El día sábado 1º de marzo de 2014, en la agencia de San Luis Beltrán, municipio de Oaxaca de Juárez, nos reunimos 34 organizaciones y 156 representantes de distintas comunidades y regiones del estado, con el propósito de analizar la situación nacional y estatal, intercambiar nuestras experiencias de lucha, así como explorar los temas y condiciones que nos permitirán dar forma a iniciativas conjuntas y acciones inmediatas de cambio y transformación social.
Examinamos juntos los riesgos y oportunidades del contexto nacional. Afirmamos que en México la democracia es una ficción, ya que de hecho sólo se pasó de una presidencia imperial a una coalición de mafias que detentan el poder. Las llamadas reformas estructurales son solamente un instrumento de los gobiernos y corporaciones trasnacionales para despojar a los pueblos de sus territorios y derechos. Para tal fin, se militariza y paramilitariza el país, se criminaliza la protesta social y se anula los derechos civiles de la ciudadanía. Por otro lado, existe a nivel nacional una gran variedad de procesos sociales que luchan por una reorganización de la sociedad desde abajo y de resistencia frente al despojo que sufren. Destaca en especial la lucha de los pueblos indígenas.
En el contexto estatal existe un gran desencanto después de tres años de Gobierno. No hubo alternancia ni mucho menos transformación. Lo que hay es un pluralismo autoritario de grupos que se pelean el poder. Si bien es cierto que en el ámbito de la legislación y las instituciones de los derechos humanos hubo cierta apertura, eso contrasta con una realidad de múltiples violaciones a los derechos humanos y agresiones a las y los defensores mismos. A tres años se ha incrementado la violencia de género y feminicida. Aumenta la represión en contra de los pueblos en resistencia contra los megaproyectos en varias regiones del estado. Todo ello enfrenta la resistencia de una gran diversidad de organizaciones que realizan innumerables y continuas movilizaciones en la sociedad oaxaqueña, pero no se ha logrado una eficaz articulación conjunta de sus propuestas y demandas a mediano y largo plazo ni construir una agenda de transformación profunda en Oaxaca.
Las principales reflexiones y resultados de este Encuentro se resumen en los siguientes:
EJES DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD
1.- EL TERRITORIO está amenazado. Empresas, gobiernos, grupos políticos y el crimen organizado quieren tomar el control de nuestros territorios. Tenemos una gama de actores como son las empresas mineras. En la región de los Valles Centrales, Tlacolula y Ocotlán, 8 de cada 10 hectáreas están concesionadas. Otras regiones afectadas son la Sierra Sur y Costa oaxaqueña, en donde 120 mil hectáreas están concesionadas. También en el Istmo está la minería, no sólo los 20 proyectos eólicos, en donde el gobierno se refiere a ellos como energía limpia. Asimismo, se quiere imponer los proyectos hidroeléctricos, como la presa “Paso de la Reyna”. Con los megaproyectos, la economía regional empieza a deteriorarse, se destruye la forma de vida de los pueblos. Es importante recalcar que también son una amenaza los pagos por servicios ambientales, ya que son la introducción a la reserva de la biosfera que despoja a los pueblos de sus territorios. Una de las amenazas más grandes es la introducción de maíz transgénico porque representa un ataque frontal contra el fundamento de nuestra vida y nuestra cultura.
2.- DERECHOS HUMANOS.- Se ha incrementado de manera alarmante la violencia contra las mujeres y los feminicidios. En cuanto al asesinato de la compañera Sobeida Cruz Martínez, de UCIZONI, cometido el pasado 24 de febrero, hasta la fecha no se perfila un debido proceso en la captura de los responsables. Existe impunidad en los casos del asesinato de Bety Cariño y de la desaparición de las hermanas triquis, Daniela, Virginia y Belén Ramírez Ortiz. Hubo agresión, hostigamiento, encarcelamiento y tortura a jóvenes y niños de CODEP que se manifestaban en contra de las reformas estructurales. En cuanto al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y pueblos indígenas destaca el caso COPUDA, en el cual la CONAGUA no ha aceptado el fallo del tribunal para que las comunidades sean consultadas con respecto al decreto de veda. En San Mateo del Mar existe ingobernabilidad puesto que no hay seguridad pública, existe la imposición de la autoridad actual, hay hostigamientos, intimidaciones, amenazas y la exigencia de una elección extraordinaria. Existe una gran diversidad de conflictos en Huilotepec, Amoltepec, San Juan Maztlán, San Miguel del Puerto, San Pedro Mártir, Río Grande, entre otros conflictos que están generando violaciones a los derechos humanos.
3.- REFORMAS.- La iniciativa de Reforma a la Ley Agraria, bajo el pretexto de lograr “un campo moderno, exitoso y altamente rentable”, abre totalmente la puerta a la privatización de ejidos y comunidades, argumentando que estos derechos impiden el dominio pleno, y que ante la falta de titulación, los ejidos y comunidades se han estancado y por ello no fluye el crédito y el capital. En realidad no es más que el intento de destruir la propiedad social de la tierra. Reforma Telecomunicaciones.- Existe en México un duopolio férreo que controla la radiodifusión y las telecomunicaciones, aunado a altos costos en telefonía y un alto grado de violencia contra las y los periodistas, así como graves obstáculos para ejercer el derecho a la libre expresión. Hoy en día múltiples voces se pronuncian porque se incluya en la legislación el derecho de los pueblos indígenas a sus medios de comunicación propios. Reforma Educativa.- La reforma educativa es parte de un proyecto mayor de transformaciones económicas y políticas del país en beneficio de las grandes corporaciones. Esta reforma puede traer consecuencias graves para las comunidades rurales e indígenas como: una evaluación inapropiada al contexto de los alumnos; se privilegia a maestros “más urbanos”, con un mayor desapego a las necesidades de las comunidades; de igual forma a las familias les afectaría con la autorización de “contribuciones voluntarias”, para el mantenimiento y funcionamiento de las escuelas; se privilegia que las empresas privadas vendan cada vez más “bienes y servicios” para la educación, y se reduce la capacidad de gestión autónoma y de control comunitario sobre los espacios escolares. En suma, lo que está seriamente amenazado es el patrimonio educativo del país y el derecho a una educación básica, laica, gratuita y de calidad para los niños y jóvenes de México, especialmente en el ámbito rural e indígena.
Aunado a todo esto, se aproxima la peor de todas las reformas estructurales: la inminente firma del Tratado Transpacífico, que implicaría que el gobierno de la república acepte que las normas del tratado estén por encima de las constituciones de los países firmantes.
