Misterioso avión de Pachuca derribado en Venezuela

A nivel federal, muy poco han dicho las autoridades; a nivel estatal, nada se ha informado del avión que salió del aeropuerto Juan Guillermo Villasana, de Pachuca, Hidalgo, el jueves 5 de junio al filo de las 19:28, que llegó a Mérida a las 21:00 y salió tras llenar completamente su tanque de combustible.

Personal del Ejército venezolano lo reporta como derribado a las 10:21 de la mañana del día 6, al poniente de su territorio; es decir, habrá que suponer que la nave habría sido derribada entre la medianoche del jueves y las primeras horas del viernes. De sus pasajeros, en número e identidad, nada se sabe. Se trata del tercer hecho de este tipo en los últimos meses, y en todos los casos el derribe ha ocurrido en el estado de Apure, Venezuela, en sus colindancias con Colombia.

Hasta la tarde-noche de este domingo 15 no se sabía con exactitud cómo ocurrieron los hechos, ni si hay mexicanos -incluso hidalguenses, tomando en cuenta su punto de salida- vinculados con alguna responsabilidad.

Hasta ahora, las autoridades locales responsables de la aeronáutica doméstica nada han manifestado sobre el particular, sobre todo si se toma en cuenta el destino final de la aeronave tipo Hawker, propiedad de la empresa JetNet, con matrícula estadunidense N-770PJ.

Al abundar sobre el tema, se dijo que la aeronave, al salir del aeropuerto Manuel Crescencio Rejón, en Mérida, se dirigía a Kaua, en Chichén Itzá; sin embargo, apenas a tres millas de distancia se perdió cualquier contacto posible con la nave.

Aumenta en 130 mil millones de pesos la deuda del sector público.

El gobierno dio un giro para financiar el déficit; para el caso se apoyó en la contratación de créditos con instituciones extranjeras.

El adeudo total suma 6 billones 627 mil 100 millones.

Respaldado en la contratación de créditos del exterior, el sector público mexicano requirió 32 mil 500 millones de pesos de nuevo endeudamiento en promedio mensual durante el primer cuatrimestre del año, hasta alcanzar una elevación de 130 mil 100 millones de pesos en su deuda total al término de abril de 2014, según el seguimiento oportuno que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ese incremento, resultado de un aumento de 144 mil 100 millones de pesos en el endeudamiento con el exterior y una reducción de 14 mil millones en el débito interno, llevó a la deuda neta total del sector público a un saldo de 6 billones 627 mil 100 millones de pesos, que representan alrededor de 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

El nivel de endeudamiento público al término de 2013 fue equivalente a 38.3 por ciento del PIB, mientras al inicio de este sexenio gubernamental, en diciembre de 2012, esa proporción significaba 36.4 por ciento del valor total generado por la economía mexicana durante ese año.

De acuerdo con el seguimiento de la dependencia, el sector público mexicano ha requerido más de 736 mil 200 millones de pesos en recursos de deuda desde el principio de su gestión, hasta el cierre de abril de 2014. De esa cantidad, 64 por ciento fue por aumento en la deuda pública interna, mientras el 36 por ciento restante, representando 262 mil 568 millones de pesos, correspondió a los fondos obtenidos en el exterior.

El cambio

Pero el hecho de que la totalidad del aumento de la deuda del sector público se sustentó exclusivamente en la obtención de recursos del exterior en los primeros cuatro meses de 2014, marcó un giro de 180 grados en la forma en que se financió el déficit de las finanzas públicas durante más de una década, la cual se había sustentado básicamente en la ampliación del débito interno.

Según los reportes de la SHCP, entre enero y abril del año en curso los requerimientos financieros internos del sector público tuvieron un descenso neto de alrededor de 14 mil millones de pesos.

Ello es consecuencia de una reducción de unos 18 mil millones de pesos en el saldo de la deuda presupuestaria, constituida por la que corresponde al gobierno federal y los organismos y empresas públicas, y una elevación de 4 mil millones en la no presupuestaria, integrada básicamente por los rescates bancario y carretero asumidos por el sector público.

Atracos en el Congreso y la cancha.

Ahora se ve con claridad que desde antes de que tomara posesión, Enrique Peña Nieto y su equipo ya tenían en mente privatizar el sector energético, comenzando por el petróleo. De Salinas de Gortari a Felipe Calderón las empresas estatales han venido siendo vendidas o desmanteladas. La justificación es que el Estado es mal administrador. Es cierto, pero en México el sector privado tampoco es eficiente. ¿O qué fue la quiebra de los bancos en manos de particulares, cuando el Fobaproa tuvo que entrar al quite? Son un éxito, como Telmex-Telcel, cuando reciben protección gubernamental de diversas maneras, una de ellas permitiéndoles organizarse como monopolios y cobrar sus servicios en forma desorbitada. Sólo que al llegar Peña Nieto y su equipo ya no había mucho que vender, excepto la joya de la corona, es decir, el petróleo. Alimenta la codicia el hecho de que esté en su momento más brillante de la historia –aún descontada la inflación. Compraron el apoyo de Gustavo Madero y sus aliados en el PAN, e, increíblemente, el del PRD de la chuchada, a través de esa máquina inescrupulosa que fue el Pacto por México. Lo peor de la clase política se juntó para atracar a la nación. Lo que vimos este fin de semana –aunque, hay que reconocerlo, la mayoría de la gente estaba hipnotizada por el Mundial– fue el segundo tiempo del atraco. El primer tiempo había terminado en goliza contra el pueblo mexicano, cuando el Congreso aprobó los cambios a la Constitución; el segundo tiempo se juega en estos días. Y pinta como una segunda goliza. Nos robaron en el primer partido de la Copa –frente a Camerún– y nos robaron en la cancha del Congreso. La propuesta de leyes secundarias consta de nueve leyes nuevas y 12 que van a sufrir modificaciones. ¿Ustedes creen que las leerán y analizarán detenidamente los senadores y diputados antes de aprobarlas? Yo tampoco.

En la nueva ley, la CFE sería simple operadora de las empresas privadas

La ley de la industria eléctrica reducirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a simple operadora, ya que las empresas privadas se encargarán de la generación, distribución y venta de energía eléctrica, con lo cual se reforzará la presencia que ya tienen las trasnacionales en el país y en los hechos permitirá que se constituyan monopolios regionales de producción.

Un análisis del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados resalta que se trata del desmantelamiento de la paraestatal y se da paso a la privatización de la industria eléctrica nacional.

La redacción de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, explicó el vicecoordinador de la bancada, Ricardo Mejía Berdeja, apunta en ese sentido, particularmente los artículos 8 y 9, que señalan: ‘‘La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se separarán el suministro de servicios básicos y las otras modalidades de comercialización.

‘‘Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de Competencia en el ámbito de sus atribuciones, la secretaría (de Energía) establecerá los términos de estricta separación legal que se requieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento’’.

También indica que cuando a juicio de la dependencia ‘‘la separación legal sea insuficiente para fomentar el acceso abierto o la operación eficiente del sector eléctrico, la secretaría ordenará la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones’’.

Desigualdad entre Pemex y trasnacionales

Aunado a que la reforma energética no proporciona los mecanismos suficientes para que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda competir en igualdad de condiciones con las trasnacionales, se suman otros factores en la economía nacional que inhibirán esas posibilidades, aseguró Francisco Garaicochea, presidente del Grupo Ingenieros Petroleros Constitución de 1917.

Explicó que las compañías nacionales obtienen financiamiento con tasas de interés mucho mayores que las transnacionales, además de que el contenido de bienes de capital desarrollado y fabricado en México es muy bajo.

En México hay una ausencia de financiamiento a tasas competitivas, por lo que de inicio existe una desventaja de la planta productiva nacional, dijo.

En las modificaciones a las leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo se elevó el contenido nacional de 25 a 35 por ciento con respecto a la propuesta original; sin embargo, este límite sigue siendo bajo si se compara con el establecido en Brasil, donde es de 70 por ciento.