Es cosa muy seria hablar de traición a la patria; se trata en primer
lugar de un tema de ética política y de conciencia personal, pero
también de un asunto de carácter penal. Recientemente en varios foros y
en los medios de comunicación se ha dicho con insistencia que aprobar
las reformas constitucionales, que abren las puertas para que el
petróleo y los demás hidrocarburos, así como la electricidad sean
manejados y administrados por extranjeros, constituye una conducta que
puede considerarse traición a la patria.
En
el mitin del domingo 27 de octubre, en el recuperado Zócalo, ante una
multitud que aplaudió la propuesta, el presidente del consejo nacional
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) advirtió que, de aprobarse
la llamada reforma energética, se presentaría acción penal en contra
de legisladores que votaran a favor del dislate y por supuesto en contra
del titular del Poder Ejecutivo que la propuso y la impulsa.
Casi
simultáneamente, un grupo de mexicanos con una trayectoria reconocida
en la vida pública de México, respetados y escuchados por muchos,
llamaron la atención de los legisladores, sobre el riesgo que corren, de
incurrir en traición a la patria, en caso de aprobar las reformas
mencionadas. Dentro de este grupo se encuentran Cuauhtémoc Cárdenas y
Andrés Manuel López Obrador, políticos representativos de la izquierda
con liderazgos indiscutibles; el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el
sociólogo y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
Pablo González Casanova; el padre don Miguel Concha; Mario Saucedo y
Miguel Álvarez, destacados participantes en la vida de la sociedad civil
y pública de nuestro país.
La carta que firmaron estos mexicanos
con indudable autoridad moral advierte a los legisladores que de
aprobarse la reforma energética podrían incurrir en las conductas que
tipifica y sanciona el artículo 123 fracción I del Código Penal Federal;
este artículo establece: Se impondrá la pena de prisión de cinco a
40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a
la patria en alguna de las formas siguientes: fracción primera, a quien
realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la
nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o
gobierno extranjero
. Como se ve, los señalamientos y advertencias que se hacen son de suma gravedad,
Podría
parecer exagerado que se advierta a funcionarios de tan alto nivel, que
puedan ser juzgados por un delito tan grave y vergonzoso como el de
traición a la patria; no es así, analizando con cuidado las intenciones
de la reforma energética. Sus efectos irreversibles y lo que con ella se
está arriesgando, tenemos que concluir que las advertencias son algo
más que simples opiniones políticas o posiciones ideológicas extremas;
se trata de que se está tocando uno de los puntos que el
constitucionalista Mario de la Cueva, siguiendo a maestros europeos,
llamaba decisiones políticas fundamentales
, que forman parte de
nuestra Carta Magna, pero que no están sujetas a cambios por el
constituyente permanente, porque son parte de la esencia misma de la
nación.
Por ejemplo, decía don Mario de la Cueva, no
puede reformarse la Constitución para cambiar el sistema democrático por
uno monárquico o suprimir las garantías individuales o acabar con la
separación de la Iglesia y el Estado; dentro de este rango de normas, se
encuentra la declaración constitucional contenida en los artículos 27 y
28, según la cual el petróleo y la electricidad son áreas estratégicas
de nuestra economía y no pueden ponerse en manos de particulares y
obviamente, mucho menos en manos de empresas extranjeras. Estamos
hablando de una decisión política fundamental y no de una formalidad o
de un tema discutible o secundario.
El término estratégico está
tomado del lenguaje militar; un punto o una posición estratégica
significa, en una guerra o en una batalla, una posición ventajosa frente
al enemigo, quien entrega o abandona una posición de esta naturaleza,
es repudiado por sus compañeros y considerado traidor.
Las áreas
estratégicas se incorporaron a la Constitución, precisamente como
mecanismo de defensa de la soberanía nacional, frente a este mundo
globalizado y sujeto a la batalla campal de la libre competencia a
escala mundial, en el que sin recursos propios, se está en manos de los
competidores que no tienen amigos, sino intereses.
Entregar los
energéticos es una muestra de desconfianza en los técnicos y
trabajadores mexicanos, significa ponernos en manos de quienes no tienen
ningún interés en beneficiar o proteger la economía de nuestro país y
constituye, en el menor de los casos, una ingenuidad o inexperiencia
mayúscula, y en el peor, como se señala por muchos destacados mexicanos,
se trata de una verdadera traición, que antepone intereses particulares
o singulares al interés común y por tanto, debe ser sancionada.
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