#hoy no respire o el fracaso del plan

Tenemos una semana asfixiados por una contingencia ambiental. Es un récord en cuanto a duración.

Se suponía que esto no debería suceder. Hace un año, el secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, presentó un plan para evitarlo.

Estos son algunos puntos:

1. Inversión de más de 11 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura y modernización de unidades de transporte público.
2. Apoyo inmediato de Nafin para la sustitución de mil taxis por vehículos híbridos.
3. Nuevo programa ProAire, para la capital y entidades vecinas.
4. 200 unidades de salud en las ciudades donde los índices de contaminación sean elevados.
5. Siembra de 18 millones de árboles a fin de levantar barreras ‘‘rompevientos’’ en el norte y oriente del valle de México.

¿Por qué están matando periodistas?

¿Por qué están matando periodistas? No están asesinando a granel, los periodistas del círculo de amigos del gobierno reciben mimos y protección. Asesinan a los que pertenecen al pequeño grupo que se atreve a criticar o denunciar. 

Si estamos claros en esto, no es difícil contestar la pregunta: ejecutan periodistas para meter miedo, para silenciar a los demás. No quieren que haya información sobre los negocios de la delincuencia y la clase política. 

La estadística es horrenda: en marzo tres fueron asesinados en Guerrero, Veracruz y Chihuahua. En abril cayó uno más en Baja California Sur. Ayer se registró otro caso en Sinaloa. 

Todas las víctimas son igualmente lamentables, pero debo destacar que dos eran compañeros nuestros: Miroslava Breach Velducea, de Chihuahua, y Javier Valdez Cárdenas, de Sinaloa. 

Vale mencionar también el incidente ocurrido la semana anterior, cuando siete reporteros fueron interceptados por unos 100 hombres armados sobre la carretera federal 51 en Guerrero. Se los llevaron, los amenazaron y los despojaron de sus equipos. 

Peña Nieto escribió en Twitter: ‘‘Reitero nuestro compromiso con la libertad de expresión y prensa, fundamentales para nuestra democracia’’. Sería creíble tal vez si sus palabras vinieran acompañadas por la destitución, al menos, de los responsables de la seguridad del país: el secretario de Gobernación y el procurador general de la República. Si no es así, y no es, suenan huecas. 

Hacienda dice que “carece de competencia” para investigar operación en Edomex

Paulo Díez denunció que en las cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México aparecieron mil 600 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió al abogado Paulo Díez que “carece de competencia para recibir denuncias por hechos delictivos; así como para realizar una investigación” sobre una operación de “probable lavado de dinero” por mil 600 millones de pesos en el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.

Los desaparecidos no son prioridad para el Legislativo

Mucho se ha responsabilizado, y con razón, a los ejecutivos estatales y al presidente del absoluto caos que se vive en el país. Las agendas urgentes se acumulan: desigualdad, seguridad, impunidad, corrupción, víctimas y crecimiento.

De manera irresponsable no se ha puesto la lupa, como se debería, sobre los poderes legislativo y judicial, en buena medida por los escándalos mediáticos que han atrapado a buena parte de la sociedad y los medios en torno a la corrupción. Incluso se ha discutido mucho sobre las reformas que intenta hacer Trump. La agenda legislativa nacional ha transitado en la oscuridad. Algunos rayos de luz se arrojan cuando se trata de nombramientos y de la legislación del sistema Nacional Anticorrupción.

Si hay una ley que era urgente desde hace décadas es la de personas desaparecidas. Más de dos años de discusiones, foros, expertos, análisis, recomendaciones, negociaciones y una vez más no se aprobó la Ley General de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

El Senado aprobó la ley y quedó congelada en diputados. Sin embargo, lo aprobado no es lo que se requiere. Una vez más se legisla por aproximaciones sucesivas. En lugar de apegarse a los estándares internacionales se decide sacar una versión que “transite” entre las fuerzas políticas. Que no afecte intereses, que no rompa el círculo perverso de la impunidad. Se coloca a las y los desaparecidos, que en cuentas conservadoras rondan los 30 mil y que según colectivos podría llegar a doscientos mil, dentro de los cálculos políticos.