Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad presentaron al Congreso local una iniciativa de resolución “urgente” –para aprobarse antes del sábado 17–, con el fin de obtener una pensión de 90 mil pesos vitalicia y heredable a sus esposas o hijos cuando ellos fallezcan.
La propuesta, programada para dictaminarse en la sesión de este miércoles 14, generó polémica tanto en el gremio de magistrados como entre legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias.
La iniciativa, firmada por los 18 magistrados, fue votada en contra por la magistrada Bertha Leticia Rendón Montealegre, con el siguiente argumento:
“Adicionalmente de lo que la norma jurídica dispone, dentro del universo de servidores públicos, quienes administramos la justicia tenemos que ser los más sensibles al padecer humano. Tenemos la delicadísima tarea de calificar la conducta de otros y tenemos que ser el ejemplo. La pensión, jubilación o como quiera llamársele, que se asigne a quienes prestaron sus servicios en el Poder Judicial y terminaron una etapa, debe de ser acorde a las circunstancias económicas”.
En el artículo 26-D, de la iniciativa enviada por la presidenta del Tribunal, Nadia Luz María Lara Chávez, se señala: “En caso de fallecimiento del magistrado durante el ejercicio del cargo o que esté dentro de la hipótesis del retiro forzoso o voluntario, su cónyuge o concubina y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente del 75% de la remuneración mensual que debía corresponder al propio magistrado.
“El cónyuge o concubina dejarán de tener derecho si contraen matrimonio y los hijos al cumplir la mayoría de edad, salvo que se encuentren incapacitados y en caso de estar estudiando, hasta que cumplan 25 años. En caso de que uno de los beneficiarios deje de tener derecho, los restantes beneficiarios acrecentarán su derecho de manera proporcional”.
En entrevista, la magistrada Rendón Montealegre considera que también debe valorarse la pertinencia de disminuir el importe del sueldo para destinarlo a cuestiones más ingentes relacionadas con la administración de justicia: “ahora son 90 mil pesos mensuales y las prestaciones son las mismas que el resto de los servidores públicos”.