Un juez vinculó a proceso a los tres policías ministeriales contra los que no había obsequiado orden de aprehensión por el caso Tlatlaya, aunque enfrentarán en libertad la investigación, luego de cubrir una fianza cercana a los 60 mil pesos cada uno.
Los uniformados, entre los que se encuentra una mujer, se encuentran acusados de torturar a tres mujeres detenidas durante la tragedia.
El pasado 3 de julio, los primeros cuatro ministeriales salieron en libertad también tras pagar una fianza, bajo las mismas circunstancias.
La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, promulgada en 1994 y vigente hasta ahora, considera que este delito no es grave, por lo que contempla una pena de entre tres y 12 años de prisión.
En un primer momento, el juez de control negó la orden de aprehensión en el caso de los tres detenidos, cuyos nombres no fueron revelados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), por no encontrar los elementos suficientes.
Sin embargo, la PGJEM replanteó la solicitud, y este miércoles un juez de Toluca determinó vincularlos a proceso.
Además, les fijó medidas cautelares consistentes en el pago de una fianza por 33 mil 500 pesos y 26 mil 500 pesos más por “obligaciones procesales”.
