TORTURADOS, PRESOS Y PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN PUEBLA
PARA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS Y EL CESE A LA REPRESIÓN SOCIAL
Durante los casi cuatro años del gobierno de Rafael Moreno Valle han sido detenidos decenas y decenas de ciudadanos por llevar a cabo protestas ante situaciones de injusticia social. Hasta noviembre de 2014 habían sido consignados en las cárceles de la entidad al menos 40 hombres y mujeres por diferentes delitos; una veintena se encontraban en libertad condicional y existía otro número similar de órdenes de aprehensión. La inmensa mayoría son personas humildes que se han resistido a la imposición de proyectos gubernamentales no aceptados por sus comunidades, pero hay también profesionistas y luchadores sociales.
En muchas partes de nuestro país, cada vez más por desgracia, están ocurriendo actos violentos fuera de toda legalidad, plagados de inimaginables horrores, que son realizados, amparados o tolerados por instituciones del Estado. Los más recientes y lamentable hechos ocurrieron en Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero, pero también en Chalchihuapan, Puebla. En todos estos casos fueron dependencias gubernamentales las culpables de crueles homicidios, detenciones o desapariciones forzadas. Toda esta violencia y descomposición social tiene como vehículo la corrupción y la impunidad, y ambas lacras sociales habían sido vistas hasta ahora de manera pasiva por la mayor parte de la ciudadanía. Sin embargo, ante los agraviantes hechos, esto está cambiando vertiginosamente y nosotros queremos formar parte de este cambio, por ello ofrecemos la presente iniciativa.
Sin temor a equivocarnos, en todos los casos el gobierno poblano ha actuado contraviniendo los recursos jurídicos a que tiene derecho cualquier ciudadano. Cuando se ha determinado que es posible que algún detenido obtengan la libertad bajo fianza, estas se han fijado hasta en medio millón de pesos, lo que mantiene a muchos detenidos tras las rejas por ser personas de muy escasos recursos.
Las detenciones se han llevado a cabo al azar durante las movilizaciones de protesta, aprehendiendo muchas veces a gente que nada tenía que ver con ellas; y las acusaciones contra ellos resultarían risibles si no hubiesen llevado a muchas personas a la privación de su libertad. A la señora Enedina Rosas, de 55 años, comisariada ejidal de la región de Atlixco, la detuvieron el 6 de abril y hoy la mantienen en arraigo domiciliario por la enfermedad que padece, y los cargos que le imputan son haberle quitado los celulares a dos empleados de seguridad de la empresa que construye el gasoducto que circunda el Popocatépetl; perseguidos o detenidos como Abraham Cordero, Avelino Velázquez o Juan Carlos Flores son acusados por episodios que no ocurrieron o en los que no estaban presentes.
No sólo hay mucha gente en las cárceles, en condiciones inaceptables, también ha habido muertos por las operaciones represivas. Un hombre de 90 años de nombre Delfino Flores Melga, viejo luchador por las causas sociales detenido por apoyar una lucha campesina, murió en una sórdida cárcel poblana porque los jueces le negaron el derecho de llevar el proceso en su hogar, como establece la ley por tener más de 70 años. El niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo fue la víctima mortal de un proyectil lanzado por la policía del estado cuando los uniformados reprimían una protesta en el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan. Antonio Esteban Cruz, luchador campesino contra las hidroeléctricas, fue arteramente asesinado en Cuetzalan; y está incluso el caso del crimen del exrector de la Universidad Autónoma de Puebla, Samuel Malpica Uribe, cuyo asesinato estuvo revestido de utilización política por el gobierno morenovallista y su esclarecimiento está pendiente.
La intención del gobernador Rafael Moreno Valle por suprimir la disidencia con mecanismos como la represión y la instauración del miedo, se expresa en la existencia de la popularmente conocida como Ley Bala, que a pesar de que este mandatario ofreció abrogar en un momento álgido de la protesta social luego de los hechos de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio, no ha ocurrido ni hay indicios de que ocurrirá.
