Campesinas y campesinos de las comunidades de Valladolid, Xoy, Hunucmá, Peto, Ticul, Maní, Tipikal, Yokdzonot, Tzucacab, Dzemucut, Chablekal, Tixpehual, Tekit, Mayapán y Mama, Yucatán, y de Hopelchén Campeche y Cancún y Chunhuhub, Quintana Roo, así como representantes de organizaciones de derechos humanos, reunidos en la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka´an de Maní, el día 9 de agosto de 2014, con motivo del Día de los Campesinos y las Campesinas, hemos decidido realizar la siguiente
DECLARACIÓN:
1. Rechazamos la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión promulgada el 20 de diciembre de 2013. Consideramos que carece de legitimidad, por no haber sido resultado de un proceso en el que se considerara la opinión, las realidades y los derechos de los pueblos, además que profundizará las inequidades en el campo. Esto alentará la especulación, el despojo de tierras, el acaparamiento del territorio en pocas manos y el impulso de proyectos incompatibles con el medio ambiente. Afectará la integridad cultural de los pueblos y propiciará la privatización de bienes naturales que son de toda la sociedad. Alertamos sobre la reforma del campo anunciada por el gobierno federal y repudiamos cualquier intento por terminar de despojar a los pueblos y comunidades de sus territorios.
2. Denunciamos que la política del campo impulsada por el gobierno, ha pervertido el sentido original del reparto agrario, generando corrupción en las autoridades ejidales y propiciando un proceso de división entre nuestros pueblos con el objetivo de convertir la tierra y el territorio, elementos esenciales de las y los campesinos y de los pueblos, en meros productos mercantiles.
3. Demandamos la realización de consultas previas e informadas para cualquier cambio de leyes o implementación de proyectos que afecten al campo mexicano. Las consultas deberán realizarse según los estándares que exige la normatividad internacional en la materia.
4. Exigimos a las distintas instancias de gobierno, a nivel estatal y federal, que informen previamente, de manera clara y transparente, sobre los efectos dañinos en la alimentación, la salud y el medioambiente que producen los agroquímicos que han sido autorizados para la siembra de distintos productos y se declare la península como territorio libre de agroquímicos.
5. Exigimos la defensa y el respeto de nuestros montes y nuestros productos agrícolas tradicionales: el maíz criollo, la miel, el frijol, la calabaza, el chile y en general todo producto derivado de la milpa tradicional. Denunciamos el condicionamiento de los programas sociales a la siembra de determinadas semillas que no son compatibles con nuestra cultura y rechazamos de manera terminante la siembra de transgénicos y el impulso a la práctica de monocultivos de cualquier tipo, dado que empobrecen la tierra y la hacen estéril a largo plazo. Exigimos a los gobernadores de los tres estados de la península acatar las disposiciones judiciales en materia de suspensión de siembra experimental de semillas transgénicas y no ceder a intereses de grupos de poder económico.
6. Manifestamos la necesidad de impulsar políticas para el campo que respeten los derechos, la realidad cultural y la autodeterminación de los pueblos, que busquen la soberanía alimentaria a partir de la decidida promoción de una agricultura orgánica, compatible con el medioambiente y la salud de los campesinos y las campesinas. Exigimos que los apoyos y recursos destinados al campo sean entregados y administrados por los mismos productores y productoras y no se destinen a favorecer los agronegocios de las grandes empresas.
7. Exigimos la no discriminación y el respeto a las campesinas y campesinos de la tercera edad, quienes poseen mucha sabiduría para ofrecer y, sin embargo, son tratados con menosprecio, vulnerando sus derechos, situación que se agrava si no dominan el español, principalmente en instituciones gubernamentales como el IMSS, ISSSTE, etc.
¡Vida digna para los campesinos y campesinas de la Península
y para nuestra Madre Tierra!
