Las empresas Epccor y Aldesa, constructores del Paso Exprés
en Cuernavaca, Morelos, han declarado que el socavón que llevó a los señores
Juan Mena López y Juan Mena Romero a su muerte la semana pasada fue ocasionado
por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una
acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias. De la
misma manera, Miguel Ángel Mancera ha querido recubrir su ineptitud echando la
culpa por las históricas inundaciones en la Ciudad de México a la acumulación
de basura en el sistema de drenaje de la capital.
La salida más fácil para las autoridades siempre será echar
la culpa a las víctimas de cualquier desastre. Hace unos días, el gobernador
Héctor Astudillo culpó a los mismos presos por la violenta muerte de 28
internos en la cárcel de Acapulco, en lugar de asumir su responsabilidad legal
como mando superior sobre el sistema de readaptación social del estado de
Guerrero. A Felipe Calderón le gustaba afirmar, sin dato empírico alguno que lo
respaldara, que 90 por ciento de los ejecutados durante su irresponsable,
asesino y criminal guerra contra las drogas, serían narcotraficantes y, por
ello, supuestamente merecerían su mortal castigo. Y Lorenzo Córdova aprovecha
cualquier oportunidad para echar la culpa a la desconfianza ciudadana por la
enorme crisis democrática que hoy vivimos.
Las autoridades públicas existen precisamente para
anticipar, planear y prevenir las consecuencias trágicas de las elecciones
individuales de los ciudadanos y de los fenómenos naturales. Si no son capaces
de cumplir con su trabajo la única salida es su renuncia inmediata.
En Guerrero, la autoridad al parecer no sirve de
absolutamente nada. Si el gobernador no es capaz de imponer el orden y el
estado de derecho dentro de un espacio totalmente vigilado donde cada
movimiento es supuestamente observado y controlado, se evidencia como un
perfecto inútil. Una disputa entre internos solamente genera docenas de
decapitados dentro de un contexto de total ingobernabilidad. ¿Dónde
consiguieron los internos sus armas? ¿Quién mandaba en la cárcel?
En Morelos, no hay ninguna razón por la cual las bolsitas de
Sabritas aventadas por niños felices camino a Acapulco tendrían que terminar en
la muerte de dos ciudadanos ejemplares. Si México tuviera instituciones que
funcionaran, empresas con tan cuestionada reputación como Epccor y Aldesa jamás
hubieran recibido el contrato multimillionario del Paso Express. Y, si por
azares del destino, estas empresas resultaran ganadores de la licitación, algún
funcionario de la Secretaría de Comunicación y Transportes hubiera revisado
escrupulosamente la calidad de la obra entregada, así como dado un
mantenimiento riguroso a las alcantarillas. Y, finalmente, después de que Juan
Mena y su hijo cayeran al hoyo, alguna autoridad los hubiera rescatado
inmediatamente, en lugar de dejarlos solos para morir lentamente de asfixia,
casi dos horas después del accidente.
De la misma manera, Lorenzo Córdova y los consejeros
electorales tanto del INE como del IEEM están generando un enorme socavón en
nuestra supuesta democracia. Su complicidad absoluta con uno de los fraudes
electorales más grandes y evidentes en la historia cometido el pasado 4 de
junio en el estado de México por Alfredo del Mazo, los pinta de cuerpo entero.
El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Eduardo Gurza,
tendría que abstenerse de cualquier intervención en este caso por su evidente
conflicto de interés con el candidato. En su lugar, se debería crear una
comisión especial integrada por ciudadanos de intachable trayectoria y
reputación para revisar todas las cuentas de la elección.
Los ciudadanos no podemos esperar ninguna ayuda de parte de
las autoridades. Nadie nos salvará. Tal y como ocurrió después del terremoto de
1985, nosotros mismos tendremos que escarbar nuestro camino de escape. Sólo el
pueblo puede salvar al pueblo.
Tienen razón tanto los constructores del socavón express
como quien se ostenta como jefe de Gobierno: la basura a su lugar.
Fuente: John M. Ackerman - La Jornada.
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