Ante representantes de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), organizaciones civiles, académicos,
campesinos y activistas acusaron al gobierno de Rafael Moreno Valle de recurrir
a la represión sistemática para desactivar la lucha social en el estado.
Luego de la denuncia que presentó
la diputada federal perredista Roxana Luna ante el secretario general de la
ONU, Ban Ki Moon, los representantes de ese organismo arribaron por la mañana a
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y
solicitaron un informe sobre la detención de tres activistas que se oponen al
Gasoducto Morelos.
Posteriormente se reunieron a
puerta cerrada, en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas, con
integrantes de agrupaciones civiles que denunciaron los presuntos atropellos
cometidos por el gobierno poblano para reprimir las manifestaciones sociales e
imponer las decisiones gubernamentales.
En el caso del gasoducto, los
activistas expusieron las irregularidades que presuntamente cometió el gobierno
estatal para encarcelar a Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe
Xonacayucan, municipio de Atlixco; Juan Carlos Flores, defensor de derechos
humanos, y Abraham Cordero Calderón, dirigente campesino.
Sin una orden de aprehensión de
por medio, los tres opositores al Gasoducto Morelos fueron detenidos con uso
excesivo de la fuerza por hombres vestidos de civil que no se identificaron.
En el caso de Enedina Rosas, fue
acusada de obstaculizar la labor de la empresa italiana Bonatti para que
iniciara los trabajos de construcción del Gasoducto, incluso sin un permiso del
ayuntamiento.
