Narcopolítica michoacana.

Ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretender dar la impresión de que ya logró controlar la situación en Michoacán con la legalización de los grupos de autodefensa ciudadana, existe otra parte del problema que ha sido evadida por las profundas complicaciones que tiene. Se trata de los vínculos de la clase política michoacana con las bandas del crimen organizado.

A lo largo de los últimos años ha habido muestras y denuncias de la vinculación de personajes políticos del PRI, PAN y PRD con la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Ninguna de estas acusaciones ha sido atendida. Cabe recordar ahora cuatro casos recientes y emblemáticos.

En junio de 2011, Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón, se vio involucrada en el caso de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, quien fue detenido en Aguascalientes, acusado de ser uno de los líderes de los Templarios. Los hijos de ambos eran compañeros de escuela y ante la posibilidad de repercusiones en contra del sobrino del primer mandatario se dio una especie de protección a la familia del narcotraficante.

Este hecho tendría consecuencias en las elecciones a gobernador de Michoacán, pues a Cocoa, como se le conoce a María Luisa Calderón, fue amenazada por los Caballeros Templarios durante su campaña, lo mismo que varios de los candidatos a presidencias municipales del PAN. La hoy senadora acusó al candidato del PRI, Fausto Vallejo, de recibir favores de este grupo del crimen organizado.

Otro caso lo vemos en el PRD. En el 2009, como parte del operativo conocido popularmente como Michoacanazo salieron a la luz pública las relaciones de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, con Servando Gómez, La Tuta, líder y fundador de los Caballeros Templarios.

Julio César Godoy fue electo diputado federal  por el PRD y, escudado en el fuero, fue protegido y escondido por compañeros de su partido en el recinto legislativo de San Lázaro para que no fuera detenido por la policía federal, tras haberse comprobado sus vínculos con La Tuta, a quien le decía “Padrino”.  El legislador perredista fue desaforado tras un juicio político, pero huyó y sigue prófugo.

Los dos casos más recientes son los del gobernador Fausto Vallejo y el secretario general de gobierno Jesús Reyna. Ambos del PRI.

El año pasado la senadora Calderón acusó directamente a Fausto Vallejo de haber entregado Michoacán a los Caballeros Templarios. Afirmó que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, Armando Ballinas Mayés, negoció el triunfo del gobernador con el crimen organizado. También participaron en esas negociaciones los funcionarios José Trinidad Martínez Pasalagua y Guillermo Valencia Reyes.

Pemex aportó al erario más de un billón de pesos en 2013.

La producción de crudo en ese lapso fue la más baja de los últimos 20 años, revelan reportes.

El volumen de exportaciones cayó en el periodo y la cotización descendió 3.5 dólares por barril.

Pese a una menor producción y exportación de crudo, Petróleos Mexicanos (Pemex) aportó en 2013 vía impuestos, derechos y aprovechamientos un billón 17 mil 920 millones de pesos, uno de los mayores montos anuales entregados a la hacienda pública en los últimos 13 años, revelan cifras de la petrolera mexicana.

Los impuestos entregados en 2013 prácticamente duplicaron el monto pagado en 2004, cuando Pemex alcanzó su máximo histórico de producción con 3.4 millones de barriles diarios y cubrió en ese año 519 mil 284 millones de pesos.
Uno de los objetivos de la reforma energética de 2008 era precisamente descargar a Pemex de la onerosa carga impositiva a la que es sometida la empresa más importante de América Latina y el mayor contribuyente en México.
De acuerdo con los informes oficiales de la todavía empresa paraestatal, en 2013 Pemex aportó el tercer monto más elevado en impuestos en los últimos 13 años, sólo superados por los pagados en 2008 con un billón 36 mil 828 millones de pesos, y de los entregados a la Secretaría de Hacienda en 2012, cuando ascendieron a un billón 67 mil 809 millones de pesos.
Los informes oficiales detallan que la producción de crudo cayó de 2 millones 548 mil barriles en promedio diario en 2012 a 2 millones 522 mil barriles por día en 2013, la más baja de los últimos 20 años.
Por su parte, el volumen de las exportaciones de petróleo destinadas a los diferentes clientes de Pemex en Norteamérica, Europa y el Lejano Oriente descendió de un millón 256 mil barriles diarios a un millón 189 mil barriles por día en 2013.
A su vez, las cotizaciones de la mezcla mexicana de exportación fue menor en 3.5 dólares por barril, al pasar de 101.96 dólares por tonel en promedio en 2012 a 98.46 dólares en 2013, sin embargo las contribuciones fiscales se mantuvieron elevadas.
Solamente en los últimos 13 años Pemex aportó al fisco casi 10 billones (millones de millones) de pesos, pero paradójicamente la paraestatal aportó más recursos cuando la producción ha ido en descenso constante.

Solicitó la CIDH a México información sobre el dictamen de la ley de manifestaciones públicas.

La iniciativa aún no se discute en el pleno de la Cámara de Diputados, sólo se aprobó en comisiones

Georgina Saldierna, Fernando Camacho y Enrique Méndez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano entregar toda la información que considere relevante sobre el dictamen con el que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal, y lo emplazó a responder a más tardar para el próximo sábado, 1º de febrero.

En un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Secretaría de Gobernación comunicó a la Cámara de Diputados que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo llegar una comunicación a la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde hace la petición.

El subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Felipe Solís Acero, solicitó que los órganos de gobierno de las dos cámaras del Congreso de la Unión entreguen en breve la información que estimen oportuna de dicho dictamen, el cual prohíbe a los ciudadanos u organizaciones presionar a cualquier autoridad a realizar cualquier manifestación no autorizada, así como limitar las movilizaciones a un horario y en vías no primarias.

Informó que la CIDH otorgó al Estado mexicano un plazo de 15 días contados a partir del 16 de enero para ofrecer la respuesta oficial, la cual deberá presentar antes del 1º de febrero.

Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente se turnó el oficio a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y al Senado para que respondan.

El 10 de diciembre, con el respaldo del PRI y PVEM, Acción Nacional logró que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaran sin discusión la iniciativa del panista Jorge Sotomayor, a quien el PRD señala como integrante de El Yunque y del Opus Dei.

Sin embargo, la mesa directiva de la Cámara no puso el dictamen a discusión del pleno, por lo que forma parte de los 30 dictámenes que se espera debatir en la primera semana del periodo de sesiones que inicia el sábado.

El PRI quiere proteger al gobierno: López Suárez

Consultado sobre el emplazamiento, el diputado Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que el dictamen no ha sido promovido por el PRI, porque la CIDH ya inició la investigación y muy probablemente quiere proteger al gobierno de Enrique Peña Nieto de las críticas internacionales.

El IFE, “sometido” al poder, no sanciona al PRI por dar tarjetas Soriana: Monreal.

El Instituto Federal Electoral "se corrompió, estuvo al servicio del PRI, con gente menor que no es capaz de hacer valer la ley", aseveró el ex coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

 

Ricardo Monreal, ex coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el IFE haya decidido no sancionar al PRI por la compra de votos con tarjetas Soriana, bajo el argumento de que “en ninguno de los casos se señaló que se haya sufrido amenaza, violencia o fuerza alguna que se haya reflejado en una presión o coacción para emitir su voto en el pasado proceso electoral federal”.

“Es un argumento de cínicos, ¿cómo es posible que digan que sí se les entregó (una tarjeta) pero no los obligaron (a votar por un partido)? Es un argumento engañabobos”, señaló.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, el actual diputado de Movimiento Ciudadano dijo sentirse indignado, “por tanta impunidad”, y consideró que los consejeros del IFE son “ciudadanos sometidos al poder”.

“El IFE se corrompió, estuvo al servicio del PRI, con gente menor que no es capaz de hacer valer la ley”, comentó, y refirió que esto lo expone en su último libro “La larga travesía”.

“Da mucho coraje, sientes impotencia, porque hay cartas notariales que nos entregaron tarjetas de Estado de México, Hidalgo, Veracruz… de gente que dijo ‘esta tarjeta me la entregó el dirigente del PRI con 800, 500 pesos, con el fin de apoyar al PRI’, fueron testigos confesos de que se cometió una irregularidad grave”, apuntó.

Con la determinación del IFE de no sancionar lo ocurrido, Monreal consideró que “la población siente que la podredumbre del sistema está en su máxima expresión”, mientras que “quien compra la Presidencia, termina vendiendo al país”.

Arrestan a once personas durante manifestación contra gigante agroindustrial Monsanto.

Al menos once personas fueron arrestadas el martes, durante una manifestación de protesta realizada fuera del edificio en que se desarrolla la junta anual de accionistas de la gigante agroindustrial Monsanto. En la junta, accionistas activistas presentaron resoluciones solicitando el etiquetado de los productos genéticamente modificados y la elaboración de un informe que dé cuenta del impacto ambiental y social de la producción de organismos genéticamente modificados. Ambas medidas fueron rechazadas. Fuera de la junta, los activistas fueron esposados tras llevar a cabo una sentada.

Un manifestante expresó: “Monsanto lucha contra los esfuerzos democráticos de etiquetar alimentos genéticamente modificados. Estamos aquí en la junta anual de accionistas de Monsanto para hacer saber a Monsanto que no puede ir por el país arrasando el derecho de los estadounidenses de saber lo que están comiendo. Tenemos derecho a saber. Tenemos que etiquetar los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados".

Monsanto obtuvo una victoria clave este mes, luego de que la Corte Suprema no hiciera lugar a una apelación presentada por productores orgánicos que pretendían impedir que la compañía presente demandas si los cultivos son contaminados inadvertidamente con sus semillas genéticamente modificadas. Monsanto ha presentado más de 800 casos de patente contra agricultores que presuntamente habrían utilizado sus semillas sin pagar.

Fuente: Democracy Now.

Limita SAT pagos y compras en efectivo a 2 mil pesos.

Las personas físicas –incluyendo a las del Régimen de Incorporación Fiscal– y morales tendrán que dejar de utilizar este año el efectivo, en sus compras superiores a 2 mil pesos, incluso el pago de nómina que hacen a los trabajadores, advirtieron fiscalistas.

Para que puedan hacer deducibles sus erogaciones, es necesario que éstas sean liquidadas desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en el sistema financiero, según establece la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Ya sea por transferencias electrónicas, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito o de servicios, es como tendrán que ser efectuadas las compras y pagos superiores a 2 mil pesos, a partir de este año.

Roberto Cavazos, director de CPA Global, señaló que de acuerdo a la fracción tercera del artículo 27 de la nueva Ley de ISR, hasta los pagos de nómina superiores a 2 mil pesos ya no deben ser en efectivo sino a través de un servicio financiero.

Atentan contra líder de la Canaco en Chilpancingo y matan a su nuera.

Sujetos armados y a bordo de camionetas atacaron al líder local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato, cuando circulaba sobre el carril sur-norte de la autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués.

Pese al atentado, Pioquinto resultó ileso, pero su nuera, Laura Rosas Brito, de 38 años, perdió la vida, en tanto que el hijo del empresario, Walter Damián Bautista, de 36 años, fue herido.

La agresión se produjo cuando el empresario regresaba de una asamblea con pobladores de El Ocotito, donde volvió a llamar “narcoalcalde” al presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y lo calificó como un “bribón que entregó el municipio a la delincuencia”.

Luego del ataque, integrantes de la llamada la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) anunciaron que incursionarían con sus armas en la capital estatal.

De acuerdo con testigos, hoy por la noche al menos tres camionetas interceptaron el vehículo Honda placas HAB3839 de Guerrero, donde viajaba el líder de los comerciantes establecidos.

Enseguida, dos hombres armados con fusiles tipo R-15 descendieron de una Honda CRV plateada y abrieron fuego contra la unidad de Pioquinto Damián, conducida por su hijo Walter. Del lado del copiloto iba su nuera, quien recibió la ráfaga directa. El empresario viajaba en la parte trasera y resultó ileso.

Previo a la emboscada, Damián Huato estuvo en una asamblea popular en la que, frente a autoridades municipales y al alcalde priista Mario Moreno, los pobladores exigieron respeto a la guardia comunitaria y la salida del Ejército de esta zona.

Los habitantes argumentaron que las autoridades siempre fueron omisas a las denuncias de secuestros, extorsiones y asesinatos que tenían asfixiada a la sociedad.

Antes, habitantes de El Ocotito marcharon sobre la carretera federal México Acapulco para exigir el restablecimiento de la seguridad en la zona.

Indígenas de la selva Lacandona acuerdan defender sus tierras ante el embate neoliberal.

Intentan acabar con nuestros saberes. Quieren privatizar nuestros ríos, bosques, cascadas

 

Organizaciones independientes del norte de la selva Lacandona sostuvieron que siguen en resistencia contra los programas del gobierno y de los empresarios neoliberales, quienes siguen buscando formas para arrancarnos lo más valioso que tenemos: nuestra tierra.
Representantes de una veintena de comunidades choles, tzeltales y zoques de la región, organizadas en el Comité de Defensa de la Libertad Indígena (CDLI), Tsoblej Yu’un jWocoltic, la Unión de Comunidades de la Selva Lacandona (Ucisech) y Xi’Nich (Las Hormigas), se reunieron en Nuevo Jerusalén este fin de semana para documentar las presiones del gobierno federal por conducto de los delegados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Procuraduría Agraria, particularmente en el municipio de Ocosingo, para que las comunidades comprometan la propiedad de sus tierras a cambio de programas; esto es, dinero.

Ya no cultiven sus tierras

“Ellos nos dicen: ‘Ya no trabajen cultivando o produciendo su propia comida, nosotros somos quienes podemos hacerlo. Tenemos los medios, somos más listos, más limpios. Somos los emprendedores, los más preparados para producir alimentos para todos’. Nosotros les contestamos: ‘Estamos cansados de que nos engañen con sus programas como el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Registro (FANAR, antes Procede) y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de los cuales meten dinero a las comunidades, provocando división en lugar de promover el desarrollo económico y social’.

Triunfo para el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM).

En sus medios Nuevo triunfo del STUHM sienta precedente histórico contra la intervención de autoridades laborales y charros en la vida interna de sindicatos independientes El Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), con sede en El Salto, Jalisco, logró un nuevo y trascendente triunfo legal al conseguir un amparo que obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a emitir un laudo en el que se reconozca el derecho de los trabajadores de esa empresa a pertenecer a la organización sindical de su preferencia; además de establecer que ningún sindicato puede limitar, intervenir en la vida interna ni demandar la cancelación del registro de otro gremio.

Después de meses de espera, el 24 de enero pasado, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo (13 TCC) concedió, por segunda vez, el amparo al STHUM. Éste fue sido solicitado en agosto de 2013 reiterando el argumento de que la libertad de asociación sindical no puede ni debe estar sujeta a la discrecionalidad de las autoridades laborales, ni la violencia ejercida por el patrón o por sindicato distinto —en este caso el SETEAMI—; además de que la vida interna y acciones de las organizaciones sindicales sólo pertenece a sus miembros de manera libre y autónoma.

El TCC detalla que el padrón de socios de un sindicato sólo puede ser modificado legalmente por sus instancias de representación y mecanismos estatutarios; que la JFCA carece de facultades para intervenir en la vida interna del sindicato y tampoco puede definir oficiosamente si los sindicatos cumplen o no con el número de agremiados establecidos por la ley.

En resumen, quienes demandaron la cancelación del registro del STUHM carecen de legitimación en la causa para solicitar dicha cancelación y, por tanto, la JCFA actúo ilegalmente al otorgarles, en ocasión anterior, ese derecho e ignorar el marco legal. Remarca el TCC que de estimar lo contrario, se caería en el absurdo de que cualquier persona física o moral pudiera solicitar cambios en el padrón de socios de cualquier sindicato y solicitar la cancelación de su registro. Esto significa que la Junta debe archivar la demanda de cancelación del registro sindical del STUHM.

Reiteramos que esta resolución es un triunfo para el sindicalismo independiente porque nulifica, de una vez por todas, otra de las maniobras legaloides con que el charrismo pretende confrontar a las organizaciones auténticas de las y los trabajadores. Desde el año 2010, los trabajadores de Honda nos organizamos en el STUHM para negociar colectivamente las condiciones de trabajo y, con ello, mejorar las condiciones de seguridad e higiene y salarios; eliminar las excesivas y arbitrarias jornadas laborales, despidos injustos, descuentos de prestaciones y salarios sin razón, y deshacernos del sindicato charro y de protección cuya representación era nula.

Esta decisión de luchar por nuestros derechos laborales ha estado llena de obstáculos, amenazas, agresiones y costó el despido de todo el comité Ejecutivo del STUHM.

Pese a todo obtuvimos nuestro registro sindical en 2011. Luego vino la demanda de titularidad del contrato colectivo, que en 2012 fue archivada por la JFCA alegando que no existía el contrato colectivo; lo anterior, debido a que en cuanto Honda de México tuvo conocimiento de la demanda, canceló el CCT y firmó uno nuevo con los charros, avalado por la JFCA a espaldas de los trabajadores. En febrero de 2012, el STUHM demandó por segunda ocasión la titularidad del CCT y sólo pudo llevar la primera audiencia hasta el 13 septiembre del mismo año; nuevamente, en cuanto la empresa tuvo conocimiento de la demanda realizó, en colusión con el SETEMI y la JFCA, toda clase de artimañas para alargar el procedimiento.

El sucio negocio de las cárceles privadas en EE.UU.

La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas. El motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado. Se repite en otras zonas del país y revela los entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EU, así como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios. Según un informe de In the Public Interest (ITPI), una entidad civil con sede en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas analizados a lo largo de EU, un 65% disponen de algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o penalización por camas vacías. La lógica detrás de estas exigencias es que, como cobran por cada preso (entre 40 y 60 dólares al día), los operadores privados se puedan garantizar un determinado nivel estable de ingresos para gestionar la cárcel y recuperar el coste de su construcción. La base mínima más habitual es del 90%, aunque en algunos casos puede llegar al 100%. Por ejemplo, según el documento, tres instalaciones en Arizona disponen de esta salvaguarda, aunque desde el Departamento Penitenciario de Arizona (ADC, por sus siglas en inglés) lo niegan y aseguran que ronda el 90%. Sea como sea, el estado se ve obligado a garantizar un número mínimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, lo que la ADC considera un requerimiento empresarial comprensible y beneficioso. "Para el contribuyente, si no hubiese una cuota y la ocupación fluctuase de forma variable, el operador privado cobraría una tasa diaria mucho más elevada para asegurarse que recupera su inversión", apunta el portavoz Doug Nick. "Este tipo de garantías mantienen el coste relativamente estable y predecible", añade en conversación telefónica. ¿Pero qué pasa si la tasa de crímenes se reduce, como en Colorado, y cada vez entran menos presos a las cárceles? "Nunca hemos tenido problemas para llenar las camas, ni hemos perdido población carcelaria. De hecho, lleva décadas creciendo", replica con total seguridad de que la situación no variará. En Arizona hay prisiones privadas desde hace dos décadas. Actualmente, de las 14 instalaciones del estado, cuatro son de propiedad y gestión empresarial; y hay otras seis privadas que solo acogen presos de los estados colindantes. Según el convenio de concesión, las autoridades de Arizona pasarán a controlar las cuatro cárceles al cabo de 20 años de su apertura, lo que la ADC también ensalza como un beneficio para el contribuyente. Enel conjunto de EU, en 2010 un 8% de los presos estaban en cárceles privadas, según los últimos datos disponibles. Se trata de alrededor de 128.000 reclusos sobre una población total de 1,6 millones.