Desde el 1° de diciembre de 2012, fecha de la llegada a Los Pinos de Enrique Peña, los gobiernos federal y capitalino han venido ejecutando una nueva estrategia represiva que, de manera sistemática y con premeditación y alevosía, se basa en la utilización del agente provocador para generar una violencia caótica y fabricar delitos de diseño (ilícitos provocados), como vía para criminalizar la protesta social e intentar inhibir, mediante los golpes, los gases, la cárcel y el miedo, derechos civiles, entre ellos, el derecho a la manifestación pública civil pacífica.
La mecánica represiva exhibió un mismo patrón en las acciones policiales del 1° de diciembre del año pasado, y los días 10 de junio, 1° y 13 de septiembre y 2 de octubre de 2013: pequeños grupos irregulares, integrados por jóvenes, algunos encapuchados, se infiltran entre manifestantes pacíficos y cometen actos vandálicos (rompen vidrieras, saquean comercios y destruyen vehículos) y de violencia extrema contra policías, que parecen responder a un guión represivo prefabricado, que incluye el encapsulamiento, por fuerzas antidisturbios, de marchistas que no participan en las trifulcas, que son golpeados, detenidos de manera arbitraria (incluso por policías de civil), criminalizados y juzgados al vapor en procesos anómalos por los delitos de ultrajes a la autoridad, daño a la propiedad, pandillerismo y ataques a la paz pública.
