La larga lucha de los activistas rinde fruto: un Juez le pone freno a la siembra de maíz transgénico en México
Por primera vez en la lucha que por años han mantenido las
organizaciones civiles de México en contra del maíz transgénico, el
Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal emitió una medida precautoria en la que ordena a la
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) suspender cualquier permiso experimental y frenar el
procedimiento de liberación comercial para la siembra de este tipo de
alimento en el país.
La resolución del juez se dio como respuesta a
una demanda colectiva que interpusieron activistas como el Padre Miguel
Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl
Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Adelita San Vicente, entre otros, y
además deja sin efecto 43 permisos experimentales que se otorgaron
desde 2011 en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.
La medida
precautoria se basa en el riesgo de daño al medio ambiente, impide a
empresas trasnacionales como Monsanto y Pioneer –entre otras–, liberar
maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio
de acción colectiva, explicaron los abogados de la Asociación civil
“Colectivas”, dijo René Sánchez Galindo, representante legal de los
demandantes.
El abogado explicó que en el país existen tres tipo
de permisos para sembrar maíz transgénico: experimentales, piloto y el
comercial que está en proceso de liberación.
Sin embargo, gracias a
la medida precautoria, las empresas que poseen los 43 permisos
experimentales en el país, deberán detener su producción.
Sánchez
Galindo detalló que una de las razones que tomó en cuenta el juez para
dictar la medida, fue que se recabaron pruebas de que en el maíz
transgénico, sujeto solo a cierto número de hectáreas restringidas,
contaminó los sembradíos de otros campesinos.
“El juicio puede
durar de un año a tres años, no tienen plazo el juicio, pero durante
este tiempo ya no habrá siembra de transgénicos y se detiene la
autorización para hacerlo de manera comercia. Los científicos aseguran
con pruebas que es imposible la convivencia con el maíz transgénico con
el nativo”, dijo.
El abogado indicó que de aprobarse la
liberación comercial, impulsada por las grandes empresas productoras de
maíz, los campesinos mexicanos perderían la propiedad sobre su semilla
por la facilidad de contaminación por polinización.
Mercedes
López, de Vía Orgánica, dijo que 53% de la ingesta calórica y 22% de la
proteínica de la dieta nacional provienen del consumo directo del maíz
como grano nixtamalizado.
Si se permitiera la siembra
indiscriminada de maíz transgénico, todas las mexicanas y mexicanos
seríamos afectados pues cada día se revelan nuevas las investigaciones
que demuestran el daño a la salud causado por los transgénicos”,
subrayó.
Adelita San Vicente Tello, representante del movimiento, dijo a SinEmbargo que la resolución es una buena noticia para México.
“Estamos
muy contentos, nunca el Poder Judicial había entrado al fondo del
asunto, es la primera vez que están tomando una resolución, esperamos
que se abra una etapa de debate”, dijo.
San Vicente detalló que
los defensores del maíz nativo tienen conocimiento de que estaba en
proceso una solicitud para sembrar comercialmente 11 millones de
hectáreas de transgénico.
“Es la mitad del país, lo que nos
demuestran la magnitud de la intención de las grandes trasnacionales
como Monsanto. Hay un permiso en proceso para sembrar 250 mil hectáreas
de soya transgénica. Quieren asegurar tener ocupado todo el territorio”,
dijo la activista.
Si al final del juicio las autoridades
mexicanas deciden abrir al país a la siembra de maíz transgénico, el
campesino será uno de los más afectados, explicó.
“El campesino
dejaría de ser dueño de sus semillas. Las empresas van a patentar las
plantas y después habrá que pagarles regalías, porque el polen no es
estático”, agregó.
La colectividad de demandantes también está
integrada por organizaciones de productores, indígenas, apicultores,
ambientalistas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productos de Campo (ANEC), Fundación Semillas de Vida, Fomento
Cultural y Educativo, Fronteras Comunes, Alternativas y Procesos de
Participación Social de Tehuacán Puebla, Tosepan Titataniske y el Grupo
Vicente Guerrero.
El Padre Miguel Concha aseveró que la resolución
del juez se inscribe en el espíritu del Principio Precautorio contenido
en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos.
El sacerdote añadió que el Estado mexicano está obligado a
proteger los derechos humanos frente a intereses económicos de grandes
empresas, por lo que la orden judicial de detener la siembra de maíz
transgénico es un avance en materia de alimentación, salud y medio
ambiente.
Concha explicó que la demanda colectiva busca proteger
el derecho humano de conservar, utilizar y participar de la
biodiversidad de los maíces nativos, frente a la amenaza que representan
los maíces transgénicos.
“Se trata de un derecho colectivo de la
población mexicana, derecho reconocido por la Constitución, las leyes y
los tratados internacionales”, explicó el defensor de derechos humanos.
Víctor
Suárez Carrera, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), dijo que los
productores se verán afectados frente a la monopolización de sector
semillas a través de esta tecnología.
Detalló que los Científicos
han demostrado que “no es posible contener al maíz transgénico y que la
acumulación progresiva e irreversible de los paquetes transgénicos
actuales y futuros, pudiera rebasar el umbral letal de tolerancia de la
planta e impedir su sobrevivencia”, afectando gravemente a la planta y
la condición única de México como centro de origen y diversificación
continua.
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