Yucatán niega a mujeres el derecho a una vida libre de violencia.
25 de noviembre
Día internacional contra la violencia hacia las mujeres
En Yucatán, el caso de MAR, los feminicidios encubiertos como crímenes pasionales y, en general, la actuación de jueces, fiscalía y gobierno niegan, en la práctica, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia a todas las mujeres.
El de MAR es un caso extremo de violencia de género cometido de forma reiterada y continuada durante más de quince años contra una mujer desde que era menor de edad. En el caso de MAR se concentran agresiones físicas y emocionales, violación y explotación sexual cometida por su padrastro, tolerada por el Estado y, ahora, encubierta por el sistema judicial que se niega reiteradamente a garantizarle justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.
MAR tuvo una hija producto de la violencia y el abuso de su padrastro, quien además la explotaba sexualmente. Cuando MAR al fin pudo escaparse y denunciar encontró en el entonces Ministerio Público y en el sistema judicial obstáculos y negativas para acceder a la justicia. El Tribunal Superior de Justicia incluso retiró el cargo de violación “porque no se pudo comprobar la violencia” aunque posteriormente, por las comunicaciones dirigidas desde la sociedad civil, le negó el beneficio de la libertad. Ese juicio concluyó con una condena por un delito que no es grave y que se encuentra purgando el agresor.
La Fiscalía no realizó el estudio de ADN que en sí mismo prueba el delito. Ni siquiera contaba con la posibilidad de realizar ese estudio ni se hizo cargo del costo. Sin embargo, en una nueva denuncia, ahora por violación equiparada que es otro delito, precisamente por la agresión que concluyó con un embarazo cuando MAR era menor de edad, se inició un nuevo juicio. La prueba de ADN, aportada por la agraviada, tuvo ser costeada con la solidaridad internacional. El agresor intentó evadir el juicio apelando pero se sostuvo el juicio debido a que éste es otro delito no denunciado en el primer juicio.
A pesar de la evidencia que prueba el delito aportada por MAR, la juez de la causa exculpó al agresor en una sentencia inexplicable que responsabiliza a la fiscalía de omisiones en la acusación. Sin duda se ha logrado, con la denuncia internacional, que haya un laboratorio de genética forense. MAR no ha obtenido justicia ni reparación.
MAR, como agraviada, apeló la sentencia y el caso se encuentra ahora en el Tribunal Superior de Justicia. La Convención de Belem Do Pará establece como obligación de los Estados, en su artículo 7 “…actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; así como adoptar las medidas necesarias, incluso legislativas y establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para obtener protección, justicia y reparación”.
Casi cinco años, dos juicios y MAR continúa sin obtener justicia en un caso extremo en el que el Estado debió responder protegiendo de inmediato, garantizando con los estándares más altos el derecho a la justicia, a la reparación y a medidas de no repetición.
