En tiempos en que el Ejército Mexicano se desgasta en la inútil guerra emprendida contra los cárteles de la droga y sigue cayendo en el desprestigio, tanto en el país como en el extranjero, por sus constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa concibieron ya un nuevo plan para darle mayor poderío a las Fuerzas Armadas. Básicamente, esta iniciativa consiste en duplicar el presupuesto al sector, pero manteniéndolo alejado del escrutinio público y de la justicia civil.
El
presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda,
quieren duplicar los recursos para el Ejército, incrementar sus
efectivos, aumentar su presencia en labores policiacas y darle un marco
jurídico que le permita regularizar su lucha en las calles contra el
crimen organizado.
Sin embargo, los principales
responsables de la seguridad en el país no están dispuestos a acotar el
fuero de guerra ni a que las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante el
Congreso.
El Ejército lo quiere todo, menos adecuarse a un control
civil. Ésa será la tendencia del sexenio de Peña Nieto, según se
desprende de sus nuevos objetivos declarados.
La duplicación de
recursos está por verse: El presidente busca un Ejército más fuerte y
protegido y está dispuesto a concederle más espacios; incluso, permitir
que participe en operaciones internacionales de pacificación. No
obstante, el aumento presupuestario requerido es altísimo. De
concretarse, la Sedena recibiría uno por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) al finalizar el sexenio.
Por lo pronto, el mandatario
mantendrá al Ejército en actividades de seguridad pública. Además, ya le
abrió la puerta para que “gestione” que la Dirección General de
Aeronáutica Civil –que depende de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes– sea evaluada… por la Sedena.
