Ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretender dar la impresión de que ya logró controlar la situación en Michoacán con la legalización de los grupos de autodefensa ciudadana, existe otra parte del problema que ha sido evadida por las profundas complicaciones que tiene. Se trata de los vínculos de la clase política michoacana con las bandas del crimen organizado.
A lo largo de los últimos años ha
habido muestras y denuncias de la vinculación de personajes políticos
del PRI, PAN y PRD con la Familia Michoacana y los Caballeros
Templarios. Ninguna de estas acusaciones ha sido atendida. Cabe recordar
ahora cuatro casos recientes y emblemáticos.
En junio de 2011,
Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón,
se vio involucrada en el caso de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango,
quien fue detenido en Aguascalientes, acusado de ser uno de los líderes
de los Templarios. Los hijos de ambos eran compañeros de escuela y ante
la posibilidad de repercusiones en contra del sobrino del primer
mandatario se dio una especie de protección a la familia del
narcotraficante.
Este hecho tendría consecuencias en las elecciones a gobernador de Michoacán, pues a Cocoa,
como se le conoce a María Luisa Calderón, fue amenazada por los
Caballeros Templarios durante su campaña, lo mismo que varios de los
candidatos a presidencias municipales del PAN. La hoy senadora acusó al
candidato del PRI, Fausto Vallejo, de recibir favores de este grupo del
crimen organizado.
Otro caso lo vemos en el PRD. En el 2009, como parte del operativo conocido popularmente como Michoacanazo
salieron a la luz pública las relaciones de Julio César Godoy Toscano,
medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, con Servando Gómez, La Tuta, líder y fundador de los Caballeros Templarios.
Julio
César Godoy fue electo diputado federal por el PRD y, escudado en el
fuero, fue protegido y escondido por compañeros de su partido en el
recinto legislativo de San Lázaro para que no fuera detenido por la
policía federal, tras haberse comprobado sus vínculos con La Tuta, a quien le decía “Padrino”. El legislador perredista fue desaforado tras un juicio político, pero huyó y sigue prófugo.
Los
dos casos más recientes son los del gobernador Fausto Vallejo y el
secretario general de gobierno Jesús Reyna. Ambos del PRI.
El año
pasado la senadora Calderón acusó directamente a Fausto Vallejo de haber
entregado Michoacán a los Caballeros Templarios. Afirmó que el
secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el
estado de Michoacán, Armando Ballinas Mayés, negoció el triunfo del
gobernador con el crimen organizado. También participaron en esas
negociaciones los funcionarios José Trinidad Martínez Pasalagua y
Guillermo Valencia Reyes.
