Mucho se ha responsabilizado, y con razón, a los ejecutivos estatales y al presidente del absoluto caos que se vive en el país. Las agendas urgentes se acumulan: desigualdad, seguridad, impunidad, corrupción, víctimas y crecimiento.
De manera irresponsable no se ha puesto la lupa, como se debería, sobre los poderes legislativo y judicial, en buena medida por los escándalos mediáticos que han atrapado a buena parte de la sociedad y los medios en torno a la corrupción. Incluso se ha discutido mucho sobre las reformas que intenta hacer Trump. La agenda legislativa nacional ha transitado en la oscuridad. Algunos rayos de luz se arrojan cuando se trata de nombramientos y de la legislación del sistema Nacional Anticorrupción.
Si hay una ley que era urgente desde hace décadas es la de personas desaparecidas. Más de dos años de discusiones, foros, expertos, análisis, recomendaciones, negociaciones y una vez más no se aprobó la Ley General de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
El Senado aprobó la ley y quedó congelada en diputados. Sin embargo, lo aprobado no es lo que se requiere. Una vez más se legisla por aproximaciones sucesivas. En lugar de apegarse a los estándares internacionales se decide sacar una versión que “transite” entre las fuerzas políticas. Que no afecte intereses, que no rompa el círculo perverso de la impunidad. Se coloca a las y los desaparecidos, que en cuentas conservadoras rondan los 30 mil y que según colectivos podría llegar a doscientos mil, dentro de los cálculos políticos.
Esta ley aprobada en el Senado no cuenta con el respaldo de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, expertos nacionales y extranjeros. En el mejor de los casos se acepta esta ley como algo mejor que el no tener ley, pero se tendrá que seguir reformando. Se trata de una ley que se queda muy corta ante la gravedad de la situación, ante un territorio en el que abundan las fosas clandestinas y las zonas de exterminio.
Después de la Guerra sucia no se hizo nada. No se creó marco normativo, no se crearon capacidades institucionales, no se logró la independencia de los servicios forenses, periciales ni de administración de justicia, no se realizaron búsquedas de los desaparecidos, no se castigó a los responsables, no se reparó a las víctimas, no se realizaron procesos de memoria y verdad. Décadas después lo estamos pagando. Lo hasta ahora logrado se debe a la presión de los familiares de los desaparecidos y no a la voluntad de la clase política.
La ley asigna responsabilidades a quienes oculten, incineren, sepulten o destruyan restos humanos. Esto deben tomarlo en cuenta varios gobiernos. Lo que realizan varias fiscalías, entre ellas la de Morelos, es desaparición forzada.
La desaparición como fenómeno aislado es un crimen continuo. Sin embargo, sobre México todos los diagnósticos coinciden en que es un fenómeno generalizado. Como tal, se trata de crímenes de lesa humanidad y ningún crimen internacional prescribe. En cualquiera de los dos casos que senadores hayan incorporado la no prescripción no es un logro, simplemente se apegan a las normas que la Constitución reconoce en el artículo primero.
Uno de los estándares internacionales excluido es el de la responsabilidad de los superiores jerárquicos. De nuevo se pretende responsabilizar a los niveles bajos. Ante un fenómeno generalizado la responsabilidad debe ascender hasta llegar a los que lo ordenan o a los que sabiendo que ocurre no realizan nada por detenerlo y castigarlo. En los casos de desapariciones por parte del crimen organizado, estas ocurren dada la enorme colusión que hay con las autoridades. Sí, la responsabilidad es del Estado. Ante las desapariciones, la frase fue el Estado es correcta.
Las instancias creadas para la búsqueda carecen de la independencia y recursos necesarios. No se permite la búsqueda en campos militares. Esto resulta absurdo ya que, de menos, los casos de Guerra sucia podrían resolverse allí.
De menos está la ley, el tipo penal de desaparición forzada según estándares internacionales y la declaración de ausencia. El resto parece un nuevo caso de simulación que impedirá resolver de manera adecuada la grave crisis que sufre el país. Los procesos de búsqueda son urgentes, la aparición de fosas no da tiempo para aplazar la ley.
Esta ley y tantas otras no tendrán sentido sin una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma. Esa es la madre de todas las batallas. Paralelamente se requiere un mecanismo internacional que colabore con el Estado mexicano en temas de corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos. El resto es retórica.
Fuente: Aristegui Noticias.
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