La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el debate para analizar la constitucionalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, norma que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal en la materia y hasta por el propio Congreso estatal.
En el primer día de análisis, el ministro ponente del caso, Alberto Pérez Dayán, presentó la primera parte de su proyecto de resolución en el que se plantea invalidar una porción del artículo 40 de la norma referente a que la fuerza pública se puede utilizar como primera opción para atender contingencias del estado.
Su propuesta también señala que el artículo 14 de la norma referente al uso de armas para disolver una manifestación es constitucional, siempre y cuando se ajuste a la normas que impone la Carta Magna en materia de respeto a los derechos humanos, a que exista un riesgo para la vida o bienes de terceras personas y a que no se haga un uso indiscriminado de ese mismo armamento.
Sin embargo, el primer día de debate no se centró en estos puntos que serán tema de discusión en las próximas sesiones, sino en la legitimidad del Congreso del Estado de México para impugnar con una acción de inconstitucionalidad una ley que ellos mismos aprobaron.
El ministro Pérez Dayán recordó que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México, conocida también como Ley Atenco o Ley Eruviel, fue aprobada por el 68 por ciento de los diputados locales mexiquenses, por lo que solicitó declararla improcedente y desecharla sin revisar los argumentos de la misma.
Consideró que no tiene sentido que los legisladores locales sometan a consulta de la Suprema Corte la constitucionalidad de una norma que ellos mismos pueden modificar haciendo uso de la mayoría legislativa que tiene ese 68 por ciento en el Congreso estatal.
Incluso, consideró que si la Corte legitimará la impugnación del Congreso mexiquense, el Pleno del Máximo Tribunal estaría actuando como un legislador positivo, es decir, que ejercería una labor similar a la de un diputado local al validarlo que a su juicio, representa una simple consulta del Poder Legislativo del Estado de México.
