28 de mayo: represión e impunidad confirmadas.
Diez años son un tiempo suficiente para atreverse a proponer una verdad
histórica sobre un hecho. A diez años de los
acontecimientos ocurridos el 28 de mayo de 2004, en el marco de la III Cumbre
de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE)
celebrada en Guadalajara, se puede afirmar que entonces ocurrió
uno de los hechos represivos más vergonzosos de la historia reciente de Jalisco
y del país.
A diez años se puede afirmar que la autoridad estatal y municipal
autorizó el uso de la fuerza pública y la represión en contra de decenas de
personas y que a pesar de las evidencias de la inocencia de los detenidos y de
los tratos crueles y de la tortura, ninguno de
los responsables políticos o policiales pagó por esos delitos. En cambio, diez años
después, todavía hay inocentes sobre quienes pesan sentencias injustas.
Tras una década, es probable que muchos no recuerden los detalles. Aquí
expongo una síntesis de lo ocurrido.
En paralelo a la cumbre del ALCUE, diversas
organizaciones sociales globales, nacionales y locales convocaron a un
encuentro alternativo y, para finalizar, a una marcha el viernes 28 de mayo, de
la Minerva al centro de la ciudad.
La caminata se desarrolló de manera pacífica, sin embargo al llegar a la
valla de la policía estatal en avenida 16 de Septiembre, unos de 20 jóvenes ataviados con cascos mineros y portando palos y
martillos algunos, se enfrentaron con los uniformados por cerca de 40 minutos a partir de las 19:00 horas
Posteriormente otras dos vallas de policías estatales y de Guadalajara
avanzaron desde el cruce de las calles Colón y Juárez. Gerardo Octavio Solís
Gómez (procurador del estado) y Alfonso Gutiérrez Santillán (Secretario de
Seguridad) reportaron al entonces gobernador, Francisco Ramírez Acuña, la
situación (el mandatario se encontraba en la cena con los jefes de Estado
asistentes a la Cumbre). El gobernador dio la orden de
“actuar”. Empezó así la persecución contra manifestantes y civiles que ni
siquiera habían participado en la marcha, como Jaime Daniel Vázquez Valdivia,
quien fue detenido en el centro de la ciudad, luego de acudir al edificio
administrativo de la Universidad de Guadalajara a recoger un premio ganado en
un programa de Radio UdeG.
Tras la orden de dispersar la
manifestación, cientos de manifestantes (entre ellos Evo Morales, invitado como
líder social boliviano) corrieron por avenida 16 de Septiembre hacia el parque
San Francisco; en la trifulca, un grupo rompió vidrios
en catorce negocios y saqueó tres: el banco Banamex, Discos Aguilar y un 7
Eleven.
A partir de entonces, grupos de policías estatales y de Guadalajara realizaron
razzias en el centro y en lugares más alejados. Entre las 20:00 horas del viernes 28 de mayo y la 1:00 am del
sábado 29 de mayo fueron detenidas 111 personas, la mayoría por la fuerza y golpeadas con pies, puños, macanas, escudos y
armas de los policías.
El grueso de los detenidos fue conducido hacia el sótano de la
Secretaría de Seguridad Pública (en la avenida 16 de Septiembre y la calle
Libertad); muchos de ellos fueron
golpeados y vejados.
Al ver la magnitud de detenidos y del trato que recibieron, funcionarios
a cargo del operativo admitieron: “Se nos pasó la mano”. La madrugada del sábado 29 de mayo el secretario de Seguridad
ordenó: “Hay que depurar”
A lo largo de la madrugada y hasta cerca de las 17:00 horas del sábado
29 de mayo se liberó a 67 personas, entre ellas a cuatro menores de edad y ocho
extranjeros (cuatro españoles, una canadiense, una australiana, un italiano y
un estadunidense).
La mañana del sábado 29 de mayo el entonces gobernador Ramírez Acuña
(antes de acudir a un rancho a Tlajomulco a destapar a Felipe Calderón) recorrió el centro de la ciudad y declaró que no permitiría que
Guadalajara se convirtiera en un Distrito Federal, y pidió “que dejen de inmediato el estado de Jalisco quienes hicieron
los desmanes”.
Un texto aparte merece el la vergonzoso papel jugado por la mayoría de
los medios, quienes compraron, sin contrastar, la versión de Ramírez Acuña
acerca de los vándalos que vinieron a destruir la ciudad.
La tarde del sábado 29 de mayo, 44 personas fueron trasladadas a las
instalaciones de la Procuraduría estatal en la calle 14 de la Zona Industrial. Ahí algunos fueron golpeados y torturados: bolsas en la cabeza
para asfixiarlos momentáneamente, golpes en el cuerpo, simulacro de disparos en
la sien, amenazas de muerte a ellos o sus familias, posturas corporales lesivas
por varias horas, impedimento para comunicarse con familiares o abogados;
además, fueron vejados para obligarlos a que aceptaran y firmaran las
acusaciones de culpabilidad que les presentaba el Ministerio Público, según consta en sus
testimonios a los medios, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y
en sus declaraciones ante el juez.
Según el informe especial de la CNDH, hubo 68
retenciones ilegales, 70 casos de tratos crueles y degradantes, 70 casos de
incomunicación y seis casos de tortura.
Los detenidos fueron acusados de diversos delitos: motín, pandillismo,
daño en las cosas, delitos cometidos en contra de representantes de la
autoridad, desobediencia o resistencia de particulares, robo calificado y
lesiones.
La mayoría de esas acusaciones sostenidas en actas ministeriales que
repetían un mismo formato, solo cambiando nombres de los inculpados.
Entre mayo de 2004 y abril de 2005
salieron 40 de los consignados, todos bajo fianza. De todos, únicamente Manuel
de Jesús Pereyra Anguiano fue exonerado en agosto de 2005.Muchos pasaron hasta
18 meses en prisión, cuando la pena dictada por el juez, ignorando los alegatos
de la defensa, era apenas de tres meses.
La represión del 28 de mayo es uno de los hechos represivos más
evidenciados de la historia reciente del país. Pero sus responsables gozan no
solo de impunidad, sino que fueron premiados en el sistema político. Los responsables fueron Francisco Ramírez Acuña, entonces
gobernador, premiado por Calderón con la secretaría de Gobernación, con una
diputación y luego con la embajada en España. Ahora pretende hacerse pasar como
la conciencia moral del partido en el que ha militado (Acción Nacional). Emilio
González Márquez, entonces alcalde de Guadalajara y luego gobernador del
estado. Luis Carlos Nájera, entonces jefe de la policía de Guadalajara y ahora
Fiscal General del estado; Luis Gerardo Solís Gómez, entonces procurador
estatal, ex gobernador interino y ex delegado de la PGR; Alfonso Gutiérrez, ex
secretario de Seguridad.
Todos ellos son responsables de estos hechos represivos que, en algunos
casos, dejaron lesiones y secuelas permanentes a quienes padecieron la represión. Hasta ahora ha imperado la impunidad. Es tiempo de
terminarla y hacer justicia a las personas a quienes se vejó, torturó y
encarceló injustamente.
Fuente: El Respetable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario