Con una votación de 38 a
favor, 6 en contra y 1 abstención, la Asamblea Legislativa aprobó que se
apliquen sanciones de seis a ocho años de prisión, a todos aquellos que
durante una manifestación agredan o provoquen lesiones que pongan en
riesgo la vida de los uniformados.
La Asamblea Legislativa
avaló el martes que se aumenten hasta en 50 por ciento las penas de los
delitos de lesiones dolosas y homicidio contra policías que vigilan mítines, manifestaciones o actos públicos de esparcimiento, deportivos o recreación.
Según los cambios al Código Penal para el Distrito Federal, las penas
contempladas para actos ilícitos como robo y daños a la propiedad,
aumentarán a la mitad cuando los cometan manifestantes que participen en algún mitin, manifestación, plantón, marcha o actos públicos.
Actualmente, el Código Penal señala que se impondrán de ocho a 20 años de prisión a quien “prive de la vida a otro”, por lo que el manifestante que asesine a un policía que vigile una concentración pública recibirá hasta 30 años de cárcel.
También están vigentes las sanciones de hasta ocho años de prisión a
quien provoque lesiones que pongan en riesgo la vida de alguien, por lo
que el participante en alguna concentración pública que agreda a un
elemento policial podría recibir hasta 12 años de cárcel.
Además, el Código Penal impone de tres meses a un año de prisión o de
30 días a 90 días de multa a quien “se apodere de una cosa ajena sin
consentimiento del dueño o legítimo poseedor”, y con esta reforma la
sanción será de hasta 18 meses de cárcel a quien cometa ese acto ilícito
al amparo de cualquier concentración.
Al hablar a favor de estas medidas, el diputado del PRD, Arturo
Santana Alfaro, afirmó que no se pretende criminalizar la protesta
social, sino castigar los actos violentos en las concentraciones
públicas y sancionar a quienes se dicen manifestantes y sólo generan
disturbios.
A su vez, el también diputado perredista, Antonio Padierna Luna,
sostuvo que la intención de esas reformas es que “ningún provocador se
infiltre en los movimientos sociales, lo que no significa limitar el
derecho a la libertad de expresión y de manifestación”.
“No queremos que se saqueen tiendas ni que se destruyan hoteles ni lugares históricos,
tampoco que se abuse del ejercicio de los derechos fundamentales, ni
violentos que generan violencia y se esconden y buscan la protección en
los derechos humanos”.
En tanto, el también diputado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Alejandro Ojeda, rechazó el dictamen, al señalar que
se pretende criminalizar la protesta social, y que los delitos que se
quieren maquillar ya están tipificados.
Finalmente, el pleno avaló en lo general dictamen con 37 votos a
favor, uno en contra y una abstención, y en lo particular modificó un
precepto del proyecto para eliminar las palabras “mítines y marchas”, y
quedar la definición de concentración pública, lo que fue avalado en lo
particular.
Fuente: Aristegui Noticias.
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