jueves, 30 de enero de 2014

Narcopolítica michoacana.



Ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretender dar la impresión de que ya logró controlar la situación en Michoacán con la legalización de los grupos de autodefensa ciudadana, existe otra parte del problema que ha sido evadida por las profundas complicaciones que tiene. Se trata de los vínculos de la clase política michoacana con las bandas del crimen organizado.
A lo largo de los últimos años ha habido muestras y denuncias de la vinculación de personajes políticos del PRI, PAN y PRD con la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Ninguna de estas acusaciones ha sido atendida. Cabe recordar ahora cuatro casos recientes y emblemáticos.
En junio de 2011, Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón, se vio involucrada en el caso de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, quien fue detenido en Aguascalientes, acusado de ser uno de los líderes de los Templarios. Los hijos de ambos eran compañeros de escuela y ante la posibilidad de repercusiones en contra del sobrino del primer mandatario se dio una especie de protección a la familia del narcotraficante.
Este hecho tendría consecuencias en las elecciones a gobernador de Michoacán, pues a Cocoa, como se le conoce a María Luisa Calderón, fue amenazada por los Caballeros Templarios durante su campaña, lo mismo que varios de los candidatos a presidencias municipales del PAN. La hoy senadora acusó al candidato del PRI, Fausto Vallejo, de recibir favores de este grupo del crimen organizado.
Otro caso lo vemos en el PRD. En el 2009, como parte del operativo conocido popularmente como Michoacanazo salieron a la luz pública las relaciones de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, con Servando Gómez, La Tuta, líder y fundador de los Caballeros Templarios.
Julio César Godoy fue electo diputado federal  por el PRD y, escudado en el fuero, fue protegido y escondido por compañeros de su partido en el recinto legislativo de San Lázaro para que no fuera detenido por la policía federal, tras haberse comprobado sus vínculos con La Tuta, a quien le decía “Padrino”.  El legislador perredista fue desaforado tras un juicio político, pero huyó y sigue prófugo.
Los dos casos más recientes son los del gobernador Fausto Vallejo y el secretario general de gobierno Jesús Reyna. Ambos del PRI.
El año pasado la senadora Calderón acusó directamente a Fausto Vallejo de haber entregado Michoacán a los Caballeros Templarios. Afirmó que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, Armando Ballinas Mayés, negoció el triunfo del gobernador con el crimen organizado. También participaron en esas negociaciones los funcionarios José Trinidad Martínez Pasalagua y Guillermo Valencia Reyes.

Pemex aportó al erario más de un billón de pesos en 2013.


La producción de crudo en ese lapso fue la más baja de los últimos 20 años, revelan reportes.
El volumen de exportaciones cayó en el periodo y la cotización descendió 3.5 dólares por barril.
Pese a una menor producción y exportación de crudo, Petróleos Mexicanos (Pemex) aportó en 2013 vía impuestos, derechos y aprovechamientos un billón 17 mil 920 millones de pesos, uno de los mayores montos anuales entregados a la hacienda pública en los últimos 13 años, revelan cifras de la petrolera mexicana.
Los impuestos entregados en 2013 prácticamente duplicaron el monto pagado en 2004, cuando Pemex alcanzó su máximo histórico de producción con 3.4 millones de barriles diarios y cubrió en ese año 519 mil 284 millones de pesos.
Uno de los objetivos de la reforma energética de 2008 era precisamente descargar a Pemex de la onerosa carga impositiva a la que es sometida la empresa más importante de América Latina y el mayor contribuyente en México.
De acuerdo con los informes oficiales de la todavía empresa paraestatal, en 2013 Pemex aportó el tercer monto más elevado en impuestos en los últimos 13 años, sólo superados por los pagados en 2008 con un billón 36 mil 828 millones de pesos, y de los entregados a la Secretaría de Hacienda en 2012, cuando ascendieron a un billón 67 mil 809 millones de pesos.
Los informes oficiales detallan que la producción de crudo cayó de 2 millones 548 mil barriles en promedio diario en 2012 a 2 millones 522 mil barriles por día en 2013, la más baja de los últimos 20 años.
Por su parte, el volumen de las exportaciones de petróleo destinadas a los diferentes clientes de Pemex en Norteamérica, Europa y el Lejano Oriente descendió de un millón 256 mil barriles diarios a un millón 189 mil barriles por día en 2013.
A su vez, las cotizaciones de la mezcla mexicana de exportación fue menor en 3.5 dólares por barril, al pasar de 101.96 dólares por tonel en promedio en 2012 a 98.46 dólares en 2013, sin embargo las contribuciones fiscales se mantuvieron elevadas.
Solamente en los últimos 13 años Pemex aportó al fisco casi 10 billones (millones de millones) de pesos, pero paradójicamente la paraestatal aportó más recursos cuando la producción ha ido en descenso constante.

Solicitó la CIDH a México información sobre el dictamen de la ley de manifestaciones públicas.

La iniciativa aún no se discute en el pleno de la Cámara de Diputados, sólo se aprobó en comisiones
Georgina Saldierna, Fernando Camacho y Enrique Méndez.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano entregar toda la información que considere relevante sobre el dictamen con el que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal, y lo emplazó a responder a más tardar para el próximo sábado, 1º de febrero.
En un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Secretaría de Gobernación comunicó a la Cámara de Diputados que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo llegar una comunicación a la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde hace la petición.
El subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Felipe Solís Acero, solicitó que los órganos de gobierno de las dos cámaras del Congreso de la Unión entreguen en breve la información que estimen oportuna de dicho dictamen, el cual prohíbe a los ciudadanos u organizaciones presionar a cualquier autoridad a realizar cualquier manifestación no autorizada, así como limitar las movilizaciones a un horario y en vías no primarias.
Informó que la CIDH otorgó al Estado mexicano un plazo de 15 días contados a partir del 16 de enero para ofrecer la respuesta oficial, la cual deberá presentar antes del 1º de febrero.
Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente se turnó el oficio a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y al Senado para que respondan.
El 10 de diciembre, con el respaldo del PRI y PVEM, Acción Nacional logró que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaran sin discusión la iniciativa del panista Jorge Sotomayor, a quien el PRD señala como integrante de El Yunque y del Opus Dei.
Sin embargo, la mesa directiva de la Cámara no puso el dictamen a discusión del pleno, por lo que forma parte de los 30 dictámenes que se espera debatir en la primera semana del periodo de sesiones que inicia el sábado.
El PRI quiere proteger al gobierno: López Suárez
Consultado sobre el emplazamiento, el diputado Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que el dictamen no ha sido promovido por el PRI, porque la CIDH ya inició la investigación y muy probablemente quiere proteger al gobierno de Enrique Peña Nieto de las críticas internacionales.

El IFE, “sometido” al poder, no sanciona al PRI por dar tarjetas Soriana: Monreal.

El Instituto Federal Electoral "se corrompió, estuvo al servicio del PRI, con gente menor que no es capaz de hacer valer la ley", aseveró el ex coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador. 
 
 
 
Ricardo Monreal, ex coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el IFE haya decidido no sancionar al PRI por la compra de votos con tarjetas Soriana, bajo el argumento de que “en ninguno de los casos se señaló que se haya sufrido amenaza, violencia o fuerza alguna que se haya reflejado en una presión o coacción para emitir su voto en el pasado proceso electoral federal”.
“Es un argumento de cínicos, ¿cómo es posible que digan que sí se les entregó (una tarjeta) pero no los obligaron (a votar por un partido)? Es un argumento engañabobos”, señaló.
En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, el actual diputado de Movimiento Ciudadano dijo sentirse indignado, “por tanta impunidad”, y consideró que los consejeros del IFE son “ciudadanos sometidos al poder”.
“El IFE se corrompió, estuvo al servicio del PRI, con gente menor que no es capaz de hacer valer la ley”, comentó, y refirió que esto lo expone en su último libro “La larga travesía”.
“Da mucho coraje, sientes impotencia, porque hay cartas notariales que nos entregaron tarjetas de Estado de México, Hidalgo, Veracruz… de gente que dijo ‘esta tarjeta me la entregó el dirigente del PRI con 800, 500 pesos, con el fin de apoyar al PRI’, fueron testigos confesos de que se cometió una irregularidad grave”, apuntó.
Con la determinación del IFE de no sancionar lo ocurrido, Monreal consideró que “la población siente que la podredumbre del sistema está en su máxima expresión”, mientras que “quien compra la Presidencia, termina vendiendo al país”.