El pasado
fin de semana la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció la
clausura total y temporal de la mina Natividad, enclavada de manera arbitraria
en el centro de la comunidad indígena Capulalpam de Méndez, en la Sierra
Juárez.
La Sierra
Juárez de Oaxaca es una de las regiones rurales del país con mejor organización
y tradición para el cuidado y el manejo del bosque. Es una región indígena,
habitada milenariamente por comunidades zapotecas y chinantecas. Cuenta con
considerables superficies de Bosque Mesófilo de Montaña, ecosistema que es muy
importante por su biodiversidad y riqueza de hábitats, considerado por Conabio
como una ‘joya de la corona de la biodiversidad mexicana’ y que se encuentra fuertemente amenazado.
Ahí se
gestó la lucha en contra de las concesiones madereras impuestas por las
autoridades federales en la primera mitad del siglo XX. Mediante aquellas
concesiones, durante más de medio siglo el gobierno federal entregaba los
bosques comunales a empresas privadas y paraestatales para que los explotaran a
su antojo. La fábrica de papel Tuxtepec infringió en ese tiempo fuerte daño a
los bosques oaxaqueños, y a cambio pagaba magras sumas de dinero a las
comunidades indígenas, propietarias del bosque, por concepto de ‘derecho de
monte’. Las comunidades indígenas de la región pusieron un alto a esa política
de concesiones forestales y lograron cambiar la ley. Ahí se establecieron
algunos de los primeros aprovechamientos forestales por parte de las
comunidades propietarias de los territorios. También se fundaron coaliciones
comunitarias ejemplares, como la histórica UZACHI (Unión de Comunidades
Forestales Zapotecas y Chinantecas), que ha tenido un liderazgo mundial en el
manejo forestal comunitario y sustentable.
Pese a la
importancia ambiental de la zona, y pese a ser de propiedad indígena, el
gobierno le concesionó también el subsuelo, desde hace décadas, a la compañía
minera Natividad, hoy asociada con el consorcio canadiense Continuum Resources
LTD, para la apertura de un tajo y el emplazamiento de instalaciones para la
explotación de oro, plata y otros minerales. Durante muchos años la mina, con
sus presas de jales y su manejo de sustancias extremadamente tóxicas, como
plomo, arsénico y cadmio, ha contaminado gravemente el Río Capulalpam,
tributario del sistema del Río Papaloapan que pasa por cientos de comunidades y
desemboca en el Golfo de México. Tres presas de jales se derrumbaron ahí en el
2010. A lo largo del cauce del río la mina ha dejado una estela de muerte donde
antes había una riqueza ambiental que proporcionaba alimentos y agua pura a los
pobladores, y hábitat para innumerables especies animales y vegetales. No sólo
el río, sino tierras agrícolas, bosques y poblados han resultado severamente
dañados.
El
Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam, el Profesor
Netzar Arreortua, en entrevista, me ha comentado que existen más de 50
kilómetros de obras mineras en el subsuelo de Capulalpam, tales como túneles,
tiros y socavones, y que como resultado de estas obras han desaparecido casi
todos los acuíferos de la zona, lo cual ha sido verificado por la Conagua,
según me relata el profesor Netzar.
La Asamblea
Comunal de Capulalpam decidió, desde hace poco más de diez años, exigir que se
cerrara la mina y que suspendieran todos los trabajos de extracción minera.
Desde entonces ha habido una serie de clausuras temporales por parte de la
Profepa y violaciones continuas de las clausuras por parte de la mina.
El pasado 8
de enero, el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam exigió al Secretario
de Medio Ambiente el cierre definitivo, y lo que se logró es una nueva
clausura, esta vez por el hecho de que las presas de jales de la mina se
emplazaron sin contar con autorización para el cambio de uso de suelo, que es
forestal, y por no contar con los estudios de impacto ambiental que este tipo
de operación requiere. Desde hace años la Profepa ha venido imponiéndole a la
minera este tipo de clausuras por graves afectaciones ambientales, pero la mina
encuentra jueces que le conceden amparos, cuando no de plano se amparan en la
noche para extraer el mineral de manera absolutamente ilegal.
El caso lo
lleva un juez de distrito, el décimo en Oaxaca quien le ha negado la suspensión
provisional de la clausura a la empresa, pero debido al nulo avance en el
asunto legal de fondo, que es la cancelación definitiva, la comunidad está
solicitando a la Suprema Corte de Justicia que lo atraiga. Ya la Suprema Corte
ha analizado otros casos de violaciones de derechos humanos e indígenas por
parte de compañías mineras, como el caso de San Miguel del Progreso en el
estado de Guerrero, comentado en esta misma columna, y que mostró la
inconstitucionalidad de la ley minera, que pasa por encima de los derechos
constitucionales de las comunidades indígenas.
La
prioridad que le otorga el gobierno a la actividad minera, reflejada en la ley
vigente en la materia, es una decisión arbitraria, que muestra el nulo respeto
que los gobernantes le profesan a la vida y a los derechos de las comunidades
rurales e indígenas.
Fuente: Aristegui Noticias.
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