La ley de hidrocarburos provocará
que millones de hectáreas que ahora son de agricultura o reservas ecológicas se
conviertan en tierras muertas, debido a la explotación en calidad de
préstamo que efectuarán trasnacionales dedicadas a energía y minería.
El coordinador general del
Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera, aseguró que si el
procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, asegura que las
leyes sobre hidrocarburos aprobadas en el Senado no provocarán “expropiaciones de
facto de tierra ejidal ni comunal para entregarla a inversionistas privados
nacionales o extranjeros”, se debe a que a las empresas petroleras no desean
comprar las tierras, porque podrán hacerse de ellas por el esquema de adopción
del dominio pleno.
A la industria extranjera tampoco
le interesa la expropiación que implica el convenio de ocupación previa y el
pago de indemnizaciones, ya que se les provee de la figura de contratos de
ocupación, que al realizarse por negociación directa, resulta conculcatorio del
derecho de asesoría, dijo.
Apuntó que, según Laynez, no es
interés de las trasnacionales, después de conseguir un permiso de exploración,
explotación y extracción de hidrocarburos, comprar la tierra superficial, lo
que es lógico porque después de 30 o 40 años de explotación (...) no
sabrán qué hacer con las tierras muertas.
Eso es, dijo, porque serán
tierras inservibles para actividades productivas y, sin duda, no volverán a
servir para sembrar productos alimenticios.
¿Qué patrimonio quedará a los
dueños de la tierra cuando ya no haya riqueza petrolera en el subsuelo y la
contaminación y destrucción de la superficie sea evidente y no rentable?,
cuestionó.
Expuso que la visión de
estos funcionarios no contempla el aprovechamiento de la riqueza natural para
el desarrollo de las regiones; pareciera que sólo les importan las migajas en
forma de prebendas que les tirarán al suelo las empresas trasnacionales si
logran aprobar las leyes reglamentarias que sólo favorecen a los supuestos
inversionistas.
