Los diputados y senadores que
discuten la ley de hidrocarburos que otorga prioridad a la actividad petrolera
sobre cualquier otra, violando peor que la ley minera los derechos de
los pueblos indígenas en relación con la consulta libre e informada que debe
realizar el gobierno, tienen que escuchar las voces de indígenas y campesinos
antes de aprobarla, porque dejarlos legalmente inermes aumentará la
conflictividad en diversas regiones, advirtió Raymundo García, dirigente de
Serranos Unidos en Resistencia Indígena, de la Sierra Norte de Puebla.
García dio a conocer la decisión
de la comunidad indígena de Zapotitlán de Méndez de negar la autorización
para la operación de minas a cielo abierto, así como la construcción de
hidroeléctricas, ciudades rurales y la propagación de cultivos transgénicos.
La comunidad exige la cancelación
de concesiones y permisos que violan nuestros derechos colectivos a la
consulta libre, previa e informada, uso y disfrute de los territorios
indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento
y protección de la salud.
Represión y hostigamiento
Los comités de defensa del
territorio de las comunidades de Zoquiapan y de Xochitlán, el Consejo Tiyat
Tlali y la organización civil Tetela Hacia el Futuro denunciaron que se vive un
clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos
en Puebla.
Expresaron su total negativa a la
construcción del proyecto hidroeléctrico San Antonio y a todos los
proyectos de muerte que se pretenden imponer y denunciaron la autorización
condicionada dada por la Semarnat, pese a la oposición de las comunidades
totonacas y nahuas que se verían afectadas.
Demandaron al gobierno estatal
una audiencia pública para que a través del diálogo político se resuelvan
estos conflictos sociales y que no sea pretexto para violaciones a derechos
humanos y constitucionales.
Las organizaciones manifestaron
que la Semarnat autorizó de manera condicionada la manifestación de impacto
ambiental del proyecto, condicionándola a que la empresa realice la consulta a
los pueblos, lo que es violatorio de sus derechos.
Indicaron que la Secretaría de
Gobierno de Puebla ha estado presionando a autoridades locales y
representantes comunitarios a que reciban a funcionarios de la empresa GESA, a
fin de que aprueben su proyecto, que incluye la designación de la misma como órgano
responsable de la consulta, cuando los estándares para dichas consultas
establecen que ésta es obligación del gobierno, sin intervención de las
empresas.
La asamblea comunitaria de
Zapotitlán de Méndez del pasado 13 de febrero señala que como pueblo indígena
totonaca, dueños originarios y poseedores de un territorio indígena, tomando en
cuenta el artículo cuarto constitucional, la Constitución de Puebla, fracción
segunda del artículo 13 y su ley reglamentaria, que los reconoce como sujetos
de derecho público, con garantías para la libre determinación y autonomía,
acordó ejercer éstas y perseguir libremente nuestro derecho al desarrollo
económico, social y cultural.
Asimismo, creó el Comité
Revolucionario Indígena de Zapotitlán que con otros colectivos similares en el
ámbito municipal forman la Junta Revolucionaria Indígena, parte del Gobierno
Regional Indígena, cuya naturaleza, objeto, estructura y facultades serán
definidas en el estatuto de la autonomía indígena. Estas instancias de
representación son las responsables de todo proceso de diálogo y negociación
con el gobierno, indica el acta.
Fuente: La Jornada.
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