La corrupción fue una denuncia que dentro del Partido Acción
Nacional (PAN) se destinó este año lo mismo a calderonistas que maderistas. Uno
de los hombres más cercanos al actual dirigente del PAN, Gustavo Madero Muñoz,
fue acusado en noviembre de pedir comisiones, o mochadas, a cambio de aprobar
recursos para municipios.
Se trataba del Coordinador de los diputados federales
panistas, Luis Alberto Villarreal García. Tampoco se salvó el ex Secretario de
Hacienda durante el gobierno calderonista, Ernesto Cordero Arroyo, acusado de
formar parte de una red que gestionaba recursos presupuestales a cambio de comisiones,
cuando el ahora Senador formaba parte del gobierno federal.
Para el ex Senador panista Juan José Rodríguez Prats, 2013
fue un año positivo para el PAN ya que gracias a las bases partidistas hubo
resultados electorales positivos en la jornada del 7 de julio, donde el triunfo
más destacado del PAN fue por la gubernatura de Baja California, la cual tiene
desde 1989.
Pero lo más negativo fueron los escándalos de corrupción.
“Lo negativo son los escándalos de corrupción. El PAN sigue teniendo ese estigma,
pues ofreció que iba a gobernar de manera distinta e hizo propio el discurso en
contra de la corrupción, pero desafortunadamente ni en dos sexenios ni en la
actualidad lo cumplió.
Lo que pasó en la Cámara de Diputados es una muestra y las
conductas han sido solapadas por el Comité Ejecutivo Nacional”, lamenta.
ESCANDALOSOS
Pero los casos de Villarreal García y Cordero Arroyo no han
sido los únicos. Uno de los interesados en suceder a Gustavo Madero al frente
de la dirigencia del PAN es el ex Gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva
Ramírez, quien también enfrenta acusaciones por parte del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) guanajuatense por peculado –uso ilícito de
recursos públicos–, precisamente cuando fue mandatario estatal.
Otros gobernadores también enfrentan acusaciones e incluso
algunos ya tienen sanciones. En este último caso está el ex Gobernador panista
de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, quien tiene una sanción
económica, que ya impugnó a través de la Contraloría estatal, por siete mil 791
millones de pesos, y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 20
años.