Sobre el alza en la tarifa del transporte y la lucha de clases.
Hay algunas cosas que nos gustaría destacar sobre el transporte "público" en esta ciudad:
El transporte público está en gran medida privatizado: se utiliza el modelo de subrogación, que en pocas palabras consiste en que el Estado da concesiones a particulares para que brinden el servicio, dicho claramente, para que exploten el negocio. Esto tiene varias consecuencias. Resaltamos dos:
1.- El modelo subrogado necesariamente infla las tarifas, pues además del salario del chofer y los insumos necesarios para el funcionamiento de las unidades de transporte, debe agregarse a la tarifa la ganancia de los dueños, que son una especie de capitalistas: compran fuerza de trabajo (capital variable) y poseen los medios de producción (capital constante). La tarifa está pensada en permitirle a esos capitalistas recuperar lo que invierten en los sueldos (bajos, claro está) y en el mantenimiento y funcionamiento de las unidades (deficiente, por cierto). Pero además los dueños deben obtener una ganancia (no existe transparencia sobre este punto, nadie sabe cuánto ganan los subrogatarios, es una forma de eludir la crítica).
2.- El modelo subrogado no garantiza que un servicio tan básico como el del transporte público se preste: en el pasado los subrogatarios, haciendo frente con los explotados choferes, han extorsionado a las autoridades para que haya aumentos en la tarifa. Esa extorsión ha incluido paros en el servicio, que la autoridad ha enfrentado habilitando patrullas y vehículos gubernamentales. En poca palabras, la cesión a particulares del servicio para convertirlo en un negocio incapacita al Estado a garantizar el transporte a la población. El lucro en el transporte, como el lucro en la educación o el lucro en los servicios de salud, vicia los objetivos básicos, llegando a extremos de que esos servicios sean pésimos o incluso se suspendan con tal de lograr los objetivos lucrativos.
La Comisión de Tarifas, que se supone debe discutir y determinar los precios en el transporte público, no incluye representación ciudadana. Incluye, sin duda, a los subrogatarios y a los gobiernos municipales. Pero como representantes de la "sociedad civil" se tiene a la FEU (brazo estudiantil del padillismo ligado al PRI) y a organismos empresariales. No se piensa siquiera en incluir un mecanismo de consulta pública, que por lo menos nos acercaría a una democracia participativa y no meramente contemplativa. Las sesiones de dicha comisión, además, suelen realizarse en periodos vacacionales, anticipándose a las posibles protestas ciudadanas. Nuestros grandes demócratas han aprendido no a escuchar o consultar a la población sino a engañarla o esquivarla, cuando no reprimirla al aplicar políticas públicas lesivas para la economía de las grandes masas.
En el tema del transporte público tenemos un nítido ejemplo de la sociedad burguesa contemporánea: la explotación del obrero del transporte se deja de lado cuando él y el dueño hacen frente común en un esquema privatizado en contra de los intereses de los usuarios. El chofer no tiene muchas opciones en un contexto de precariedad laboral, sin sindicatos autónomos, sin muchas opciones de empleo alternas, sin puestos de trabajo seguros, sin salarios dignos. Hacer frente con el explotador es el camino individual más sencillo y el que le brinda beneficios inmediatos. Está desprovisto de conciencia de clase.
Tenemos entonces que el capitalista, dueño de los medios de producción y prestador del servicio gracias a los esquemas legales burgueses de subrogación, mantiene bajo control a los trabajadores que explota y puede, junto con ellos, buscar un aumento para repartir al obrero una pocas migajas y llevarse una mayor tajada. Con ese objetivo en mente tiene, por supuesto, una posición en un organismo como la comisión de tarifas para impulsar sus intereses. Si no lograse los aumentos, podría organizar boicots y paros en el transporte, desarticulando la ciudad entera. En resumen, los esquemas burgueses le permiten, primero, explotar un servicio que el Estado, controlado por políticos burgueses, decide subrogar. Y una vez teniendo el control del servicio, los mismos esquemas burgueses le permiten aumentar paulatina y constantemente las tarifas.
El Zeitgeist neoliberal consiste precisamente en ese "adelgazamiento del Estado", tan caro a los liberales ingenuos, que en su ideología ven enfrentada la libertad individual con el aparato estatal. Pero no piensan en el mercado, en el modo de producción capitalista, en la sociedad dividida en clases: el adelgazamiento del Estado no implica una libertad general sino sólo y primordialmente la libertad del burgués para lucrar con todos los bienes y servicios que el Estado deja de producir o brindar. Esto en detrimento de las masas, que de puestos de trabajo públicos, seguros y con prestaciones, son arrojadas al sector privado, donde encontrarán precariedad y explotación. Se trata de liberar áreas de la economía para el capital.
¿Qué hacer entonces? Una serie de cambios debería tener como objetivo de fondo revertir el modelo privado del transporte, depositando ese servicio bajo la tutela estatal, eliminando de la tarifa la parte que corresponde al dueño. Eliminando al explotador burgués del esquema, debería brindarse seguridad laboral al obrero del transporte, no sin exigirle eficiencia, no con objetivos de lucro sino de servicio público.
Todo podría comenzar con la exigencia más modesta de que se realice algún tipo de consulta pública, sacando del juego a la famosa Comisión de Tarifas, una camarilla que recoge todos los intereses, menos el de la ciudadanía.
La contienda del transporte público es una pequeña batalla en la lucha de clases.
El transporte público está en gran medida privatizado: se utiliza el modelo de subrogación, que en pocas palabras consiste en que el Estado da concesiones a particulares para que brinden el servicio, dicho claramente, para que exploten el negocio. Esto tiene varias consecuencias. Resaltamos dos:
1.- El modelo subrogado necesariamente infla las tarifas, pues además del salario del chofer y los insumos necesarios para el funcionamiento de las unidades de transporte, debe agregarse a la tarifa la ganancia de los dueños, que son una especie de capitalistas: compran fuerza de trabajo (capital variable) y poseen los medios de producción (capital constante). La tarifa está pensada en permitirle a esos capitalistas recuperar lo que invierten en los sueldos (bajos, claro está) y en el mantenimiento y funcionamiento de las unidades (deficiente, por cierto). Pero además los dueños deben obtener una ganancia (no existe transparencia sobre este punto, nadie sabe cuánto ganan los subrogatarios, es una forma de eludir la crítica).
2.- El modelo subrogado no garantiza que un servicio tan básico como el del transporte público se preste: en el pasado los subrogatarios, haciendo frente con los explotados choferes, han extorsionado a las autoridades para que haya aumentos en la tarifa. Esa extorsión ha incluido paros en el servicio, que la autoridad ha enfrentado habilitando patrullas y vehículos gubernamentales. En poca palabras, la cesión a particulares del servicio para convertirlo en un negocio incapacita al Estado a garantizar el transporte a la población. El lucro en el transporte, como el lucro en la educación o el lucro en los servicios de salud, vicia los objetivos básicos, llegando a extremos de que esos servicios sean pésimos o incluso se suspendan con tal de lograr los objetivos lucrativos.
La Comisión de Tarifas, que se supone debe discutir y determinar los precios en el transporte público, no incluye representación ciudadana. Incluye, sin duda, a los subrogatarios y a los gobiernos municipales. Pero como representantes de la "sociedad civil" se tiene a la FEU (brazo estudiantil del padillismo ligado al PRI) y a organismos empresariales. No se piensa siquiera en incluir un mecanismo de consulta pública, que por lo menos nos acercaría a una democracia participativa y no meramente contemplativa. Las sesiones de dicha comisión, además, suelen realizarse en periodos vacacionales, anticipándose a las posibles protestas ciudadanas. Nuestros grandes demócratas han aprendido no a escuchar o consultar a la población sino a engañarla o esquivarla, cuando no reprimirla al aplicar políticas públicas lesivas para la economía de las grandes masas.
En el tema del transporte público tenemos un nítido ejemplo de la sociedad burguesa contemporánea: la explotación del obrero del transporte se deja de lado cuando él y el dueño hacen frente común en un esquema privatizado en contra de los intereses de los usuarios. El chofer no tiene muchas opciones en un contexto de precariedad laboral, sin sindicatos autónomos, sin muchas opciones de empleo alternas, sin puestos de trabajo seguros, sin salarios dignos. Hacer frente con el explotador es el camino individual más sencillo y el que le brinda beneficios inmediatos. Está desprovisto de conciencia de clase.
Tenemos entonces que el capitalista, dueño de los medios de producción y prestador del servicio gracias a los esquemas legales burgueses de subrogación, mantiene bajo control a los trabajadores que explota y puede, junto con ellos, buscar un aumento para repartir al obrero una pocas migajas y llevarse una mayor tajada. Con ese objetivo en mente tiene, por supuesto, una posición en un organismo como la comisión de tarifas para impulsar sus intereses. Si no lograse los aumentos, podría organizar boicots y paros en el transporte, desarticulando la ciudad entera. En resumen, los esquemas burgueses le permiten, primero, explotar un servicio que el Estado, controlado por políticos burgueses, decide subrogar. Y una vez teniendo el control del servicio, los mismos esquemas burgueses le permiten aumentar paulatina y constantemente las tarifas.
El Zeitgeist neoliberal consiste precisamente en ese "adelgazamiento del Estado", tan caro a los liberales ingenuos, que en su ideología ven enfrentada la libertad individual con el aparato estatal. Pero no piensan en el mercado, en el modo de producción capitalista, en la sociedad dividida en clases: el adelgazamiento del Estado no implica una libertad general sino sólo y primordialmente la libertad del burgués para lucrar con todos los bienes y servicios que el Estado deja de producir o brindar. Esto en detrimento de las masas, que de puestos de trabajo públicos, seguros y con prestaciones, son arrojadas al sector privado, donde encontrarán precariedad y explotación. Se trata de liberar áreas de la economía para el capital.
¿Qué hacer entonces? Una serie de cambios debería tener como objetivo de fondo revertir el modelo privado del transporte, depositando ese servicio bajo la tutela estatal, eliminando de la tarifa la parte que corresponde al dueño. Eliminando al explotador burgués del esquema, debería brindarse seguridad laboral al obrero del transporte, no sin exigirle eficiencia, no con objetivos de lucro sino de servicio público.
Todo podría comenzar con la exigencia más modesta de que se realice algún tipo de consulta pública, sacando del juego a la famosa Comisión de Tarifas, una camarilla que recoge todos los intereses, menos el de la ciudadanía.
La contienda del transporte público es una pequeña batalla en la lucha de clases.
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