lunes, 28 de julio de 2014

EL MODELO EXTRACTIVO MINERO VULNERA LA DIGNIDAD HUMANA

 
La reforma energética profundizará las injusticias socioambientales·

La REMA continuará desplegando acciones colectivas contra la minería

22 de julio del 2014

En todo el mundo, el actual «modelo extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable. Los daños asociados a ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición. Debido a su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en nuestro país.

Pese a todo, la reforma energética impulsada por el gobierno federal y validada -desde el PACTO POR MÉXICO- por las principales fuerzas políticas de la República, perfeccionará un modelo de desarrollo que -frente a la satisfacción de necesidades- continúa apostando por la reproducción, acumulación y centralización del capital profundizando con ello las injusticias socioambientales, las violaciones a los derechos de los pueblos en los terrotorios de extracción y los desequilibrios de poder realmente existentes en una sociedad que -al operar bajo el principo de que tener el poder es tener la razón- coloca a cada vez más personas en una situación de vulnerabilidad obstaculizando su acceso a las condiciones de vida que hacen posible la dignidad.

Por ello, en el contexto del DÍA MUNDIAL CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, las comunidades, luchas y organizaciones que conformamos la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) ratificamos nuestro compromiso con la defensa del territorio a través de diveras estrategias orientadas a impedir la instalación de obras y/o proyectos contrarios a nuestros intereses y a construir autonomías locales que favorezcan la satisfacción de nuestras necesidades vitales. La intensa actividad que nuestros grupos han desplegado en los últimos meses dan cuenta de ello. A continuación recojemos algunas de las acciones más significativas:

En el área Educativa,
·         La organización Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México, editó el manual LA MINA NOS EXTERMINA que supone un conjunto de herramientas a disposición de los afectados o potenciales afectados por la minería para “detener este Modelo Extractivista y construir otros mundos posibles”.
Manual http://otrosmundoschiapas.org/materiales/2013/11/la-mina-nos-extermina-manual/

·         En la misma línea, la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), viene trabajando una GUÍA PARA LAS RESISTENCIAS dirigida a quienes “están o pretenden estar en procesos para la defensa y resistencia en contra de las empresas mineras de capital nacional o extranjero”.

En cuanto a la Articulación y Organización,
·         En febrero pasado el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en coordinación con la organización Bios Iguana, realizó en la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima el FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERÍA.

·         Igualmente, el Consejo Tiyat Tlali organizó en el mes de marzo en Zautla, Puebla el ENCUENTRO DE PUEBLOS EN RESISTENCIA CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO, al que asistieron más de 500 personas provenientes de todos los rincones del país y del extranjero.

·         Como desde el 2012, mantenemos una estrecha colaboración con organizaciones y luchas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canada a través del MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4).

En la Prevención,
Hemos iniciado un intenso proceso con el objetivo de blindar territorios de cualquier actividad minera al generar DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA. En este proceso dos casos destacan:

Apicultores frenan avance de soya transgénica en Yucatán

-       Ganan amparo, Juez anula permiso para siembra en etapa comercial de soya genéticamente modificada 
 -       Se ordena a Sagarpa realizar consulta pública entre las comunidades indígenas previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial.

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán anuló un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que permitía la siembra comercial de soya transgénica en esta entidad. 
       Argumentando que dicho permiso ponía en riesgo la producción de miel mexicana en estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán, apicultores mayas de esta última entidad se ampararon ante la resolución de la Sagarpa, que en 2012 autorizó –con el aval de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la siembra de 253,500 hectáreas de soya transgénica en siete estados de la República (1), entre ellos Yucatán.  

       “Con esta decisión del juez queda prohibida por ahora la siembra de soya transgénica en escala comercial en el estado de Yucatán. Esta sentencia se suma a las que en marzo y abril del presente año emitió el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche, quien al resolver dos juicios de amparos presentados por apicultores mayas radicados en Campeche en contra del mismo permiso, también determinó la violación al derecho a la consulta de las comunidades mayas, así como la violación al procedimiento establecido en la propia Ley de Bioseguridad, señaló Jorge Fernández del Colectivo MA OGM.
     
      "Estamos ante un hecho muy relevante por tres razones: la primera porque hace valer el principio de multiculturalidad contenido en la Constitución, así como los derechos humanos que implica derecho a la consulta previa del pueblo maya; la segunda porque determina que la consulta previa procede para los casos de posible afectación, esto es, que no se requiere que el daño esté probado; y en tercer lugar, porque reconoce el principio 10 de la Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente por lo ordenado por el juez, puesto que ello supondría un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país", afirmóXimena Ramos, asesora de Litiga OLE.
                                                                                                                                       
      “Para los apicultores de Yucatán, muchos de nosotros  indígenas mayas, esto es un gran logro porque se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestro sustento porque la apicultura es la principal actividad económica tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con transgénicos ni con los productos tóxicos como agroquímicos que matan a nuestras abejas”, señaló Lorenzo Itzá Ek, apicultor maya.
El 27 de febrero de 2012, las organizaciones Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Miel Integradora S.A. de C.V. , la Sociedad de Solidaridad Social “Apícola Maya de Yucatán”, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE) y Greenpeace demandaron a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la inconstitucionalidad que representaba el otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya GM (2).
El Juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores mayas (3) reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos (económicos, laborales o ambientales) por las consecuencias que pudieran generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya GM y aceptó como válido el interés legítimo de los indígenas mayas cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una protección especial, por su especial condición de vulnerabilidad, debiéndose garantizar su acceso a la justicia efectiva.
También desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel.
El Juez también declaró nulo el dictamen de Semarnat que avala el permiso otorgado por Sagarpa para siembra de soya transgénica, toda vez que no se tomó en cuenta las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que señalaron "no ser viable la siembra de soya transgénica"; la autoridad judicial ordena a la Sagarpa que lleve a cabo, de manera adecuada, la consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimin, ubicadas en el estado de Yucatán, previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial, misma que deberá realizarse por los medios idóneos que estén al alcance de dichas comunidades indígenas, dentro de los seis meses contados a partir de que se notifique a las autoridades responsables esta sentencia, una vez que sea definitiva.