Corte inicia debate de la "Ley Atenco"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el debate para analizar la constitucionalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, norma que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal en la materia y hasta por el propio Congreso estatal.

En el primer día de análisis, el ministro ponente del caso, Alberto Pérez Dayán, presentó la primera parte de su proyecto de resolución en el que se plantea invalidar una porción del artículo 40 de la norma referente a que la fuerza pública se puede utilizar como primera opción para atender contingencias del estado.

Su propuesta también señala que el artículo 14 de la norma referente al uso de armas para disolver una manifestación es constitucional, siempre y cuando se ajuste a la normas que impone la Carta Magna en materia de respeto a los derechos humanos, a que exista un riesgo para la vida o bienes de terceras personas y a que no se haga un uso indiscriminado de ese mismo armamento.

Sin embargo, el primer día de debate no se centró en estos puntos que serán tema de discusión en las próximas sesiones, sino en la legitimidad del Congreso del Estado de México para impugnar con una acción de inconstitucionalidad una ley que ellos mismos aprobaron.

El ministro Pérez Dayán recordó que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México, conocida también como Ley Atenco o Ley Eruviel, fue aprobada por el 68 por ciento de los diputados locales mexiquenses, por lo que solicitó declararla improcedente y desecharla sin revisar los argumentos de la misma.

Consideró que no tiene sentido que los legisladores locales sometan a consulta de la Suprema Corte la constitucionalidad de una norma que ellos mismos pueden modificar haciendo uso de la mayoría legislativa que tiene ese 68 por ciento en el Congreso estatal.

Incluso, consideró que si la Corte legitimará la impugnación del Congreso mexiquense, el Pleno del Máximo Tribunal estaría actuando como un legislador positivo, es decir, que ejercería una labor similar a la de un diputado local al validarlo que a su juicio, representa una simple consulta del Poder Legislativo del Estado de México.

Otro centavito de descuento a la gasolina

Si partimos de que México es el cuarto consumidor de gasolina en el mundo, y que tiene importantes reservas de petróleo, aunque Peña Nieto ya dio por muerta a la gallina de los huevos de oro, es difícil comprender que la producción de Pemex vaya en picada y, en cambio, aumenten las importaciones… a menos que el fenómeno se analice desde el punto de vista del jugoso negocio que están haciendo empresarios y políticos.

Por ahí algunos están haciendo millones gracias al acuerdo del PRI, el PAN y el PRD. Como se aprecia en la gráfica, el comercio de energía con Estados Unidos ha cambiado significativamente en los años recientes.

En 2016 la producción de gasolinas cayó en 325 mil barriles diarios, frente a un crecimiento de las importaciones, ya que fueron adquiridos a refinerías estadunidenses 504 mil barriles diarios, según datos del sistema de información de la Secretaría de Energía.

¡Imaginen la magnitud de las ganancias!

Y si no fuera suficiente, ahora el gobierno está entregando el mercado interno a empresarios que venden combustibles con sus propias marcas, lo que llevará a la muerte a la marca Pemex, sin que reciba ninguna compensación.

Daño al erario por más de 31 mil millones de pesos, solo en 2015

La Auditoría Superior de la Federación detectó observaciones o posible daño al erario por aproximadamente 165 mil millones de pesos en el gasto del gobierno federal, estados y municipios.

De ellos, 100 mil millones de pesos corresponden al gasto del Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos y 65 mil millones de pesos en el gasto federalizado que utilizaron los estados.

De la primera cifra referida, el auditor informó que el organismo realizó observaciones por 65 mil 194 millones de pesos a estados y la Ciudad de México, de los cuales 33 mil 449 millones de pesos corresponden a subejercicios del gasto y 31 mil 745 millones de pesos a violaciones normativas en las que se presume un posible daño al erario.

En suma, desde 2011, los gobiernos locales acumulan 216 mil 456 millones de pesos pendientes por solventar, señaló el informe de resultados de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”, reconoció este miércoles el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez.

Un partido verde no tan verde!!!

Resulta paradójico que precisamente un partido que lleva en su nombre el tema ambiental, el Partido Verde, esté empeñado en imponer precipitadamente y sin mayor análisis una nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable que de aprobarse como proponen sus diputados, contribuirá al proceso de deterioro de los bosques y selvas de nuestro país y perjudicará a las comunidades que habitan en esos territorios.

El manejo de los territorios forestales por parte de las comunidades, cuando se hace de manera sustentable, es una de las estrategias más efectivas para mantener a los bosques sanos y garantizar su conservación, además de constituir una oportunidad muy valiosa, única, para el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Pero el manejo forestal sustentable y las empresas forestales comunitarias requieren un marco legal que establezca condiciones para su desarrollo y competitividad. El marco legal actual bloquea a las empresas forestales comunitarias, conculca derechos de las comunidades a decidir sobre su territorio, establece trabas y barreras contraproducentes, erosiona la gobernanza, criminaliza a los productores legales y en los hechos favorece la ilegalidad y el cambio de uso de suelo forestal, provocando que el bosque se derribe y la tierra se dedique a otras actividades. Eso ha ocurrido durante décadas y hasta la fecha se siguen perdiendo cientos de miles de hectáreas de bosque en nuestro país, precisamente por estos motivos.

Pesado, el pago de intereses de la deuda

Imagine a la UNAM con el triple del presupuesto que tiene hoy, con profesores e investigadores de primer mundo y con un número de estudiantes rechazados sustancialmente menor al actual. Y al Poli con aulas digitales y equipo de investigación de lo más moderno, y una réplica en Monterrey o Tijuana, la Ciudad Politécnica del Norte. Y becas de Conacyt generosas para que nuestros jóvenes que estudian en el extranjero no pasen hambres. (Los recursos manejados con absoluta corrección.) 

A pesar de que nos están despojando del petróleo, la luz y el gas, México tiene dinero suficiente para realizar ese sueño, pero quedará en eso, en sueño, porque debe pagar más de medio billón de pesos de intereses a los prestamistas anualmente. 

Es el costo financiero de una deuda cercana a 10 billones de pesos. Ese debería ser el tope, no endeudar más al país. Urge una reforma constitucional que imponga un límite al gobierno federal. E imponer límites también a los estados de la República.

Fuente y nota completa: La Jornada.