Potenciales conflictos sociales por expropiaciones de reforma energética

Tierras ejidales, comunales, de pequeños productores agrícolas en cuyo subsuelo se encuentran miles de millones dólares en energéticos, están en riesgo de ser despojadas de sus dueños actuales con la reforma energética que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, advirtió el senador Luis Sánchez, integrante del equipo del PRD que analiza esa legislación.

Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, y Campeche son los estados donde se pueden generar conflictos sociales y hasta armados por tener tierras y ejidos susceptibles de ser expropiados al albergar hidrocarburos o gas en el subsuelo o bien por ser sitios donde pasan redes de transmisión o distribución de electricidad.

"Son unos 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional involucrados en esta situación", detallo el también vicepresidente del Senado.

En esta problemática están involucrados 260 municipios donde lo mismo hay combustibles convencionales (petróleo o gas) que no convencionales, es decir cableado o estaciones eléctricas, explicó.

Pueblos indígenas exigen al Congreso ser escuchados sobre la ley de hidrocarburos

Los diputados y senadores que discuten la ley de hidrocarburos que otorga prioridad a la actividad petrolera sobre cualquier otra, violando peor que la ley minera los derechos de los pueblos indígenas en relación con la consulta libre e informada que debe realizar el gobierno, tienen que escuchar las voces de indígenas y campesinos antes de aprobarla, porque dejarlos legalmente inermes aumentará la conflictividad en diversas regiones, advirtió Raymundo García, dirigente de Serranos Unidos en Resistencia Indígena, de la Sierra Norte de Puebla.

García dio a conocer la decisión de la comunidad indígena de Zapotitlán de Méndez de negar la autorización para la operación de minas a cielo abierto, así como la construcción de hidroeléctricas, ciudades rurales y la propagación de cultivos transgénicos.

La comunidad exige la cancelación de concesiones y permisos que violan nuestros derechos colectivos a la consulta libre, previa e informada, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud.

Represión y hostigamiento

Los comités de defensa del territorio de las comunidades de Zoquiapan y de Xochitlán, el Consejo Tiyat Tlali y la organización civil Tetela Hacia el Futuro denunciaron que se vive un clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos en Puebla.

Expresaron su total negativa a la construcción del proyecto hidroeléctrico San Antonio y a todos los proyectos de muerte que se pretenden imponer y denunciaron la autorización condicionada dada por la Semarnat, pese a la oposición de las comunidades totonacas y nahuas que se verían afectadas.

Demandaron al gobierno estatal una audiencia pública para que a través del diálogo político se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto para violaciones a derechos humanos y constitucionales.

Las organizaciones manifestaron que la Semarnat autorizó de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental del proyecto, condicionándola a que la empresa realice la consulta a los pueblos, lo que es violatorio de sus derechos.

Legal o no, hay que debatir leyes energéticas: PRI.

Pide Gamboa ‘‘olvidar’’ si es legal el método de discusión energética.

Luego de un día y medio de discusiones sobre el método para dictaminar las leyes secundarias en materia energética, las fracciones de PRI y PAN en el Senado lograron ayer iniciar los trabajos en las comisiones unidas, aunque la mayoría de los legisladores del blanquiazul no van a participar porque mantienen una mesa de negociación paralela con el gobierno federal, según reveló el coordinador panista, Jorge Luis Preciado.Antes, se rechazó discutir la moción suspensiva propuesta por el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, a fin de que se pospusieran los trabajos hasta que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias determinase la legalidad de los acuerdos tomados por PRI y PAN, de dejar al final la votación de las leyes y obligar a los senadores a presentar en bloque sus reservas con sólo 15 minutos para argumentarlas.

‘‘Aquí no hay un juez’’: PRI

Ante la insistencia de los senadores del PRD sobre la ilegalidad de ese formato, el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, se presentó nuevamente a la reunión y llamó a entrar de lleno al debate de la primera de las leyes secundarias, la de hidrocarburos.

‘‘Olvidémonos de si es legal o no. La izquierda dice que es ilegal, nosotros que es legal; no hay un juez aquí, así que pongámonos a discutir la esencia de lo que es la reforma’’, advirtió el senador Gamboa Patrón.

El argumento de los priístas fue que la moción suspensiva no opera en el caso del trabajo legislativo en comisiones y que la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no es vinculante. Se dio incluso una confrontación verbal entre Barbosa y el priísta José Ascención Orihuela, quien insistía en comenzar ya a dictaminar y acusó a los perredistas de prácticas dilatorias.

Barbosa les advirtió: ‘‘Hagan lo que quieran, los vamos a evidenciar todos los días’’. Insistió en que la ilegalidad del procedimiento quedó evidenciada en la discusión y aprobación de un acuerdo que viola el reglamento.