Los senadores del
Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz y Fernando Torres Graciano,
confían en que todavía hay tiempo de frenar el megaproyecto de origen chino
conocido como Dragon Mart, en Cancún, Quintana Roo. Los legisladores consideran
que la construcción y operación de un centro de negocios, integrado por locales
comerciales y de exhibición, almacenes, viviendas, áreas verdes y espejos de
agua artificiales, atenta contra la soberanía de México, la economía local y
nacional, miles de empleos regionales y tendrá un efecto perjudicial
incuantificable para el medio ambiente de la península. “Independientemente de
la parte ambiental, está la del daño económico a los diferentes sectores
productivos mexicanos, como es la industria del calzado y la textil. El caso de
la competencia desleal que va haber entre productos chinos y productos
mexicanos, pero sobre todo que se abre la puerta para que entre la piratería
muy fuertemente por la parte del sureste mexicano”, sostuvo el Senador Daniel
Ávila. Los legisladores confiaron en que un dictamen de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa), que revele exactamente todas las
afectaciones negativas que tendría el complejo de origen chino, sería
determinante para frenar su construcción. Y es que a pesar de que el
representante legal del megacomplejo, llama Real Estate Dragon Mart Cancún SA
de CV asegure contar con todos los permisos locales para iniciar la
construcción, los hechos demuestran que podría haber nuevos problemas que
impidan su edificación. “Si tuviesen todos los documentos derechos, todo en
claro, todo legal, todos los permisos, pues hace mucho tiempo que habrían
empezado la obra y no la han empezado. Ellos se están escudando en una minuta
que les entregó el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de
Quintana Roo, que es un organismo desconcentrado del gobierno estatal, pero no
tienen el manifiesto de impacto ambiental federal”, informó el legislador del
blanquiazul por Yucatán. Ante esta omisión, los panistas acudieron a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para solicitar un nuevo estudio
de impacto ambiental. Según explicaron, los promotores de este proyecto se
escudan en que tienen el permiso de impacto ambiental, así como un estudio de
impacto urbano del estado de Quintana Roo. SOSPECHAN COMPLICIDAD DEL GOBERNADOR
BORGE
La celeridad por parte del gobierno estatal provocó la sospecha del
Senador Daniel Ávila de que el propio Gobernador Roberto Borge Angulo, podría
intentar favorecer este proyecto de origen chino, a cambio de un beneficio
personal. “Lo que estamos viendo aquí es que el propio Gobernador de Quintana
Roo es juez y parte, que está involucrado en este proyecto multimillonario de
los Chinos, por eso estamos pidiendo a una autoridad federal a que investigue
por tratarse de una zona federal y por el impacto que va a tener en el
ambiente”, recalcó. Para el legislador albiazul causa suspicacia el hecho de
que el gobierno estatal haya dado el permiso de impacto ambiental, cuando hay
diversas organizaciones ambientales que han reprobado el proyecto, han
interpuesto denuncias ante la Profepa, y que han sido ignoradas por la autoridad
local. En junio de 2013, en el marco de la visita del Presidente de la
República Popular China, Xi Jinping, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
pidió al mandatario y al Presidente Enrique Peña Nieto la cancelación
definitiva del proyecto Dragon Mart, porque en ese momento no contaba con
ningún permiso de construcción, por lo que era violatorio de la Ley. Para los
ambientalistas, el megacomplejo es altamente dañino porque pretende construirse
a menos de 3 mil 500 metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecifes
de Puerto Morelos, uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, al iniciar
septiembre pasado, el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, en donde se localiza Cancún, otorgó el permiso de construcción necesario
para arrancar el megaproyecto. “Lo que yo vi mal por parte del Ayuntamiento
anterior es que debió de inconformarse ante una autoridad federal, un juez
federal o incluso irse ante la Suprema Corte de Justicia de la Federación, no
lo hicieron, entregaron el permiso de construcción y lógicamente allí está
involucrado el Gobernador Beto Borge”, planteó el Senador Ávila. DRAGON MART
AFECTARÁ ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL Los legisladores se sumaron a las alertas
generadas por diferentes sectores productivos en el país, así como el propio
Consejo Coordinador Empresarial a nivel federal, que se han pronunciado en
contra del proyecto Dragon Mart, por las afectaciones económicas negativas que
generaría. Uno de los estados más afectados, desde el punto de vista del Senador
Daniel Ávila, sería Yucatán, su entidad natal. “Nos afectaría terriblemente,
recordemos que gran parte de los empresarios yucatecos tienen sus inversiones
en el estado de Quintana Roo, desde hace muchísimos años, desde que se creó el
estado de Quintana Roo, y miles y miles de yucatecos van a trabajar a Cancún,
Puerto Morelos, la Riviera Maya, cada semana”, lamentó. Dragon Mart no dañaría
solamente a los grandes capitales, la economía de miles de familias yucatecas
se verían comprometidas, con el megaproyecto que incluye un centro comercial,
sin generar nuevos empleos para los habitantes de la región. “Está claro que
van a venir a trabajar cuatro mil chinos a trabajar a Cancún en el megacomplejo
chino. Y van a desplazar la mano de obra, no solamente yucateca, sino de toda
la península. Recordemos que el estado de Quintana Roo, es el uno de los
estados que alberga a mexicanos de todas partes de la República”, expuso.
Finalmente, el legislador dijo que este tipo de proyectos comerciales no es
algo nuevo en el mundo. Sin embargo, en todos los casos los resultados han
resultado perjudiciales para las sociedades de sus países de origen. “La
estrategia es así: Ir sacando a los chinos de china, irlos metiendo a otros
países, formar sus comunidades de chinos en otros países, invertir en este tipo
de negocios para que tengan dónde trabajar los chinos y de esta manera
desplazar a la gente de origen de estos países. Este proyecto no es nuevo. Hay
en Dubai, hay en aproximadamente en 20 países de África y los resultados son
catastróficos para la gente de esos países”, sostuvo.
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