Pemex entregó a Odebrecht contratos millonarios entre 2010 y 2014

Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a la empresa brasileña Odebrecht cuatro contratos con un valor superior a los 4 mil 842 millones de pesos entre 2010 y 2014, cifra que puede aumentar debido a que los costos del proyecto Etileno XXI se reservaron en su totalidad.

Lo anterior se desprende de las versiones públicas que Pemex difundió este miércoles en su página de internet, luego del escándalo de corrupción que ha sacudido al gigante brasileño de la construcción que repartió sobornos entre funcionarios mexicanos por más de 10 millones de dólares, según documentos que han sido dados a conocer por fiscales de Brasil.

Sin embargo, Pemex omitió datos esenciales de los contratos otorgados a Odebrecht, incluido el costo total de la obra que iba a realizar la constructora carioca en el proyecto Etileno XXI, una planta petroquímica ubicada en Coatzacoalcos que obligó a cancelar otros proyectos de la paraestatal en el mismo rubro.

De hecho, el contrato para el suministro de gas Etano celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica con la empresa Braskem S.A, filial de Odebrecht, y sus socios mexicanos de Grupo IDESA S.A de C.V, omite prácticamente todos los datos sobre costos y tiempos de la obra, así como el precio preferencial que Pemex le dio al consorcio brasileño para el suministro de gas etano.

La reserva de la información incluye el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las subsidiarias de Pemex y de la propia Odebrecht, la dirección y hasta el folio de Registro Mercantil de las empresas involucradas con este caso. Ni siquiera aparecen los nombres de los representantes legales de ambas partes.

El contrato celebrado entre las subsidiarias de Pemex con Braskem S.A y Grupo IDESA se firmó el 19 de febrero de 2010, consta de 50 hojas y tiene testados o eliminadas las siguientes partes: garantías de pago, normas de calidad, volúmenes de venta y el precio preferente que Pemex acordó dar a las filiales de Odebefrecht durante los últimos cuatro años.

Reportan 4 muertos en municipio indígena de Arantepacua

Al menos cuatro indígenas muertos, diez más detenidos y siete policías heridos es el saldo que hasta la noche del miércoles dejó un enfrentamiento a balazos que sostuvieron agentes policíacos y habitantes del poblado purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.

Javier Martínez, vocero de la comunidad indígena, reveló que al interior de la comunidad hay cuatro habitantes muertos, por lo que los pobladores se mantienen atrincherados.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) solo dio fe del cadáver de un indígena que murió en el Hospital Regional de Uruapan, toda vez que no ha podido ingresar a Arantepacua para tratar de confirmar la existencia de más víctimas.

El gobierno de Silvano Aureoles Conejo precisó que tras el enfrentamiento fueron detenidos 10 indígenas, presuntamente en poder de 15 rifles y pistolas. El choque armado se desató cuando más de 400 policías, encabezados por Fidel Ortiz Barragán, director de Seguridad Pública estatal, ingresaron a Arantepacua para recuperar 19 vehículos que retuvieron los indígenas por la detención de 38 comuneros, ocurrida la noche del martes.

La intervención se realizó mientras 13 comuneros y el alcalde de Nahuatzen, Miguel Prado Morales, sostenían un encuentro con Armando Hurtado Arévalo, subsecretario de Gobierno, en el Palacio de Gobierno en Morelia, donde se negociaba el intercambio de los vehículos y los 38 indígenas.

Los 38 pobladores fueron detenidos la noche del martes en Morelia tras salir de una primera reunión de la comunidad con Armando Hurtado, también en el Palacio de Gobierno, para exigir la intervención del Ejecutivo en el conflicto que el poblado mantiene con habitantes de Capácuaro, en Uruapan, por la tenencia de 400 hectáreas de tierra. Los indígenas fueron acusados de viajar en un autobús que tomaron por la fuerza, luego de incendiar una camioneta sobre la carretera Uruapan-Pátzcuaro, donde agentes antimotines evitaron el paso de tres autobuses más que pretendían arribar ese día a la residencia oficial Casa de Gobierno.

De acuerdo a las versiones de los comuneros, al salir de la ciudad de Morelia sobre la carretera a Pátzcuaro, fueron interceptados por elementos de la policía estatal quienes los bajaron del autobús y los trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE).

Corte inicia debate de la "Ley Atenco"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el debate para analizar la constitucionalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, norma que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal en la materia y hasta por el propio Congreso estatal.

En el primer día de análisis, el ministro ponente del caso, Alberto Pérez Dayán, presentó la primera parte de su proyecto de resolución en el que se plantea invalidar una porción del artículo 40 de la norma referente a que la fuerza pública se puede utilizar como primera opción para atender contingencias del estado.

Su propuesta también señala que el artículo 14 de la norma referente al uso de armas para disolver una manifestación es constitucional, siempre y cuando se ajuste a la normas que impone la Carta Magna en materia de respeto a los derechos humanos, a que exista un riesgo para la vida o bienes de terceras personas y a que no se haga un uso indiscriminado de ese mismo armamento.

Sin embargo, el primer día de debate no se centró en estos puntos que serán tema de discusión en las próximas sesiones, sino en la legitimidad del Congreso del Estado de México para impugnar con una acción de inconstitucionalidad una ley que ellos mismos aprobaron.

El ministro Pérez Dayán recordó que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México, conocida también como Ley Atenco o Ley Eruviel, fue aprobada por el 68 por ciento de los diputados locales mexiquenses, por lo que solicitó declararla improcedente y desecharla sin revisar los argumentos de la misma.

Consideró que no tiene sentido que los legisladores locales sometan a consulta de la Suprema Corte la constitucionalidad de una norma que ellos mismos pueden modificar haciendo uso de la mayoría legislativa que tiene ese 68 por ciento en el Congreso estatal.

Incluso, consideró que si la Corte legitimará la impugnación del Congreso mexiquense, el Pleno del Máximo Tribunal estaría actuando como un legislador positivo, es decir, que ejercería una labor similar a la de un diputado local al validarlo que a su juicio, representa una simple consulta del Poder Legislativo del Estado de México.

Otro centavito de descuento a la gasolina

Si partimos de que México es el cuarto consumidor de gasolina en el mundo, y que tiene importantes reservas de petróleo, aunque Peña Nieto ya dio por muerta a la gallina de los huevos de oro, es difícil comprender que la producción de Pemex vaya en picada y, en cambio, aumenten las importaciones… a menos que el fenómeno se analice desde el punto de vista del jugoso negocio que están haciendo empresarios y políticos.

Por ahí algunos están haciendo millones gracias al acuerdo del PRI, el PAN y el PRD. Como se aprecia en la gráfica, el comercio de energía con Estados Unidos ha cambiado significativamente en los años recientes.

En 2016 la producción de gasolinas cayó en 325 mil barriles diarios, frente a un crecimiento de las importaciones, ya que fueron adquiridos a refinerías estadunidenses 504 mil barriles diarios, según datos del sistema de información de la Secretaría de Energía.

¡Imaginen la magnitud de las ganancias!

Y si no fuera suficiente, ahora el gobierno está entregando el mercado interno a empresarios que venden combustibles con sus propias marcas, lo que llevará a la muerte a la marca Pemex, sin que reciba ninguna compensación.

Daño al erario por más de 31 mil millones de pesos, solo en 2015

La Auditoría Superior de la Federación detectó observaciones o posible daño al erario por aproximadamente 165 mil millones de pesos en el gasto del gobierno federal, estados y municipios.

De ellos, 100 mil millones de pesos corresponden al gasto del Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos y 65 mil millones de pesos en el gasto federalizado que utilizaron los estados.

De la primera cifra referida, el auditor informó que el organismo realizó observaciones por 65 mil 194 millones de pesos a estados y la Ciudad de México, de los cuales 33 mil 449 millones de pesos corresponden a subejercicios del gasto y 31 mil 745 millones de pesos a violaciones normativas en las que se presume un posible daño al erario.

En suma, desde 2011, los gobiernos locales acumulan 216 mil 456 millones de pesos pendientes por solventar, señaló el informe de resultados de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna, alimenta la frustración social y mina la relación entre gobierno y ciudadano”, reconoció este miércoles el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez.

Un partido verde no tan verde!!!

Resulta paradójico que precisamente un partido que lleva en su nombre el tema ambiental, el Partido Verde, esté empeñado en imponer precipitadamente y sin mayor análisis una nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable que de aprobarse como proponen sus diputados, contribuirá al proceso de deterioro de los bosques y selvas de nuestro país y perjudicará a las comunidades que habitan en esos territorios.

El manejo de los territorios forestales por parte de las comunidades, cuando se hace de manera sustentable, es una de las estrategias más efectivas para mantener a los bosques sanos y garantizar su conservación, además de constituir una oportunidad muy valiosa, única, para el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Pero el manejo forestal sustentable y las empresas forestales comunitarias requieren un marco legal que establezca condiciones para su desarrollo y competitividad. El marco legal actual bloquea a las empresas forestales comunitarias, conculca derechos de las comunidades a decidir sobre su territorio, establece trabas y barreras contraproducentes, erosiona la gobernanza, criminaliza a los productores legales y en los hechos favorece la ilegalidad y el cambio de uso de suelo forestal, provocando que el bosque se derribe y la tierra se dedique a otras actividades. Eso ha ocurrido durante décadas y hasta la fecha se siguen perdiendo cientos de miles de hectáreas de bosque en nuestro país, precisamente por estos motivos.

Pesado, el pago de intereses de la deuda

Imagine a la UNAM con el triple del presupuesto que tiene hoy, con profesores e investigadores de primer mundo y con un número de estudiantes rechazados sustancialmente menor al actual. Y al Poli con aulas digitales y equipo de investigación de lo más moderno, y una réplica en Monterrey o Tijuana, la Ciudad Politécnica del Norte. Y becas de Conacyt generosas para que nuestros jóvenes que estudian en el extranjero no pasen hambres. (Los recursos manejados con absoluta corrección.) 

A pesar de que nos están despojando del petróleo, la luz y el gas, México tiene dinero suficiente para realizar ese sueño, pero quedará en eso, en sueño, porque debe pagar más de medio billón de pesos de intereses a los prestamistas anualmente. 

Es el costo financiero de una deuda cercana a 10 billones de pesos. Ese debería ser el tope, no endeudar más al país. Urge una reforma constitucional que imponga un límite al gobierno federal. E imponer límites también a los estados de la República.

Fuente y nota completa: La Jornada.

PRI va en alianza con Encuentro Social, Panal y PVEM

Este domingo se confirmó la coalición electoral entre el PRI y los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, para competir en las elecciones del 4 de junio en el Estado de México.

Los 4 institutos políticos establecieron un programa coincidente de 10 puntos.

“El primer tema es la gobernanza y la participación ciudadana. Segundo, seguridad y justicia. Tercero, crecimiento económico y empleo de calidad. Cuarto, desarrollo e inclusión social. Quinto, una sociedad digital para todos.

“Sexto, educación de calidad efectiva. Séptimo, medio ambiente y sustentabilidad. Octavo, equidad de género e igualdad de oportunidades. Noveno, oportunidades y retos de la juventud. Y décimo, desarrollo regional incluyente”, puntualizó el dirigente priista Enrique Ochoa.

El presidente del PRI subrayó que el convenio de coalición signado establece el compromiso de que se postulará a la candidata o al candidato que resulte del proceso interno priista.

Destacó que los cuatro partidos políticos analizarán de manera puntual los perfiles de los aspirantes que han sido mencionados ampliamente en el Estado de México.

“Participarán los más honorables, con mayor arraigo en sus comunidades y que garanticen la continuidad y el avance de las soluciones económicas, políticas, sociales y culturales, para el beneficio de las y los mexiquenses.

Seis balazos por defender el bosque

Isidro Baldenegro sabía que lo iban a matar. Probablemente a balazos, como hicieron con su padre en 1986, empeñado en preservar las tierras ancestrales de su comunidad tarahumara, un grupo indígena de Chihuahua (norte de México). Este domingo, el cuerpo de Baldenegro enfrentó hasta seis impactos de bala, según las autoridades. Había ido a esconderse a una casa remota de la sierra por las decenas de amenazas de muerte que había acumulado. El que recibiera en 2005 el prestigioso premio Goldman, ha sido asesinado brutalmente por defender el bosque. Es el segundo líder ecologista reconocido con el mismo galardón al que matan en menos de un año.

Desde que le arrebataran a su padre, Julio Baldenegro, cuando tenía sólo 20 años, tomó el testigo de su lucha y con ella el alto precio de ser ambientalista en uno de los países más peligrosos del mundo para esa misión. Se convirtió en uno de los activistas indígenas más reconocidos en América Latina, dedicado en cuerpo y alma a la lucha por la preservación de los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental. Férreo opositor de los intereses comerciales en la zona, denunció a empresarios por estar aliados con narcotraficantes y madereros y se acabó transformando en la piedra más molesta del zapato de los poderosos.

Y Chihuahua no es precisamente un lugar fácil para ese cometido. El Estado fronterizo resiste una guerra contra el narcotráfico que el Gobierno de Felipe Calderón emprendiera en 2006 y que ha continuado con el Ejecutivo de Peña Nieto. Los ambientalistas de la zona denuncian que la violencia se ha intensificado por este motivo y muchas familias indígenas han tenido que abandonar sus comunidades por las amenazas explícitas de quienes quisieron limpiar el bosque de árboles para plantar marihuana.

Desastre minero en comunidad indígena oaxaqueña

El pasado fin de semana la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció la clausura total y temporal de la mina Natividad, enclavada de manera arbitraria en el centro de la comunidad indígena Capulalpam de Méndez, en la Sierra Juárez.

La Sierra Juárez de Oaxaca es una de las regiones rurales del país con mejor organización y tradición para el cuidado y el manejo del bosque. Es una región indígena, habitada milenariamente por comunidades zapotecas y chinantecas. Cuenta con considerables superficies de Bosque Mesófilo de Montaña, ecosistema que es muy importante por su biodiversidad y riqueza de hábitats, considerado por Conabio como una ‘joya de la corona de la biodiversidad mexicana’  y que se encuentra fuertemente amenazado.

Ahí se gestó la lucha en contra de las concesiones madereras impuestas por las autoridades federales en la primera mitad del siglo XX. Mediante aquellas concesiones, durante más de medio siglo el gobierno federal entregaba los bosques comunales a empresas privadas y paraestatales para que los explotaran a su antojo. La fábrica de papel Tuxtepec infringió en ese tiempo fuerte daño a los bosques oaxaqueños, y a cambio pagaba magras sumas de dinero a las comunidades indígenas, propietarias del bosque, por concepto de ‘derecho de monte’. Las comunidades indígenas de la región pusieron un alto a esa política de concesiones forestales y lograron cambiar la ley. Ahí se establecieron algunos de los primeros aprovechamientos forestales por parte de las comunidades propietarias de los territorios. También se fundaron coaliciones comunitarias ejemplares, como la histórica UZACHI (Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas), que ha tenido un liderazgo mundial en el manejo forestal comunitario y sustentable.

Pese a la importancia ambiental de la zona, y pese a ser de propiedad indígena, el gobierno le concesionó también el subsuelo, desde hace décadas, a la compañía minera Natividad, hoy asociada con el consorcio canadiense Continuum Resources LTD, para la apertura de un tajo y el emplazamiento de instalaciones para la explotación de oro, plata y otros minerales. Durante muchos años la mina, con sus presas de jales y su manejo de sustancias extremadamente tóxicas, como plomo, arsénico y cadmio, ha contaminado gravemente el Río Capulalpam, tributario del sistema del Río Papaloapan que pasa por cientos de comunidades y desemboca en el Golfo de México. Tres presas de jales se derrumbaron ahí en el 2010. A lo largo del cauce del río la mina ha dejado una estela de muerte donde antes había una riqueza ambiental que proporcionaba alimentos y agua pura a los pobladores, y hábitat para innumerables especies animales y vegetales. No sólo el río, sino tierras agrícolas, bosques y poblados han resultado severamente dañados.