído que los luchadores por la verdad, los informadores capaces de desvelar asuntos encubiertos o airear los trapos sucios, podían cambiar las cosas.
Que podían alterar el devenir de la historia.
De hecho, hemos crecido con el convencimiento de que conocer la verdadera crucial para crear un mundo mejor y más justo y que aquellos que luchaban por desvelarla eran el mayor enemigo de los poderosos y de los tiranos.

Y quizás durante un tiempo ha sido así.

Pero actualmente, la “evolución” de la sociedad y sobretodo de la psicología de las masas nos ha llevado a un nuevo estado de cosas.
Un estado mental de la población que no se habría atrevido a imaginar ni el más enajenado de los dictadores.
El sueño húmedo de todo tirano sobre la faz de la tierra: no tener que ocultar ni justificar nada ante su pueblo.
Poder mostrar públicamente toda su corrupción, maldad y prepotencia sin tener que preocuparse de que ello produzca ningún tipo de respuesta entre aquellos a los que oprime.

Ésta es la realidad del mundo en el que vivimos.
Y si crees que esto es una exageración, observa a tu alrededor.

El caso de España es palmario.
Un país inmerso en un estado de putrefacción generalizado, devorado hasta los huesos por los gusanos de la corrupción en todos los ámbitos: el judicial, el empresarial, el sindical y sobretodo el político.
Un estado de descomposición que ha rebosado todos los límites imaginables, hasta salpicar con su pestilencia a todos los partidos políticos de forma irreparable.

Y sin embargo, a pesar de hacerse públicos de forma continuada todos estos escándalos de corrupción política, los españoles siguen votando mayoritariamente a los mismos partidos, derivando, como mucho, algunos de sus votos a partidos subsidiarios que de ninguna manera representan una alternativa real.

Ahí está el alucinante caso de la Comunidad Valenciana, la región más representativa del saqueo desvergonzado perpetrado por el Partido Popular y donde, a pesar de todo, este partido de auténticos forajidos y bandoleros sigue ganando las elecciones con mayoría absoluta.

Una vergüenza inimaginable en cualquier nación mínimamente democrática.
Y desgraciadamente, el caso de Valencia es solo un ejemplo más del estado general del país: ahí tenemos el indignante caso de Andalucía dominada desde hace décadas por la otra gran mafia del estado, el PSOE, que junto con sus socios de los Sindicatos y el apoyo puntual de Izquierda Unida han robado a manos llenas durante años y años.
O el caso de Cataluña con Convergencia y Unió, un partido de elitistas ladrones de guante blanco, por poner otro ejemplo más.

Y es que podríamos seguir así por todas las comunidades autónomas o por el propio gobierno central, donde las dos grandes familias político-criminales del país, PP y PSOE, se han dedicado a saquear sin ningún tipo de recato.

Y a pesar de hacerse públicos todos estos casos de corrupción generalizada; a pesar de revelarse la implicación de las altas esferas financieras y empresariales, con la aquiescencia del poder judicial; a pesar de demostrarse por activa y por pasiva que la infección afecta al Sistema en su generalidad, en todos los ámbitos, imposibilitando la creación de un futuro sano para el país; a pesar de todo ello, la respuesta de la población ha sido…no hacer nada.

‘‘¡Tengan güevos!’’, demanda una mujer a las autodefensas.

Acordamos, pero del desarme nada, afirma Hipólito Mora.

Con una sonrisa de oreja a oreja, y en medio de apapachos a granel, el productor de limón Hipólito Mora, primero en levantarse en armas contra Los caballeros templarios, celebra el acuerdo.
–¿No que no iban a ser policías? –se le dice.
–Yo desde el principio dije que sí.
–¿Por qué aceptar? ¿Por qué un acuerdo en estos términos?
–Porque entre nosotros hay problemas. Es una manera de empezar a filtrar –dice sin dar más detalles.
Poco después, ya en el acto con las altas autoridades, el comandante de Buenavista conocido como El Cinco habla brevemente para sugerir a todos, gobierno y autodefensas, ‘‘vigilar a los mandos’’.
Asoman la cabeza los conflictos intercomunitarios, se diría.
–¿Y el desarme?
–No, de eso nada –remata el limonero Hipólito.
Desde el sonido, una mujer pide que se forme una valla para dar la bienvenida al comisionado federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y al (formalmente) gobernador Fausto Vallejo. Nadie se mueve de debajo de la generosa sombra de un huizache.
Llegan comisionado y gobernador. Reparten abrazos. El sitio de honor es para el funcionario federal (‘‘no me importa que digan que cedo soberanía’’, dirá, resignado, Vallejo).
Una joven mujer pide a gritos que los hombres ‘‘tengan güevos’’ y las mujeres ‘‘ovarios’’.
Mientras los funcionarios y los líderes se acomodan para los discursos y la firma del acuerdo, la mujer no para: ‘‘Vienen a firmar un convenio, ¿de qué? Si aquí no hay médicos, ni medicinas, ni educación. ¡Cobardes! ¡Criminales de cuello blanco! ¡Resuelvan los asesinatos de los jóvenes!’’
Unos le piden tímidamente silencio, pero otros dicen que tiene derecho a expresar su coraje. La mayoría, a juzgar por los ulteriores abucheos, comparte varias de las cosas que dice.

‘‘Ya no queremos más muertes ficticias’’

Castillo lleva la voz cantante. Da la palabra al gobernador, quien contesta con unas frases. Luego a María Elena Morera, que viene en calidad de ideóloga del gobierno, y se larga un discurso en defensa del mismo gobierno: ‘‘Tienen que volver a confiar en la autoridad’’, aconseja. La abuchean y le gritan ‘‘¡fuera!’’. Sin perder la sonrisa Colgate, endereza su discurso para la audiencia y dice que si el gobierno federal no cumple ella se sumará a las autodefensas.

Desde gayola un hombre grita: ‘‘Estamos así por gente como esta señora’’.
Castillo sugiere que hablen los líderes de las autodefensas, pero sólo nombra a uno: Martín (Barragán), de Tepalcatepec: ‘‘Queremos dar un voto de confianza a las autoridades’’.
Cumplida la cortesía, informa que ‘‘se nos propuso hacer una tregua, de no avanzar hasta que no nos legalicemos’’. Y se va de frente: ‘‘No queremos limpiar solamente los municipios donde estamos, sino todo el estado’’.
Los funcionarios no hacen gestos.
Barragán se despacha en grande: ‘‘Ya no queremos muertes ficticias’’, dice, en alusión a Nazario El Más Loco Moreno, dado de baja por Felipe Calderón y de alta por la voz popular.
El comisionado Castillo –aquí le recuerdan su papel en el caso Paulette– habla del largo distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil de la entidad. Afirma que esa distancia fue aprovechada por una ‘‘organización hegemónica’’ que se hizo cargo de tareas exclusivas del Estado y que, en consecuencia, ‘‘el Estado, el gobierno, perdió base social’’.
El hombre de las confianzas del presidente Enrique Peña Nieto es pródigo cuando elogia la valentía de las autodefensas, para enseguida afirmar que se requiere más valor ‘‘y altura de miras’’ para ‘‘institucionalizarse’’. Antes de dar lectura a los ocho puntos del acuerdo, el mexiquense destaca el ‘‘objetivo común’’ de ‘‘combatir frontalmente a la delincuencia organizada’’ y asegura que el gobierno y sus nuevos aliados deben dirigir sus baterías a la reconstrucción no sólo del tejido social, sino también ‘‘del ámbito institucional’’.
La nube de Vallejo y el futuro de los comunitarios

Toman la palabra, en cascada, líderes de las autodefensas y autoridades municipales.

Estalisnao Beltrán, Papá Pitufo, pide que se incluya en los acuerdos la indemnización a las familias de los policías comunitarios caídos.

Convierten a las autodefensas en cuerpos de defensa rurales... 8 puntos en el acuerdo.

El registro, hoy en Apatzingán; serán reguladas por la Sedena; podrán andar armadas en sus comunidades.

 

 

 

‘‘Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los cuerpos de defensa rurales’’, reza la primera frase del acuerdo que firman los gobiernos federal y estatal con los comunitarios. ‘‘Estos cuerpos serán temporales’’, se anota tres líneas abajo.

–¿Qué tan temporales?
–Pueden durar tres, cuatro, seis años –dice el general Daniel Velazco, comandante de la 12 Zona Militar, y agrega: ‘‘Tenemos rurales que llevan 20 años en los cuerpos’’.
Explica el militar que las autodefensas habrán de incorporarse a un cuerpo regulado por una dirección general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y también que en Apatzingán había, hasta hace unos años, mil 400 rurales registrados y que sólo quedaron 200 porque el resto se puso ‘‘al margen de la ley’’.
En una breve entrevista, el militar asegura que existen todas las condiciones para que las autodefensas acudan a Apatzingán a registrarse en los términos del acuerdo con el gobierno federal.
El registro, añade, puede comenzar este mismo martes, pues están por llegar los equipos para capturar las huellas digitales y tomar las fotografías de quienes decidan participar.
En caso de que requieran una entrada segura a Apatzingán, el Ejército se encargará de ello, aunque eso no implica una toma de la ciudad.
Según el general, incorporarse a las defensas rurales permitirá a las autodefensas ‘‘andar armados en sus comunidades’’. Fuera de ellas, asegura, las fuerzas castrenses podrían decomisar sus armas. Las defensas rurales, además, recibirán ‘‘adiestramiento una vez al mes’’.
–¿Cuáles son las armas que podrán registrar?
–Ahorita las que tengan. Se hará una excepción. Seguramente después, cuando las cosas estén más tranquilas, se les va a decir que sólo deben tener las armas permitidas por la ley.
La ‘‘excepción’’ tiene sus límites, según Velazco. ‘‘Ni Barret ni cosas así” (el Barret 50 es un fusil capaz de atravesar blindajes y derribar helicópteros).

Partes sustanciales del acuerdo:

‘‘1. Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables.

‘‘2. Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la policía municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del cabildo de su ayuntamiento.