Aumenta en 130 mil millones de pesos la deuda del sector público.

El gobierno dio un giro para financiar el déficit; para el caso se apoyó en la contratación de créditos con instituciones extranjeras.

El adeudo total suma 6 billones 627 mil 100 millones.

Respaldado en la contratación de créditos del exterior, el sector público mexicano requirió 32 mil 500 millones de pesos de nuevo endeudamiento en promedio mensual durante el primer cuatrimestre del año, hasta alcanzar una elevación de 130 mil 100 millones de pesos en su deuda total al término de abril de 2014, según el seguimiento oportuno que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ese incremento, resultado de un aumento de 144 mil 100 millones de pesos en el endeudamiento con el exterior y una reducción de 14 mil millones en el débito interno, llevó a la deuda neta total del sector público a un saldo de 6 billones 627 mil 100 millones de pesos, que representan alrededor de 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

El nivel de endeudamiento público al término de 2013 fue equivalente a 38.3 por ciento del PIB, mientras al inicio de este sexenio gubernamental, en diciembre de 2012, esa proporción significaba 36.4 por ciento del valor total generado por la economía mexicana durante ese año.

De acuerdo con el seguimiento de la dependencia, el sector público mexicano ha requerido más de 736 mil 200 millones de pesos en recursos de deuda desde el principio de su gestión, hasta el cierre de abril de 2014. De esa cantidad, 64 por ciento fue por aumento en la deuda pública interna, mientras el 36 por ciento restante, representando 262 mil 568 millones de pesos, correspondió a los fondos obtenidos en el exterior.

El cambio

Pero el hecho de que la totalidad del aumento de la deuda del sector público se sustentó exclusivamente en la obtención de recursos del exterior en los primeros cuatro meses de 2014, marcó un giro de 180 grados en la forma en que se financió el déficit de las finanzas públicas durante más de una década, la cual se había sustentado básicamente en la ampliación del débito interno.

Según los reportes de la SHCP, entre enero y abril del año en curso los requerimientos financieros internos del sector público tuvieron un descenso neto de alrededor de 14 mil millones de pesos.

Ello es consecuencia de una reducción de unos 18 mil millones de pesos en el saldo de la deuda presupuestaria, constituida por la que corresponde al gobierno federal y los organismos y empresas públicas, y una elevación de 4 mil millones en la no presupuestaria, integrada básicamente por los rescates bancario y carretero asumidos por el sector público.

Atracos en el Congreso y la cancha.

Ahora se ve con claridad que desde antes de que tomara posesión, Enrique Peña Nieto y su equipo ya tenían en mente privatizar el sector energético, comenzando por el petróleo. De Salinas de Gortari a Felipe Calderón las empresas estatales han venido siendo vendidas o desmanteladas. La justificación es que el Estado es mal administrador. Es cierto, pero en México el sector privado tampoco es eficiente. ¿O qué fue la quiebra de los bancos en manos de particulares, cuando el Fobaproa tuvo que entrar al quite? Son un éxito, como Telmex-Telcel, cuando reciben protección gubernamental de diversas maneras, una de ellas permitiéndoles organizarse como monopolios y cobrar sus servicios en forma desorbitada. Sólo que al llegar Peña Nieto y su equipo ya no había mucho que vender, excepto la joya de la corona, es decir, el petróleo. Alimenta la codicia el hecho de que esté en su momento más brillante de la historia –aún descontada la inflación. Compraron el apoyo de Gustavo Madero y sus aliados en el PAN, e, increíblemente, el del PRD de la chuchada, a través de esa máquina inescrupulosa que fue el Pacto por México. Lo peor de la clase política se juntó para atracar a la nación. Lo que vimos este fin de semana –aunque, hay que reconocerlo, la mayoría de la gente estaba hipnotizada por el Mundial– fue el segundo tiempo del atraco. El primer tiempo había terminado en goliza contra el pueblo mexicano, cuando el Congreso aprobó los cambios a la Constitución; el segundo tiempo se juega en estos días. Y pinta como una segunda goliza. Nos robaron en el primer partido de la Copa –frente a Camerún– y nos robaron en la cancha del Congreso. La propuesta de leyes secundarias consta de nueve leyes nuevas y 12 que van a sufrir modificaciones. ¿Ustedes creen que las leerán y analizarán detenidamente los senadores y diputados antes de aprobarlas? Yo tampoco.

En la nueva ley, la CFE sería simple operadora de las empresas privadas

La ley de la industria eléctrica reducirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a simple operadora, ya que las empresas privadas se encargarán de la generación, distribución y venta de energía eléctrica, con lo cual se reforzará la presencia que ya tienen las trasnacionales en el país y en los hechos permitirá que se constituyan monopolios regionales de producción.

Un análisis del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados resalta que se trata del desmantelamiento de la paraestatal y se da paso a la privatización de la industria eléctrica nacional.

La redacción de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, explicó el vicecoordinador de la bancada, Ricardo Mejía Berdeja, apunta en ese sentido, particularmente los artículos 8 y 9, que señalan: ‘‘La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se separarán el suministro de servicios básicos y las otras modalidades de comercialización.

‘‘Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de Competencia en el ámbito de sus atribuciones, la secretaría (de Energía) establecerá los términos de estricta separación legal que se requieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento’’.

También indica que cuando a juicio de la dependencia ‘‘la separación legal sea insuficiente para fomentar el acceso abierto o la operación eficiente del sector eléctrico, la secretaría ordenará la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones’’.

Desigualdad entre Pemex y trasnacionales

Aunado a que la reforma energética no proporciona los mecanismos suficientes para que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda competir en igualdad de condiciones con las trasnacionales, se suman otros factores en la economía nacional que inhibirán esas posibilidades, aseguró Francisco Garaicochea, presidente del Grupo Ingenieros Petroleros Constitución de 1917.

Explicó que las compañías nacionales obtienen financiamiento con tasas de interés mucho mayores que las transnacionales, además de que el contenido de bienes de capital desarrollado y fabricado en México es muy bajo.

En México hay una ausencia de financiamiento a tasas competitivas, por lo que de inicio existe una desventaja de la planta productiva nacional, dijo.

En las modificaciones a las leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo se elevó el contenido nacional de 25 a 35 por ciento con respecto a la propuesta original; sin embargo, este límite sigue siendo bajo si se compara con el establecido en Brasil, donde es de 70 por ciento.

Bloquean comuneros carretera en Michoacán.

Comuneros de Capacuaro bloquearon la carretera Uruapan-Paracho y retuvieron tres camionetas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir apoyo del Programa Empleo Temporal. Amenazaron que si no hay respuesta a sus demandas incendiarán los vehículos, informaron fuentes del ayuntamiento de Paracho.

Los manifestantes arribaron a las instalaciones de la presidencia municipal, donde lanzaron piedras, palos y otros objetos a las oficinas de la Policía Estatal Preventiva. Dijeron que tomarán medidas más drásticas ya que no hay respuesta del gobierno federal a través del comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo.

Denuncian amenazas contra opositores a proyecto hidroeléctrico en Puebla.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN) denunció que tras el asesinato de Antonio Esteban Cruz, dirigente del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), aumentaron las amenazas y el hostigamiento contra integrantes de la agrupación en la sierra Norte de Puebla, quienes se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico Cuamono, que afectará seis comunidades de los municipios poblanos de Cuetzalan y Ayotoxco.

En conferencia de prensa, Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la CNPA-MN, expuso que José Luis Gutiérrez, Manuel Gaspar Rodríguez y Alfredo Guerrero Santos, del comité regional del Miocup, reciben llamadas anónimas advirtiéndoles que dejen de alborotar y oponerse a los proyectos hidroeléctricos y mineros de la región. El 7 de junio, Guerrero Santos fue intimidado desde una camioneta Ram color blanco, en el trayecto de Zaragoza a Cuetzalan; el día 10, Gaspar Rodríguez recibió una llamada telefónica advirtiéndole: ya sabes qué le pasó a tu compañero.

Abusos de CFE son problema nacional, denuncian usuarios.

Cobros excesivos afectan la mermada economía del pueblo, acusan.

La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) intensificará su campaña de desobediencia civil en el país con el fin de invitar a la población alno pago de la luz, debido a que no cesan, denunció, los cobros exagerados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).La empresa emite los conocidos como recibos locos y nunca admite que comete equivocaciones. Tampoco atiende las quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, agregó la organización.

Según datos de la ANUEE, en promedio, a escala nacional, ocho de cada 10 usuarios han visto incrementarse sus recibos de luz hasta en 200 por ciento. Todas las quejas son atendidas en un call center que nunca resuelve las inconformidades y que a lo mucho ofrece a los afectados que paguen en parcialidades.

Por lo anterior, indicó el colectivo, continuará con las marchas y la organización de usuarios en todo el territorio, debido a que los cobros excesivos ya se convirtieron en unproblema nacional.

Los abusos de la paraestatal continúan e incluso se han acentuado en el estado de México y Querétaro, señaló.

La ANUEE recordó que la semana pasada sus representantes Juan Carlos Escalante Aguilar, José Luis Zúñiga Rivera y Alfonso Mancilla Reyes, así como un integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, Miguel Márquez Ríos, acordaron con el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, que la Secretaría de Seguridad Pública respete los derechos humanos de los usuarios de energía que tengan interpuestas quejas, demandas o procedimientos contra la CFE.

Potenciales conflictos sociales por expropiaciones de reforma energética

Tierras ejidales, comunales, de pequeños productores agrícolas en cuyo subsuelo se encuentran miles de millones dólares en energéticos, están en riesgo de ser despojadas de sus dueños actuales con la reforma energética que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, advirtió el senador Luis Sánchez, integrante del equipo del PRD que analiza esa legislación.

Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, y Campeche son los estados donde se pueden generar conflictos sociales y hasta armados por tener tierras y ejidos susceptibles de ser expropiados al albergar hidrocarburos o gas en el subsuelo o bien por ser sitios donde pasan redes de transmisión o distribución de electricidad.

"Son unos 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional involucrados en esta situación", detallo el también vicepresidente del Senado.

En esta problemática están involucrados 260 municipios donde lo mismo hay combustibles convencionales (petróleo o gas) que no convencionales, es decir cableado o estaciones eléctricas, explicó.

Pueblos indígenas exigen al Congreso ser escuchados sobre la ley de hidrocarburos

Los diputados y senadores que discuten la ley de hidrocarburos que otorga prioridad a la actividad petrolera sobre cualquier otra, violando peor que la ley minera los derechos de los pueblos indígenas en relación con la consulta libre e informada que debe realizar el gobierno, tienen que escuchar las voces de indígenas y campesinos antes de aprobarla, porque dejarlos legalmente inermes aumentará la conflictividad en diversas regiones, advirtió Raymundo García, dirigente de Serranos Unidos en Resistencia Indígena, de la Sierra Norte de Puebla.

García dio a conocer la decisión de la comunidad indígena de Zapotitlán de Méndez de negar la autorización para la operación de minas a cielo abierto, así como la construcción de hidroeléctricas, ciudades rurales y la propagación de cultivos transgénicos.

La comunidad exige la cancelación de concesiones y permisos que violan nuestros derechos colectivos a la consulta libre, previa e informada, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud.

Represión y hostigamiento

Los comités de defensa del territorio de las comunidades de Zoquiapan y de Xochitlán, el Consejo Tiyat Tlali y la organización civil Tetela Hacia el Futuro denunciaron que se vive un clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos en Puebla.

Expresaron su total negativa a la construcción del proyecto hidroeléctrico San Antonio y a todos los proyectos de muerte que se pretenden imponer y denunciaron la autorización condicionada dada por la Semarnat, pese a la oposición de las comunidades totonacas y nahuas que se verían afectadas.

Demandaron al gobierno estatal una audiencia pública para que a través del diálogo político se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto para violaciones a derechos humanos y constitucionales.

Las organizaciones manifestaron que la Semarnat autorizó de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental del proyecto, condicionándola a que la empresa realice la consulta a los pueblos, lo que es violatorio de sus derechos.

Legal o no, hay que debatir leyes energéticas: PRI.

Pide Gamboa ‘‘olvidar’’ si es legal el método de discusión energética.

Luego de un día y medio de discusiones sobre el método para dictaminar las leyes secundarias en materia energética, las fracciones de PRI y PAN en el Senado lograron ayer iniciar los trabajos en las comisiones unidas, aunque la mayoría de los legisladores del blanquiazul no van a participar porque mantienen una mesa de negociación paralela con el gobierno federal, según reveló el coordinador panista, Jorge Luis Preciado.Antes, se rechazó discutir la moción suspensiva propuesta por el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, a fin de que se pospusieran los trabajos hasta que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias determinase la legalidad de los acuerdos tomados por PRI y PAN, de dejar al final la votación de las leyes y obligar a los senadores a presentar en bloque sus reservas con sólo 15 minutos para argumentarlas.

‘‘Aquí no hay un juez’’: PRI

Ante la insistencia de los senadores del PRD sobre la ilegalidad de ese formato, el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, se presentó nuevamente a la reunión y llamó a entrar de lleno al debate de la primera de las leyes secundarias, la de hidrocarburos.

‘‘Olvidémonos de si es legal o no. La izquierda dice que es ilegal, nosotros que es legal; no hay un juez aquí, así que pongámonos a discutir la esencia de lo que es la reforma’’, advirtió el senador Gamboa Patrón.

El argumento de los priístas fue que la moción suspensiva no opera en el caso del trabajo legislativo en comisiones y que la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no es vinculante. Se dio incluso una confrontación verbal entre Barbosa y el priísta José Ascención Orihuela, quien insistía en comenzar ya a dictaminar y acusó a los perredistas de prácticas dilatorias.

Barbosa les advirtió: ‘‘Hagan lo que quieran, los vamos a evidenciar todos los días’’. Insistió en que la ilegalidad del procedimiento quedó evidenciada en la discusión y aprobación de un acuerdo que viola el reglamento.