La ley de la industria eléctrica
reducirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a simple operadora, ya que
las empresas privadas se encargarán de la generación, distribución y venta de
energía eléctrica, con lo cual se reforzará la presencia que ya tienen las
trasnacionales en el país y en los hechos permitirá que se constituyan
monopolios regionales de producción.
Un análisis del grupo
parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados
resalta que se trata del desmantelamiento de la paraestatal y se da paso a la
privatización de la industria eléctrica nacional.
La redacción de la iniciativa del
presidente Enrique Peña Nieto, explicó el vicecoordinador de la bancada,
Ricardo Mejía Berdeja, apunta en ese sentido, particularmente los artículos 8 y
9, que señalan: ‘‘La generación, transmisión, distribución, comercialización y
la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán
de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación
legal; de la misma manera, se separarán el suministro de servicios básicos y
las otras modalidades de comercialización.
‘‘Sin perjuicio de las facultades
que correspondan a la Comisión Federal de Competencia en el ámbito de sus
atribuciones, la secretaría (de Energía) establecerá los términos de estricta
separación legal que se requieran para fomentar el acceso abierto y la
operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento’’.
También indica que cuando a
juicio de la dependencia ‘‘la separación legal sea insuficiente para fomentar
el acceso abierto o la operación eficiente del sector eléctrico, la secretaría
ordenará la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o
acciones’’.
Mejía Berdeja explicó que esa
definición ‘‘condena a la CFE a la fractura, separación y disgregación de sus
activos, quedando convertida, en el mejor de los casos, en un holding que
administrará una multitud de subsidiarias y filiales’’.
La legislación, agregó, también
le otorga a la Secretaría de Energía facultades para atomizar y privatizar el
parque de generación de la CFE, argumentando la operación eficiente del sector,
lo que deja a la empresa en total estado de indefensión.
También, expuso, aunque se
considera la integración vertical de generadores y comercializadores, se quiere
facultar a Energía para impedir esa integración en el caso de la CFE. ‘‘Aflora
claramente uno de los objetivos ocultos de la ley: hacer de la electricidad un
negocio exclusivamente para los generadores privados’’, afirmó.
Por si fuera poco, plantea en el
artículo 30 que el Estado, a través de la Secretaría de Energía, transportistas
o distribuidores, podrá formar asociaciones o celebrar contratos con
particulares para que lleven a cabo, por cuenta de la nación, el financiamiento,
instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica, y que la adjudicación de las asociaciones y
contratos se realizará a través de ‘‘procesos competitivos’’.
Esa redacción tiene cuatro
implicaciones:
–Que la transmisión y
distribución podrían llevarse a cabo a través de empresas públicas o privadas,
una situación similar al caso a las asignaciones y contratos en hidrocarburos.
–Que cuando el Estado actúe a
través de particulares tendría que celebrarse una asociación o un contrato.
–También, que las empresas podrán
celebrar asociaciones o contratos directamente con la Secretaría de Energía,
con CFE-Transmisión, CFE-Distribución o con las empresas públicas que se
encarguen de esas actividades.
–La iniciativa permite privatizar
funciones que le corresponden de manera exclusiva al Estado.
El artículo 31 considera que la
Secretaría de Energía estaría facultada para imponerle a CFE y a cualquier
empresa pública la celebración de asociaciones o contratos para que
particulares operen las redes públicas.
Fuente: La Jornada.
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