Mientras la atención pública se mantiene entretenida con la
guerra de las televisoras y los ‘‘preponderantes’’, el gobierno priísta maquina
un golpe contra el espacio de expresión más libre del país: Internet y las
redes sociales. La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que
envió Enrique Peña Nieto al Senado atenta contra los derechos humanos y la
privacidad de los usuarios de Internet, dice Luis Fernando García, abogado
especialista en la materia e integrante de la Red en Defensa de los Derechos
Digitales. Uno de los aspectos más preocupantes es el referente a la llamada
‘‘colaboración con la justicia’’. En el artículo 197, fracción 7, se establece
que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deben bloquear o
inhibir la señal en lugares críticos para la seguridad nacional, lo cual abre
la puerta para que se bloqueen las comunicaciones en manifestaciones y marchas,
o concentraciones, impidiendo a las personas que se comuniquen entre sí y
denuncien abusos de autoridad. ‘‘Se trata de una medida desproporcionada y
violatoria de la libertad de expresión y los derechos humanos, y así lo ha
dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos’’, apuntó García. En
cuanto a la privacidad de los usuarios, la ley indica que las empresas deberán
conservar registro de las comunicaciones de todos sus usuarios por dos años o
hasta por tiempo indefinido. Esto incluye llamadas, mensajes, nombres e incluso
datos de geolocalización de los celulares, con lo que ‘‘se revelará mucha
información del contenido de las llamadas, el dónde, a qué hora y para qué de
las comunicaciones’’. La iniciativa plantea además que las policías, la Sedena,
la Marina o el Cisen puedan solicitar esta información sin autorización
judicial. No resistió el gobierno las críticas en las redes sociales, aun
cuando tiene contratados a todo tipo de bots que lo defienden y alaban su
actuación. La idea es tener una Internet parecida a Televisa: que calle lo malo
que sucede en el país.
