Operativo contra la CNTE fue un repliegue, no desalojo: Mancera.

Tras el operativo realizado la noche del domingo pasado en la Plaza de la República para retirar carpas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó que no habrá confrontación con el magisterio y que por encima de la fuerza, privilegiará el diálogo.

El operativo del domingo, puntualizó, no fue un desalojo porque en la zona continúan 120 profesores, sino un retiro de carpas previamente acordado con los representantes del campamento magisterial para dar mantenimiento al lugar, argumento que fue refutado por los líderes de la CNTE.

El pasado domingo poco después de las 19:00 horas y en plena conferencia de los líderes magisteriales, un grupo de alrededor de 400 granaderos ingresó al campamento de la CNTE, en la Plaza de la República –donde permanecen desde el pasado 13 de septiembre– para replegarlos hacia la calle de Gómez Farías y avenida De los Insurgentes.

Este lunes, en conferencia de prensa y también mediante un desplegado Mancera justificó el repliegue al refrendar la disposición de su gobierno al diálogo para evitar confrontaciones y cuidar al mismo tiempo a los capitalinos.

“Refrendamos el compromiso de respeto a los derechos de la manifestación, ahí están, ahí está el grupo de los profesores, simple y sencillamente en la parte donde se hizo la limpieza no había personas, se trataba de una serie de casas de campaña que estaban vacías”, sostuvo.

En el desplegado, publicado en distintos diarios, reitera su disposición a mantener un diálogo “constante y abierto” con los integrantes de  la CNTE “para evitar, en la medida de lo posible, que su movilidad afecte a los capitalinos”.

Asimismo, subrayó su respeto al derecho de manifestación y luego indicó que se mantendrá la presencia de la policía capitalina “hasta cuando sea necesario” para dar “garantías” a los ciudadanos.

Más tarde, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, ofreció una conferencia de prensa para refrendar la disposición del gobierno al diálogo y proponer la instalación de una mesa de negociación pública y abierta con los dirigentes de CNTE ante su anuncio de futuras movilizaciones y acciones en la capital del país que incluyen el reforzamiento de su plantón.

Serrano reconoció además que, durante ocho días, personal de Concertación Política del GDF negoció con representantes del campamento pero no con los líderes de la CNTE porque “no estaban” en el sitio y fue ahí que se acordó que se quitarían las carpas vacías.

Esta vez agregó que hay instalaciones subterráneas en la explanada que requieren ser revisadas por Protección Civil y por ello la necesidad de retirar las estructuras que fueron estrenadas hace dos años.

Serrano reiteró que no se trató de un desalojo porque el campamento permanece en el Monumento a la Revolución.

CNTE amaga con retomar el Zócalo

Por la tarde, en un mitin realizado en donde aún permanecen algunas carpas, en la Plaza de la República, la CNTE anunció que su permanencia ahí es “temporal” porque reunirá la fuerza para recuperar el Zócalo capitalino.

“Todos a trabajar de nuestras organizaciones para recuperar el corazón de esta Nación”, conminó Juan José Ortega Madrigal, secretario general de Michoacán, al tiempo que los presentes, entre quienes también se encontraban integrantes del SME y otras organizaciones urbanas, gritaban “¡Zócalo! ¡Zócalo!”.

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE OAXACA.

El día sábado 1º de marzo de 2014, en la agencia de San Luis Beltrán, municipio de Oaxaca de Juárez, nos reunimos 34 organizaciones y 156 representantes de distintas comunidades y regiones del estado, con el propósito de analizar la situación nacional y estatal, intercambiar nuestras experiencias de lucha, así como explorar los temas y condiciones que nos permitirán dar forma a iniciativas conjuntas y acciones inmediatas de cambio y transformación social.

Examinamos juntos los riesgos y oportunidades del contexto nacional. Afirmamos que en México la democracia es una ficción, ya que de hecho sólo se pasó de una presidencia imperial a una coalición de mafias que detentan el poder. Las llamadas reformas estructurales son solamente un instrumento de los gobiernos y corporaciones trasnacionales para despojar a los pueblos de sus territorios y derechos. Para tal fin, se militariza y paramilitariza el país, se criminaliza la protesta social y se anula los derechos civiles de la ciudadanía. Por otro lado, existe a nivel nacional una gran variedad de procesos sociales que luchan por una reorganización de la sociedad desde abajo y de resistencia frente al despojo que sufren. Destaca en especial la lucha de los pueblos indígenas.

En el contexto estatal existe un gran desencanto después de tres años de Gobierno. No hubo alternancia ni mucho menos transformación. Lo que hay es un pluralismo autoritario de grupos que se pelean el poder. Si bien es cierto que en el ámbito de la legislación y las instituciones de los derechos humanos hubo cierta apertura, eso contrasta con una realidad de múltiples violaciones a los derechos humanos y agresiones a las y los defensores mismos. A tres años se ha incrementado la violencia de género y feminicida. Aumenta la represión en contra de los pueblos en resistencia contra los megaproyectos en varias regiones del estado. Todo ello enfrenta la resistencia de una gran diversidad de organizaciones que realizan innumerables y continuas movilizaciones en la sociedad oaxaqueña, pero no se ha logrado una eficaz articulación conjunta de sus propuestas y demandas a mediano y largo plazo ni construir una agenda de transformación profunda en Oaxaca.

Las principales reflexiones y resultados de este Encuentro se resumen en los siguientes:

EJES DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD

1.- EL TERRITORIO está amenazado. Empresas, gobiernos, grupos políticos y el crimen organizado quieren tomar el control de nuestros territorios. Tenemos una gama de actores como son las empresas mineras. En la región de los Valles Centrales, Tlacolula y Ocotlán, 8 de cada 10 hectáreas están concesionadas. Otras regiones afectadas son la Sierra Sur y Costa oaxaqueña, en donde 120 mil hectáreas están concesionadas. También en el Istmo está la minería, no sólo los 20 proyectos eólicos, en donde el gobierno se refiere a ellos como energía limpia. Asimismo, se quiere imponer los proyectos hidroeléctricos, como la presa “Paso de la Reyna”. Con los megaproyectos, la economía regional empieza a deteriorarse, se destruye la forma de vida de los pueblos. Es importante recalcar que también son una amenaza los pagos por servicios ambientales, ya que son la introducción a la reserva de la biosfera que despoja a los pueblos de sus territorios. Una de las amenazas más grandes es la introducción de maíz transgénico porque representa un ataque frontal contra el fundamento de nuestra vida y nuestra cultura.

2.- DERECHOS HUMANOS.- Se ha incrementado de manera alarmante la violencia contra las mujeres y los feminicidios. En cuanto al asesinato de la compañera Sobeida Cruz Martínez, de UCIZONI, cometido el pasado 24 de febrero, hasta la fecha no se perfila un debido proceso en la captura de los responsables. Existe impunidad en los casos del asesinato de Bety Cariño y de la desaparición de las hermanas triquis, Daniela, Virginia y Belén Ramírez Ortiz. Hubo agresión, hostigamiento, encarcelamiento y tortura a jóvenes y niños de CODEP que se manifestaban en contra de las reformas estructurales. En cuanto al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y pueblos indígenas destaca el caso COPUDA, en el cual la CONAGUA no ha aceptado el fallo del tribunal para que las comunidades sean consultadas con respecto al decreto de veda. En San Mateo del Mar existe ingobernabilidad puesto que no hay seguridad pública, existe la imposición de la autoridad actual, hay hostigamientos, intimidaciones, amenazas y la exigencia de una elección extraordinaria. Existe una gran diversidad de conflictos en Huilotepec, Amoltepec, San Juan Maztlán, San Miguel del Puerto, San Pedro Mártir, Río Grande, entre otros conflictos que están generando violaciones a los derechos humanos.

3.- REFORMAS.- La iniciativa de Reforma a la Ley Agraria, bajo el pretexto de lograr “un campo moderno, exitoso y altamente rentable”, abre totalmente la puerta a la privatización de ejidos y comunidades, argumentando que estos derechos impiden el dominio pleno, y que ante la falta de titulación, los ejidos y comunidades se han estancado y por ello no fluye el crédito y el capital. En realidad no es más que el intento de destruir la propiedad social de la tierra. Reforma Telecomunicaciones.- Existe en México un duopolio férreo que controla la radiodifusión y las telecomunicaciones, aunado a altos costos en telefonía y un alto grado de violencia contra las y los periodistas, así como graves obstáculos para ejercer el derecho a la libre expresión. Hoy en día múltiples voces se pronuncian porque se incluya en la legislación el derecho de los pueblos indígenas a sus medios de comunicación propios. Reforma Educativa.- La reforma educativa es parte de un proyecto mayor de transformaciones económicas y políticas del país en beneficio de las grandes corporaciones. Esta reforma puede traer consecuencias graves para las comunidades rurales e indígenas como: una evaluación inapropiada al contexto de los alumnos; se privilegia a maestros “más urbanos”, con un mayor desapego a las necesidades de las comunidades; de igual forma a las familias les afectaría con la autorización de “contribuciones voluntarias”, para el mantenimiento y funcionamiento de las escuelas; se privilegia que las empresas privadas vendan cada vez más “bienes y servicios” para la educación, y se reduce la capacidad de gestión autónoma y de control comunitario sobre los espacios escolares. En suma, lo que está seriamente amenazado es el patrimonio educativo del país y el derecho a una educación básica, laica, gratuita y de calidad para los niños y jóvenes de México, especialmente en el ámbito rural e indígena.

Aunado a todo esto, se aproxima la peor de todas las reformas estructurales: la inminente firma del Tratado Transpacífico, que implicaría que el gobierno de la república acepte que las normas del tratado estén por encima de las constituciones de los países firmantes.