Habitantes de uno de los 17 núcleos ejidales asentados en las
inmediaciones del Nevado de Toluca –“sus verdaderos dueños”, de acuerdo
con un título expedido en 1936 por el general Lázaro Cárdenas– se
ampararon contra el decreto emitido en octubre último por el presidente
Enrique Peña Nieto, que convierte ese Parque Nacional en simple Área de
Protección de Flora y Fauna. Además de inconstitucional, confirma el
abogado de los ejidatarios, el propósito del gobierno federal es
impulsar ahí un proyecto turístico con capital privado y beneficiar al
Grupo Atlacomulco, cuyos integrantes llevan lustros fraguando esa idea.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto nos
quiere quitar nuestras tierras y bosques del Nevado de Toluca para
entregarlos a los inversionistas, pero no lo vamos a permitir.
Defenderemos la tierra que nos dejó el general Lázaro Cárdenas”, afirma
categórico don Octavio de Jesús Palma Estrada, presidente del
comisariado ejidal de San Juan de las Huertas, comunidad que posee 2 mil
hectáreas de bosque en esa zona montañosa.
Enfundado en una chamarra negra que lo protege del frío, don Octavio agrega indignado:
“Con su decreto presidencial, Peña Nieto le abrió las puertas a
inversionistas en nuestras tierras. Sacó ese decreto sin consultar a los
ejidatarios. No nos tomó en cuenta. ¡Eso no se vale! ¡Es jugar a la
mala!”
Lo acompaña un grupo de ejidatarios de San Juan de las Huertas que
asienten con la cabeza cuando él habla, mientras dan sorbos a sus tazas
de café, sentados en torno a una larga mesa.
Todos están molestos por el decreto de Peña Nieto publicado el pasado
1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual le
quitó el rango de “Parque Nacional” al Nevado de Toluca, dicen,
pasándolo al estatus de “Área de Protección de Flora y Fauna”, categoría
con la que ya permite la inversión “privada” en la zona para generar
“riqueza”.
Uno de los presentes, don Fernando Monroy, exclama: “¡Es un vil
despojo en contra nuestra! Ese decreto es un despojo disfrazado. Por eso
ya interpusimos un amparo”.
Se refiere a la acción legal que el ejido de San Juan de las Huertas
interpuso contra el decreto presidencial el miércoles 13, ante el
Juzgado de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca; es el
recurso en defensa de sus tierras.
“Los comisariados ejidales no fuimos oídos respecto de la
recategorización para el cambio jurídico de Parque Nacional a Área de
Protección de Flora y Fauna, ejerciéndose por parte del titular del
Poder Ejecutivo actos discriminatorios”, indica el documento de 53
páginas.
A los ejidatarios, agrega, Peña Nieto no les respetó su “garantía de
audiencia”, estipulada en el artículo 14 constitucional, “merced a la
cual todas las autoridades estatales deben oír en juicio a una persona a
la que se le pretenda privar de sus derechos”.
Y al violarse esa prerrogativa por parte de las autoridades, prosigue
el amparo, pues se atentó contra la “personalidad jurídica” del ejido
de San Juan de las Huertas, protegida por el artículo 27 constitucional.
De acuerdo con la norma, “se reconoce la personalidad jurídica de los
núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad
sobre la tierra”. Este derecho, sostienen los ejidatarios, es
corroborado en el artículo 9 de la Ley Agraria.
“El titular del Poder Ejecutivo no puede denigrar al núcleo de
población de San Juan de las Huertas para la satisfacción de los
inversionistas privados, para dar entrada a los multicitados proyectos
de los exgobernadores (del Estado de México), tales como el Centro
Internacional de Esquí, un campo de golf, hoteles, restaurantes, centros
comerciales y fraccionamientos de lujo, en el que se pretende incluso
incluir carreteras que en su momento fueron denunciadas por los
suscritos y paradas y canceladas”, añade el amparo.
También indica que la decisión de Peña Nieto esconde “actos simulados” con el propósito de beneficiar a la iniciativa privada:
“Con el presente decreto se realizan actos simulados no para el
beneficio de la protección de flora y fauna del Nevado de Toluca, sino
para la inversión y atracción turística de particulares, primeros
beneficiarios en llenar sus bolsillos.”
Fuente y nota completa: Proceso.
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