Resulta paradójico que precisamente un partido que lleva en
su nombre el tema ambiental, el Partido Verde, esté empeñado en imponer
precipitadamente y sin mayor análisis una nueva Ley General para el Desarrollo
Forestal Sustentable que de aprobarse como proponen sus diputados, contribuirá
al proceso de deterioro de los bosques y selvas de nuestro país y perjudicará a
las comunidades que habitan en esos territorios.
El manejo de los territorios forestales por parte de las
comunidades, cuando se hace de manera sustentable, es una de las estrategias
más efectivas para mantener a los bosques sanos y garantizar su conservación,
además de constituir una oportunidad muy valiosa, única, para el desarrollo y
bienestar de las comunidades.
Pero el manejo forestal sustentable y las empresas
forestales comunitarias requieren un marco legal que establezca condiciones
para su desarrollo y competitividad. El marco legal actual bloquea a las
empresas forestales comunitarias, conculca derechos de las comunidades a
decidir sobre su territorio, establece trabas y barreras contraproducentes,
erosiona la gobernanza, criminaliza a los productores legales y en los hechos
favorece la ilegalidad y el cambio de uso de suelo forestal, provocando que el
bosque se derribe y la tierra se dedique a otras actividades. Eso ha ocurrido
durante décadas y hasta la fecha se siguen perdiendo cientos de miles de hectáreas
de bosque en nuestro país, precisamente por estos motivos.
