El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, pospuso la publicación de la "Ley de Ordenamiento Social", que regula protestas en zonas históricas o turísticas, así como en avenidas principales, en el Periódico Oficial del Estado para someterla a una revisión jurídica.
La iniciativa fue aprobada hace unos días por las fracciones del PRI y PVEM. Contempla 48 horas como mínimo para que los manifestantes soliciten permiso para una manifestación, prohíbe el uso de injurias y la realización de bloqueos en carreteras y avenidas.
A través de su cuenta Twitter, el mandatario estatal aclaró que la medida se revisará cuidadosamente, pero no se echará para atrás.
A través del noticiero del gobierno estatal, el presidente de la Gran Comisión, José Luis Toledo dijo que la entidad cuenta con 84 mil cuartos de hotel y se tiene que vender un destino seguro. Anticipó que atenderán las observaciones que pueda hacer el Ejecutivo estatal y regularán las marchas sin violar la constitución.
El diputado reconoció que su padre, Marciano Toledo, tomó las calles, pero dijo que esas movilizaciones fueron válidas porque tuvieron buen fin, y agregó que él también participó "lo viví en casa y lo seguiré haciendo, pero no bloqueando arterias ni dañando a terceros".
La iniciativa fue presentada por el diputado por el municipio de Isla Mujeres, Juan Carrilo Soberanis, el pasado jueves y el lunes, en una sesión adelantada, pues regularmente se reúne los martes, el Congreso del Estado aprobó por amplia mayoría, lo que causó una inmediata reacción de organizaciones sociales y líderes de oposición bajo el argumento de que la pretensión es prohibir las manifestaciones.
Carrillo Soberanis dijo que Quintana Roo es un Estado eminentemente turístico, y por tanto se debe cuidar la imagen, dar un uso correcto a los espacios públicos y garantizar que los trabajadores lleguen todos los días a sus centros laborales.
Cuestionado sobre su participación en manifestaciones, incluso, algunas violentas en Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, Carrillo Soberanis justificó que siempre fueron pacificas, no bloqueron calles ni avenidas y mucho menos causaron daños en edificios públicos, "No es contradictorio y si tengo que participar en alguna otra lo haré, pero sujetándome a lo que marca la ley".
El también diputado por el PRD, Jorge Aguilar Osorio, afirmó que la ley representa una encrucijada para los ciudadanos, pues para quejarse de la mala actuación de la autoridad le tendrán que solicitar a la misma permiso.
El presidente del PRD en Quintana Roo, Julio César Lara Martínez anticipó que interpondrán un acto de inconstitucionalidad, además de que acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que líderes de MORENA y hasta asociaciones civiles se inconformaron, como "Red Positiva Quintana Roo", cuyo presidente, Roberto Guzmán anticipó que la marcha de la dignidad, que se celebra junio, se tendrá que cancelar porque no hay garantías de seguridad.
Por la tarde del martes, a través de un comunicado de prensa el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Labastida Mendoza, informó que por órdenes del Gobernador la ley se sometería “cuidadosa revisión” antes de su publicación.
El diputado Carrillo Soberanis aclaró que la medida dictada por el gobernador, "en pleno uso de sus facultades", no da marcha atrás a la medida, solamente la someterá a una minuciosa revisión para que luego, la legislatura trabaje en su reglamentación y esté lista para su aplicación.
Fuente: La Jornada.
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