miércoles, 20 de noviembre de 2013
“No a la privatización del petróleo”, dice manta en acto militar del Zócalo.
Durante el acto militar que se desarrolla
este miércoles en el Zócalo capitalino, el cual fue encabezado por el
presidente Enrique Peña Nieto, se desplegó una manta en uno de los
hoteles de la Plaza, en la que se lee: "No a la privatización del
petróleo", en referencia a la reforma energética que ha promovido el
gobierno federal, la cual será discutida próximamente en el Congreso.
La desigualdad, reclamo de la Revolución, sigue vigente.
El historiador consideró
que en la actualidad hay "estructuras oligárquicas como en 1910", por lo
que el reclamo de desigualdad aún tiene vida.
En Noticias MVS, primera emisión, comentó que actualmente hay una sociedad dividida, en la que unos pocos concentran la riqueza.
“En la Revolución hay un elemento subversivo que aún tiene vida“, agregó.
Dijo que se ha buscado que se olvide ese reclamo, que quede como algo
superado, lo cual no ha ocurrido; “tiene mucho qué ver en la medida que
las estructuras son tan oligárquicas como en 1910″.
“El reclamo sigue siendo la desigualdad y sus efectos”, agregó.
RECUERDA BIEN ESTA PALABRA: “FRACKING”.
“Fracking” es una palabra poco conocida hasta ahora para los mexicanos. Pero para ciudadanos de 17 países resulta más común.
El término está asociado al gas shale que se encuentra atrapado en los sedimentos de esquisto. Su extracción se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o “fracking”, que empezó en Estados Unidos en la década pasada y que años después ha ocasionado que miles de familias se encuentren atrapadas en medio de agua potable y aire contaminados. Las pérdidas para los ciudadanos, sólo en ese país, se calcula en miles de millones. Pero las poderosas petroleras no han pagado ni un centavo.
La explotación del gas shale es uno de los puntos centrales de la Reforma Energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo ha mencionado el empresario Pedro Aspe Armella –considerado autor del borrador de iniciativa– en discursos públicos; también el titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Aún antes de ser aprobada, un movimiento en contra “fracking” ha iniciado en México pero todavía es mínimo.
La técnica parte de la perforación de un pozo vertical que, una vez alcanzada la profundidad deseada, da paso a una perforación horizontal que puede extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. Esta perforación se repite en diferentes direcciones, partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial. Una vez hechas las perforaciones, y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario fracturar con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que liberan el gas. Pero el flujo disminuye muy pronto y para mantener la producción, es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo. Un mismo pozo puede ser fracturado hasta 18 veces.
"Populismo anti-revolucionario".
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El Buen Fin no busca ayudar a la economía popular sino facilitarles
ganancias a las empresas monopólicas. Por ejemplo, muchos
establecimientos prefieren ofrecer pagos “a plazos” en lugar de
descuentos reales. Así, las grandes empresas pueden deshacerse más
fácilmente de los inventarios acumulados a lo largo de este año de
franco estancamiento económico. Y cuando sí se ofrecen descuentos
reales, normalmente estos apenas emparejan los precios nacionales con lo
que se cobra por exactamente los mismos productos en los Estados
Unidos. Para realmente beneficiar al pueblo las ofertas tendrían que
ser permanentes en lugar de temporales y al gusto de los oligarcas.
El Buen Fin también fomenta peligrosas prácticas de endeudamiento
personal al estimular la utilización de las tarjetas de crédito. Y con
el sorteo en el que la Secretaría de Hacienda “reembolsará” una pequeña
cantidad a algunos tarjetahabientes el gobierno federal convierte la
irresponsabilidad ciudadana en política pública. Asimismo, las
ganancias para los bancos por concepto de intereses, cobros y comisiones
en tarjetas de crédito durante los próximos meses constituirán una
enorme recompensa para la oligarquía por su “generosa” participación en
el programa. La casa nunca pierde.
"Decepcionante" asistencia de los consumidores a negocios en El Buen Fin.
La asistencia de consumidores a los negocios participantes en El Buen Fin resultó
decepcionantepese a las atractivas condiciones de pago, y significaría un indicador más de la débil actividad económica, consideró este martes la firma de asesoría UBS México.
La compañía consultora realizó monitoreos de la actividad en tiendas
de autoservicio y departamentales, de las estrategias de precios de los
proveedores, así como de la percepción en el tránsito de consumidores
dentro de los negocios.
Sin embargo, UBS México
no vio las grandes multitudesdentro de las tiendas, en comparación con las dos ediciones anteriores de El Buen Fin, a pesar de que se ofrecían facilidades de pagos, como las compras a 18 y 24 meses, y descuentos de entre 10 y 50 por ciento.
La firma realizó una encuesta de precios en las semanas previas a El
Buen Fin, mediante la cual halló un incremento de 1.2 por ciento en los
productos en comparación con octubre pasado, y de 2.1 por ciento si se
compara con noviembre de 2012.
Matan sicarios al encargado del orden en Tancítaro, Michoacán.
Un comando armado asesinó ayer a José Guadalupe
Carlón Tapia, encargado del orden en la comunidad de Zihuatzio,
municipio de Tancítaro, Michoacán, donde desde el sábado grupos de
autodefensa de Tepalcatepec y Buenavista mantienen el control de la
cabecera y asumieron la seguridad después de desarmar a la policía
local.
Desde el sábado pasado, el alcalde panista Salvador Torres Mora
estuvo ausente y apenas este martes regresó al ayuntamiento, donde
aseguró que su obligación es respaldar a los pobladores de Tancítaro,
cuya mayoría, dijo, optó por sumarse al movimiento de los grupos de
autodefensa.La Procuraduría General de Justicia del estado reportó que al mediodía del martes un comando armado con rifles Ak-47 abrió fuego contra la vivienda de Carlón Tapia, ubicada en la comunidad de Zirimbo, a 6 kilómetros de la cabecera municipal de Tancítaro, localidad situada entre Uruapan y la región de Tierra Caliente.
Carlón Tapia intentó salvar la vida echando a correr por un costado de la casa, pero fue alcanzado por las balas. Los agresores huyeron en una camioneta. Peritos de la procuraduría recogieron 68 cartuchos percutidos.
Crimen tiene control de 65 de 101 cárceles mexicanas: CNDH.
Existe un "autogobierno"
en la mayoría de los centros penitenciarios. Revisa íntegro el
Diagnóstico Nacional elaborado por la comisión de Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) alertó que los centros penitenciarios enfrentan
una “condición crítica”, por lo que es necesario que se destinen más
recursos para lograr condiciones dignas y seguras en esos
espacios; precisó que en 65 de 101 centros penitenciarios visitados se constató que persiste la práctica del autogobierno, 4.3 por ciento más respecto de la muestra realizada en 2011.
Raúl Plascencia Villanueva, presidente del organismo, subrayó que el
aumento de hechos violentos en los centros de reclusión da cuenta de la
falta de control y de las ineficientes condiciones de estancia.
Durante la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 elaborado por la CNDH,
indicó que durante 2011 se registraron 52 incidentes en los centros
penitenciarios del país en los que murieron 171 personas y seis
resultaron lesionadas.
El año pasado, añadió, hubo 73 hechos violentos en los que fallecieron 154 personas, 103 resultaron heridas y 261 reos escaparon.
Adelantó que del 1 de enero al 14 de octubre de 2013 se tiene un
registro de 119 incidentes en esos lugares, con un saldo de 109
fallecidos, 224 heridos y 67 fugados.
“Resulta preocupante que en 87 centros de reinserción social carecen de personal de seguridad y custodia suficiente, que en 71 no cuenten con procedimientos para el funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario”, señaló.
Niegan senadores haberse reunido con el grupo Caballeros templarios.
El presidente de la mesa directiva del Senado,
Raúl Cervantes, rechazó ayer que integrantes de esta Cámara se hayan
reunido con el grupo delictivo de los Caballeros templarios.
Los señalamientos del priísta se registraron luego que por la mañana
se dieron a conocer declaraciones de la senadora Luisa María Calderón
(PAN), hermana del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, en las que
afirmó que integrantes de la Comisión de Seguridad y legisladores de
Michoacán se reunieron con una representación de ese cártel.
Según los dichos de la panista, reproducidos por una estación radial
de aquella entidad, ‘‘alguien’’ metió al Congreso a los miembros del
grupo delictivo, pero cuando los senadores escucharon sus nombres, no
los volvieron a atender.
‘‘Pero si el otro día recibimos a los templarios en el
Senado, no veo por qué no reunirnos con sus oponentes, que piden a
gritos respeto por la vida’’, destacó la legisladora en sus
declaraciones también retomadas por una agencia de noticias de su
estado.
En tanto, el ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy demandó a la
administración federal revisar la estrategia para combatir el crimen
organizado en la entidad, y también se manifestó por ‘‘una ofensiva
social’’.
Aumentan penas contra quien agreda policías en el DF.
Con una votación de 38 a
favor, 6 en contra y 1 abstención, la Asamblea Legislativa aprobó que se
apliquen sanciones de seis a ocho años de prisión, a todos aquellos que
durante una manifestación agredan o provoquen lesiones que pongan en
riesgo la vida de los uniformados.
La Asamblea Legislativa
avaló el martes que se aumenten hasta en 50 por ciento las penas de los
delitos de lesiones dolosas y homicidio contra policías que vigilan mítines, manifestaciones o actos públicos de esparcimiento, deportivos o recreación.
Según los cambios al Código Penal para el Distrito Federal, las penas
contempladas para actos ilícitos como robo y daños a la propiedad,
aumentarán a la mitad cuando los cometan manifestantes que participen en algún mitin, manifestación, plantón, marcha o actos públicos.
Actualmente, el Código Penal señala que se impondrán de ocho a 20 años de prisión a quien “prive de la vida a otro”, por lo que el manifestante que asesine a un policía que vigile una concentración pública recibirá hasta 30 años de cárcel.
También están vigentes las sanciones de hasta ocho años de prisión a
quien provoque lesiones que pongan en riesgo la vida de alguien, por lo
que el participante en alguna concentración pública que agreda a un
elemento policial podría recibir hasta 12 años de cárcel.
Además, el Código Penal impone de tres meses a un año de prisión o de
30 días a 90 días de multa a quien “se apodere de una cosa ajena sin
consentimiento del dueño o legítimo poseedor”, y con esta reforma la
sanción será de hasta 18 meses de cárcel a quien cometa ese acto ilícito
al amparo de cualquier concentración.
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