Según la Procuraduría del DF, el hecho de que la Comisión de DH del DF señale nombres de agentes involucrados en torturas, no significa que sean responsables.
Entre los años 2002 y 2011, la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal identificó al menos a 18 elementos de la Procuraduría
de Justicia capitalina que incurrieron en torturas contra personas detenidas, de los cuales, hasta la fecha, sólo uno ha sido separado de su cargo –aunque no sancionado penalmente–, mientras que el resto continúan activos en las filas de la corporación.
Tal como informó la Subrpocuraduría Jurídica de la PGJDF, contra
nueve de estos agentes se inició averiguación previa desde el año 2002,
luego de que la CDHDF confirmara que torturaron a dos jóvenes detenidos
por robo; sin embargo, once años después, la indagatoria penal contra estos agentes sigue en fase de integración y, por lo tanto, contra ninguno de ellos se han fincado cargos de manera formal.
Otros cuatro elementos, además, están involucrados en la tortura y violación sexual de un joven detenido en 2006,
contra los cuales, informó la Procuraduría capitalina, se mantiene
hasta la fecha una averiguación penal, aunque sin resultados concretos,
mientras que, se subrayó, de forma paralela se inició un expediente ante
el Consejo de Honor y Justicia de la PGJDF, el cual determinó sancionar
a dos de los acusados, aunque dicha sanción consistió únicamente en
suspenderlos por 30 días, luego de lo cual volvieron a sus funciones.
Los últimos cinco agentes señalados como torturadores por el
ombudsman capitalino fueron denunciados desde 2011, luego de que la
CDHDF confirmara que extrajeron confesiones incriminatorias a dos
detenidos, mediante tormentos tales como asfixia por sumersión en agua,
golpes en todo el cuerpo y amenazas.
Tal como en los casos anteriores, la Procuraduría cumplió con el
trámite de dar por iniciada una investigación penal, aunque hasta la
fecha no se han formulado acusaciones contra ninguno de los implicados,
así como otra administrativa, tras la cual se decidió que uno de los
acusados debía ser despedido, mientras que los otros cuatro fueron
liberados de toda responsabilidad.