El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T) demandó al Poder Judicial de la Federación emitir una sentencia con “celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad” en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas abusadas sexualmente por militares hace 12 años.
Al
confirmar el arranque del juicio penal en el ámbito civil contra cuatro
militares presuntamente responsables de violación sexual, tortura,
abuso de autoridad, entre otros delitos cometidos contra las indígenas,
la organización emplazó al Poder Judicial Federal a hacer valer el
reconocimiento que recientemente le hizo la ONU por su labor a favor de
los derechos humanos.
En un comunicado difundido en su página de
Internet, Tlachinollan consideró que “casos como los de ambas mujeres
ponen a prueba el reconocimiento que recientemente brindó el Sistema de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), pues éste debe refrendarse en la actuación
concreta que los juzgados federales conocen de casos emblemáticos como
los de Inés y Valentina”.
El CDHM-T consideró “un triunfo
emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y
adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia”, al recordar que
fue la búsqueda de justicia emprendida por Valentina e Inés desde 2002,
cuando fueron violentadas, la que las llevó a recurrir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que obligó a
Estado mexicano a reencauzar las investigaciones que estaban cerradas y
en poder de la Procuraduría General de Justicia Militar.
Como
resultado de la sentencia internacional, emitida en 2010, recordó la
organización, “tras un largo proceso” los expedientes en manos del fuero
militar fueron enviados en 2011 a la Fiscalía Especializada en
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la
Procuraduría General de la República (PGR).
