Ante representantes de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), organizaciones civiles, académicos,
campesinos y activistas acusaron al gobierno de Rafael Moreno Valle de recurrir
a la represión sistemática para desactivar la lucha social en el estado.
Luego de la denuncia que presentó
la diputada federal perredista Roxana Luna ante el secretario general de la
ONU, Ban Ki Moon, los representantes de ese organismo arribaron por la mañana a
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y
solicitaron un informe sobre la detención de tres activistas que se oponen al
Gasoducto Morelos.
Posteriormente se reunieron a
puerta cerrada, en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas, con
integrantes de agrupaciones civiles que denunciaron los presuntos atropellos
cometidos por el gobierno poblano para reprimir las manifestaciones sociales e
imponer las decisiones gubernamentales.
En el caso del gasoducto, los
activistas expusieron las irregularidades que presuntamente cometió el gobierno
estatal para encarcelar a Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe
Xonacayucan, municipio de Atlixco; Juan Carlos Flores, defensor de derechos
humanos, y Abraham Cordero Calderón, dirigente campesino.
Sin una orden de aprehensión de
por medio, los tres opositores al Gasoducto Morelos fueron detenidos con uso
excesivo de la fuerza por hombres vestidos de civil que no se identificaron.
En el caso de Enedina Rosas, fue
acusada de obstaculizar la labor de la empresa italiana Bonatti para que
iniciara los trabajos de construcción del Gasoducto, incluso sin un permiso del
ayuntamiento.
A la mujer de 60 años también se
le responsabilizó del robo de dos celulares que supuestamente quitaron a
trabajadores de la empresa, en tanto que a Juan Carlos Flores se le acusó de
extorsión, motín, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica durante una
manifestación en la comunidad de Cuexcomac, en 2012.
Y aunque ya se han presentado
testigos, videos y fotografías que demuestran que Flores no participó en esa
protesta, las acusaciones continúan firmes.
En el caso de Abraham Cordero, se
le acusó de los delitos de privación de la libertad y amenazas contra
funcionarios públicos. La representación social le negó el derecho a fianza al
clasificarlo como “persona peligrosa” por movilizar a los campesinos.
En la reunión con los
representantes de la ONU también se informó sobre los actos de intimidación contra
el académico Ricardo Pérez Avilés y otros intelectuales que han hecho públicas
sus críticas a los proyectos de obra o acciones del gobierno estatal.
Por la tarde, los enviados de Ban
Ki Moon acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para pedir
un informe sobre los casos que se han denunciado, en especial el de Juan Carlos
Flores, quien fue detenido el pasado lunes 7 en el momento en que salía de las
oficinas de ese organismo.
El hecho levantó sospechas,
debido a que funcionarios de esa institución podrían haber proporcionado
información a la policía para que pudiera ubicar al activista.
Por separado, el secretario
general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, manifestó que la fracción
parlamentaria de su partido en la Cámara de Diputados pedirá la comparecencia
de Moreno Valle.
En tanto, Fernando Fernández
Font, rector de la Universidad Iberoamericana-Puebla, pidió al gobierno estatal
no criminalizar las protestas y no fabricar pruebas para sacar adelante sus
proyectos de obra.
El administrador central de la
Ibero Puebla demandó el esclarecimiento de los actos de intimidación contra el
académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ricardo Pérez
Avilés.
“No es posible que un académico
sea allanado en su casa, poniendo en riesgo la privacidad de su familia, y si
ya sucedió tienen que esclarecerse los hechos. Debe existir justicia”, declaró
en entrevista.
Fuente: Proceso.
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