jueves, 16 de julio de 2015

La privatización de la salud en México


Martha Medina Gómez, enfermera con más de 24 años de experiencia dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en entrevista para el programa "Contragolpe" con Rubén Luengas, denuncia que desde el pasado 2 de octubre de 2014, se presentó, proveniente de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso, una iniciativa para crear el Sistema Universal de Salud, mismo que tendría una limitada cobertura para sus beneficiarios, además de crear un fondo único de presupuesto para este rubro, es decir, la unificación de los presupuestos asignados actualmente a todos los prestadores de servicios de salud del país (IMSS, ISSSTE, SSA, ISSEMYN, Seguro Popular, etc).

Medina afirma que lo anterior dejará sin "derecho a la salud" a todos los mexicanos, que ante una economía deficiente, no tendrán los recursos para cubrir lo elemental en material de salud, además de que la privatización del sector salud influirá también en la capacidad que el Estado tiene para proveer de jubilación a los trabajadores, dejándolos desprotegidos y sin el derecho a este beneficio que el Estado tiene actualmente obligación de cubrir tras una vida laboral productiva.

Lo anterior es la propuesta hecha por Mercedes Juan López, actual secretaria de salud y con el apoyo del aún presidente Enrique Peña Nieto.

El siguiente documento contiene detalles sobre la inciativa mencionada, presentada desde el pasado 2 de octubre de 2014.


Tlatlaya: Vinculan a proceso a otros tres policías acusados de tortura

La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles. Foto: Miguel Dimayuga
Un juez vinculó a proceso a los tres policías ministeriales contra los que no había obsequiado orden de aprehensión por el caso Tlatlaya, aunque enfrentarán en libertad la investigación, luego de cubrir una fianza cercana a los 60 mil pesos cada uno.
Los uniformados, entre los que se encuentra una mujer, se encuentran acusados de torturar a tres mujeres detenidas durante la tragedia.
El pasado 3 de julio, los primeros cuatro ministeriales salieron en libertad también tras pagar una fianza, bajo las mismas circunstancias.
La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, promulgada en 1994 y vigente hasta ahora, considera que este delito no es grave, por lo que contempla una pena de entre tres y 12 años de prisión.
En un primer momento, el juez de control negó la orden de aprehensión en el caso de los tres detenidos, cuyos nombres no fueron revelados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), por no encontrar los elementos suficientes.
Sin embargo, la PGJEM replanteó la solicitud, y este miércoles un juez de Toluca determinó vincularlos a proceso.
Además, les fijó medidas cautelares consistentes en el pago de una fianza por 33 mil 500 pesos y 26 mil 500 pesos más por “obligaciones procesales”.