Gobierno federal reitera su apoyo a Ley de Seguridad Interior

El gobierno federal emitió un posicionamiento para reiterar su apoyo a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se discute esta tarde en el Pleno del Senado y consideró importante que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las Fuerzas Armadas.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República aseguró que la iniciativa busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las Fuerzas Armadas y consideró que esto permitirá fortalecer los esfuerzos reforzar a las policías locales.

El gobierno federal aseguró que el proyecto de ley deja clara la importancia del respeto a los derechos humanos y “facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegurando que el papel de las fuerzas armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable”.

Respuesta al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos: 

Al mismo tiempo en que el Poder Ejecutivo federal emitió un comunicado apoyando a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, recordó que el 5 de diciembre pasado respondió al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, quien ha pedido que no se apruebe la ley.

Un día después de que el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein pidiera rechazar la Ley de Seguridad Interior, la SRE, la Segob y la PGR le enviaron una carta manifestando “gran sorpresa” por el pronunciamiento y lamentando que el organismo internacional no tomara en cuenta las amenazas a la seguridad interior de México.

En el tercer punto de la misiva el gobierno federal asegura que los retos que enfrenta México en materia de seguridad interior son causados por Estados Unidos.

La existencia del mercado de drogas ilícitas más grande del mundo, la persistencia deltráfico ilícito de armas de alto poder y la decisión del gobierno de Estados Unidos de desviar hacia México el flujo de drogas ilícitas proveniente del sur del continente son, según el gobierno federal, los factores principales que amenazan la seguridad interior del país.

“Bajo esas condiciones, es sumamente difícil que las policías municipales y estatales hagan frente a la incidencia delictiva y a la violencia que las organizaciones criminales han desatado, por lo cual el estado mexicano ha tenido que convocar como último recurso, el auxilio de sus Fuerzas Armadas. En ningún caso su actuación suplanta a las autoridades civiles legítimamente constituidas”, de acuerdo con la carta.

Fuente: Aristegui Noticias

Renuncia el procurador carnal sorpresivamente!!!

De forma sorpresiva, Raúl Cervantes renunció este lunes a su cargo como procurador general de la República, tras meses de polémica pues organizaciones sociales denunciaron la intención política de que él se convirtiera automáticamente en el Fiscal General, con un periodo de 9 años en el cargo, lo que prendía las alertas por una posible protección transexenal, debido a su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI.

El anuncio lo hizo durante la reunión este día con la Junta de Coordinación Política del Senado.

Debido a su salida ya no se convertiría en el Fiscal de la República si persiste el pase automático.

En su mensaje a senadores, dijo que él no tiene “ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, por lo que “a efecto de no detener más las urgentes leyes que México necesita, he decidido enviar al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado mi renuncia irrevocable”. 

Fuente y nota completa: Aristegui Noticias.

La Basura en su Lugar

Las empresas Epccor y Aldesa, constructores del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, han declarado que el socavón que llevó a los señores Juan Mena López y Juan Mena Romero a su muerte la semana pasada fue ocasionado por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias. De la misma manera, Miguel Ángel Mancera ha querido recubrir su ineptitud echando la culpa por las históricas inundaciones en la Ciudad de México a la acumulación de basura en el sistema de drenaje de la capital.

La salida más fácil para las autoridades siempre será echar la culpa a las víctimas de cualquier desastre. Hace unos días, el gobernador Héctor Astudillo culpó a los mismos presos por la violenta muerte de 28 internos en la cárcel de Acapulco, en lugar de asumir su responsabilidad legal como mando superior sobre el sistema de readaptación social del estado de Guerrero. A Felipe Calderón le gustaba afirmar, sin dato empírico alguno que lo respaldara, que 90 por ciento de los ejecutados durante su irresponsable, asesino y criminal guerra contra las drogas, serían narcotraficantes y, por ello, supuestamente merecerían su mortal castigo. Y Lorenzo Córdova aprovecha cualquier oportunidad para echar la culpa a la desconfianza ciudadana por la enorme crisis democrática que hoy vivimos.

Las autoridades públicas existen precisamente para anticipar, planear y prevenir las consecuencias trágicas de las elecciones individuales de los ciudadanos y de los fenómenos naturales. Si no son capaces de cumplir con su trabajo la única salida es su renuncia inmediata.

En Guerrero, la autoridad al parecer no sirve de absolutamente nada. Si el gobernador no es capaz de imponer el orden y el estado de derecho dentro de un espacio totalmente vigilado donde cada movimiento es supuestamente observado y controlado, se evidencia como un perfecto inútil. Una disputa entre internos solamente genera docenas de decapitados dentro de un contexto de total ingobernabilidad. ¿Dónde consiguieron los internos sus armas? ¿Quién mandaba en la cárcel?

#hoy no respire o el fracaso del plan

Tenemos una semana asfixiados por una contingencia ambiental. Es un récord en cuanto a duración.

Se suponía que esto no debería suceder. Hace un año, el secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, presentó un plan para evitarlo.

Estos son algunos puntos:

1. Inversión de más de 11 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura y modernización de unidades de transporte público.
2. Apoyo inmediato de Nafin para la sustitución de mil taxis por vehículos híbridos.
3. Nuevo programa ProAire, para la capital y entidades vecinas.
4. 200 unidades de salud en las ciudades donde los índices de contaminación sean elevados.
5. Siembra de 18 millones de árboles a fin de levantar barreras ‘‘rompevientos’’ en el norte y oriente del valle de México.

¿Por qué están matando periodistas?

¿Por qué están matando periodistas? No están asesinando a granel, los periodistas del círculo de amigos del gobierno reciben mimos y protección. Asesinan a los que pertenecen al pequeño grupo que se atreve a criticar o denunciar. 

Si estamos claros en esto, no es difícil contestar la pregunta: ejecutan periodistas para meter miedo, para silenciar a los demás. No quieren que haya información sobre los negocios de la delincuencia y la clase política. 

La estadística es horrenda: en marzo tres fueron asesinados en Guerrero, Veracruz y Chihuahua. En abril cayó uno más en Baja California Sur. Ayer se registró otro caso en Sinaloa. 

Todas las víctimas son igualmente lamentables, pero debo destacar que dos eran compañeros nuestros: Miroslava Breach Velducea, de Chihuahua, y Javier Valdez Cárdenas, de Sinaloa. 

Vale mencionar también el incidente ocurrido la semana anterior, cuando siete reporteros fueron interceptados por unos 100 hombres armados sobre la carretera federal 51 en Guerrero. Se los llevaron, los amenazaron y los despojaron de sus equipos. 

Peña Nieto escribió en Twitter: ‘‘Reitero nuestro compromiso con la libertad de expresión y prensa, fundamentales para nuestra democracia’’. Sería creíble tal vez si sus palabras vinieran acompañadas por la destitución, al menos, de los responsables de la seguridad del país: el secretario de Gobernación y el procurador general de la República. Si no es así, y no es, suenan huecas. 

Hacienda dice que “carece de competencia” para investigar operación en Edomex

Paulo Díez denunció que en las cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México aparecieron mil 600 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió al abogado Paulo Díez que “carece de competencia para recibir denuncias por hechos delictivos; así como para realizar una investigación” sobre una operación de “probable lavado de dinero” por mil 600 millones de pesos en el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.

Los desaparecidos no son prioridad para el Legislativo

Mucho se ha responsabilizado, y con razón, a los ejecutivos estatales y al presidente del absoluto caos que se vive en el país. Las agendas urgentes se acumulan: desigualdad, seguridad, impunidad, corrupción, víctimas y crecimiento.

De manera irresponsable no se ha puesto la lupa, como se debería, sobre los poderes legislativo y judicial, en buena medida por los escándalos mediáticos que han atrapado a buena parte de la sociedad y los medios en torno a la corrupción. Incluso se ha discutido mucho sobre las reformas que intenta hacer Trump. La agenda legislativa nacional ha transitado en la oscuridad. Algunos rayos de luz se arrojan cuando se trata de nombramientos y de la legislación del sistema Nacional Anticorrupción.

Si hay una ley que era urgente desde hace décadas es la de personas desaparecidas. Más de dos años de discusiones, foros, expertos, análisis, recomendaciones, negociaciones y una vez más no se aprobó la Ley General de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

El Senado aprobó la ley y quedó congelada en diputados. Sin embargo, lo aprobado no es lo que se requiere. Una vez más se legisla por aproximaciones sucesivas. En lugar de apegarse a los estándares internacionales se decide sacar una versión que “transite” entre las fuerzas políticas. Que no afecte intereses, que no rompa el círculo perverso de la impunidad. Se coloca a las y los desaparecidos, que en cuentas conservadoras rondan los 30 mil y que según colectivos podría llegar a doscientos mil, dentro de los cálculos políticos.

Pemex entregó a Odebrecht contratos millonarios entre 2010 y 2014

Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a la empresa brasileña Odebrecht cuatro contratos con un valor superior a los 4 mil 842 millones de pesos entre 2010 y 2014, cifra que puede aumentar debido a que los costos del proyecto Etileno XXI se reservaron en su totalidad.

Lo anterior se desprende de las versiones públicas que Pemex difundió este miércoles en su página de internet, luego del escándalo de corrupción que ha sacudido al gigante brasileño de la construcción que repartió sobornos entre funcionarios mexicanos por más de 10 millones de dólares, según documentos que han sido dados a conocer por fiscales de Brasil.

Sin embargo, Pemex omitió datos esenciales de los contratos otorgados a Odebrecht, incluido el costo total de la obra que iba a realizar la constructora carioca en el proyecto Etileno XXI, una planta petroquímica ubicada en Coatzacoalcos que obligó a cancelar otros proyectos de la paraestatal en el mismo rubro.

De hecho, el contrato para el suministro de gas Etano celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica con la empresa Braskem S.A, filial de Odebrecht, y sus socios mexicanos de Grupo IDESA S.A de C.V, omite prácticamente todos los datos sobre costos y tiempos de la obra, así como el precio preferencial que Pemex le dio al consorcio brasileño para el suministro de gas etano.

La reserva de la información incluye el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las subsidiarias de Pemex y de la propia Odebrecht, la dirección y hasta el folio de Registro Mercantil de las empresas involucradas con este caso. Ni siquiera aparecen los nombres de los representantes legales de ambas partes.

El contrato celebrado entre las subsidiarias de Pemex con Braskem S.A y Grupo IDESA se firmó el 19 de febrero de 2010, consta de 50 hojas y tiene testados o eliminadas las siguientes partes: garantías de pago, normas de calidad, volúmenes de venta y el precio preferente que Pemex acordó dar a las filiales de Odebefrecht durante los últimos cuatro años.

Reportan 4 muertos en municipio indígena de Arantepacua

Al menos cuatro indígenas muertos, diez más detenidos y siete policías heridos es el saldo que hasta la noche del miércoles dejó un enfrentamiento a balazos que sostuvieron agentes policíacos y habitantes del poblado purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.

Javier Martínez, vocero de la comunidad indígena, reveló que al interior de la comunidad hay cuatro habitantes muertos, por lo que los pobladores se mantienen atrincherados.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) solo dio fe del cadáver de un indígena que murió en el Hospital Regional de Uruapan, toda vez que no ha podido ingresar a Arantepacua para tratar de confirmar la existencia de más víctimas.

El gobierno de Silvano Aureoles Conejo precisó que tras el enfrentamiento fueron detenidos 10 indígenas, presuntamente en poder de 15 rifles y pistolas. El choque armado se desató cuando más de 400 policías, encabezados por Fidel Ortiz Barragán, director de Seguridad Pública estatal, ingresaron a Arantepacua para recuperar 19 vehículos que retuvieron los indígenas por la detención de 38 comuneros, ocurrida la noche del martes.

La intervención se realizó mientras 13 comuneros y el alcalde de Nahuatzen, Miguel Prado Morales, sostenían un encuentro con Armando Hurtado Arévalo, subsecretario de Gobierno, en el Palacio de Gobierno en Morelia, donde se negociaba el intercambio de los vehículos y los 38 indígenas.

Los 38 pobladores fueron detenidos la noche del martes en Morelia tras salir de una primera reunión de la comunidad con Armando Hurtado, también en el Palacio de Gobierno, para exigir la intervención del Ejecutivo en el conflicto que el poblado mantiene con habitantes de Capácuaro, en Uruapan, por la tenencia de 400 hectáreas de tierra. Los indígenas fueron acusados de viajar en un autobús que tomaron por la fuerza, luego de incendiar una camioneta sobre la carretera Uruapan-Pátzcuaro, donde agentes antimotines evitaron el paso de tres autobuses más que pretendían arribar ese día a la residencia oficial Casa de Gobierno.

De acuerdo a las versiones de los comuneros, al salir de la ciudad de Morelia sobre la carretera a Pátzcuaro, fueron interceptados por elementos de la policía estatal quienes los bajaron del autobús y los trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE).

Corte inicia debate de la "Ley Atenco"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el debate para analizar la constitucionalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, norma que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal en la materia y hasta por el propio Congreso estatal.

En el primer día de análisis, el ministro ponente del caso, Alberto Pérez Dayán, presentó la primera parte de su proyecto de resolución en el que se plantea invalidar una porción del artículo 40 de la norma referente a que la fuerza pública se puede utilizar como primera opción para atender contingencias del estado.

Su propuesta también señala que el artículo 14 de la norma referente al uso de armas para disolver una manifestación es constitucional, siempre y cuando se ajuste a la normas que impone la Carta Magna en materia de respeto a los derechos humanos, a que exista un riesgo para la vida o bienes de terceras personas y a que no se haga un uso indiscriminado de ese mismo armamento.

Sin embargo, el primer día de debate no se centró en estos puntos que serán tema de discusión en las próximas sesiones, sino en la legitimidad del Congreso del Estado de México para impugnar con una acción de inconstitucionalidad una ley que ellos mismos aprobaron.

El ministro Pérez Dayán recordó que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México, conocida también como Ley Atenco o Ley Eruviel, fue aprobada por el 68 por ciento de los diputados locales mexiquenses, por lo que solicitó declararla improcedente y desecharla sin revisar los argumentos de la misma.

Consideró que no tiene sentido que los legisladores locales sometan a consulta de la Suprema Corte la constitucionalidad de una norma que ellos mismos pueden modificar haciendo uso de la mayoría legislativa que tiene ese 68 por ciento en el Congreso estatal.

Incluso, consideró que si la Corte legitimará la impugnación del Congreso mexiquense, el Pleno del Máximo Tribunal estaría actuando como un legislador positivo, es decir, que ejercería una labor similar a la de un diputado local al validarlo que a su juicio, representa una simple consulta del Poder Legislativo del Estado de México.