Tribunal Permanente de los
Pueblos
Dictamen
Preaudiencia Políticas de
exterminio contra el Pueblo Maya
Eje: Violencia contra el
maíz, soberanía alimentaria y autonomía
Táan U Xu'Ulsaj K-Kuxtal
Maní, Yucatán 9 y 10 de noviembre de 2013
Conmovidos por las dimensiones que ha cobrado el
despojo en todo el territorio de la península de Yucatán y el impacto que está
teniendo sobre el pueblo Maya y al mismo tiempo admirados por su resistencia y
espíritu sostenidos durante 521 años, emitimos este Dictamen en solidaridad y
compromiso con sus luchas.
Los ocho casos y los diez testimonios presentados
dan cuenta y son una muestra apenas, de un proceso mucho más amplio de
acaparamiento de tierras y bienes comunes, de destrucción socioambiental y
territorial y de aniquilamiento de los tejidos sociales que forma parte de un
plan orquestado para el desplazamiento y vaciamiento de los territorios.
El desplazamiento de sus tierras de las comunidades
de San
Antonio Ebulá, Campeche; de los ejidatarios de Hopelchén, Campeche; de
Chablekal, Yucatán; de Bacalar, Quintana Roo; de Ich Ek y de los campesinos y
campesinas que habitan X-kix; da testimonio de un proceso brutal que utilizando
la violencia, la corrupción, la complicidad de funcionarios públicos con los
intereses privados y la negación de los derechos de los pueblos está llevando a
situaciones sin salida.
También
compartimos la resistencia a la instalación del mega proyecto comercial Dragon
Mart en Quintana Roo, que impulsado por el mismo gobierno estatal da cuenta de
distintas violaciones de derechos humanos y un panorama futuro de devastación
ambiental.
La
lucha de las comunidades apícolas mayas de la Península de Yucatán resistiendo
la implantación sin consulta de monocultivos de soya transgénica resistente al
glifosato, que amenaza contaminar y destruir su producción ancestral, dio
prueba de la importancia de la organización y la articulación en los caminos de
lucha.
La
resistencia contra la invasión con semillas transgénicas se visibiliza en
experiencias concretas, tal como la del Comité de Defensa de Semillas, que está
conformado por diez comunidades del sur de Yucatán, que llevan más de diez años
asegurando el rescate de la semilla para solo depender de lo suyo, única manera
de seguir viviendo como mayas.
La
movilidad humana en la región peninsular está marcada por la migración
centroamericana, que también es población maya, que se dirige a los Estados
Unidos. Todos sus derechos son violentados, en todo su recorrido, por el crimen
organizado aliado a las instituciones de gobierno. Por otra parte se encuentran
los flujos migratorios internos de personas que son expulsadas de Yucatán y
Campeche hacia los grandes centros turísticos de la Riviera Maya, donde el
pueblo indígena trabaja en la construcción, en los servicios o es víctima de la
explotación sexual. Esta zona es el paraíso de los tratantes de personas. Toda
esta violencia tiene su reflejo en la permanente amenaza y persecución de los
migrantes y sus defensores.
La participación de las mujeres no
fue meramente estratégica, sino también inscripta en su identidad. Defensoras
genuinas de la naturaleza, ellas mostraron cómo su presencia en estos espacios
políticos y su participación protagónica potencia la causa de los pueblos
indígenas al enriquecerla con la impronta de su género. También compartieron
sus luchas contra el sistema patriarcal y de violencia dominante y encarnado en
las instituciones públicas.
Todos los casos presentados son
formas de resistencia alimentadas y construidas sobre la revitalización de su
cultura y éste es un campo rico en formas creativas de resistencia a la
explotación, el despojo y la depredación del planeta. Esta revitalización se
contrapone con los sistemas educativos y de salud oficiales que también son
parte del sistema de opresión y genocidio que opera en la actualidad.
En el campo
de la tierra y el territorio los casos presentados evidencian un despojo
sistemático. En algunas ocasiones, como en el caso de Ebulá, el despojo ha
revestido características violentas. En otros casos, se realiza a través de
mecanismos de enajenación cubiertos de ropaje local. Otros más, provocando y
alentando el proceso de empobrecimiento hasta empujar a las comunidades a la
venta de sus tierras.
Las actuales embestidas del sistema
capitalista depredador en crisis y descomposición se hacen principalmente a
través de este despojo. En los casos visados hoy aparece el despojo
territorial, pero no sólo de las tierras físicas, sino del espacio en que los
pueblos desarrollan su cultura, espacio para seguir siendo pueblos y manejar
sus asuntos como ellos quieren a través de la autonomía.
En todos los
casos funciona una alianza entre gobierno y empresas privadas. Algunos
casos, como el despojo contra el ejido de Chablekal, desnudan la postración de
las autoridades frente a los poderes económicos: para permitir y alentar un
desarrollo inmobiliario de lujo, el gobierno implementó mecanismos legales
facilitadores (PROCEDE) por los cuales pudo comprar las tierras a los
campesinos y venderlas en condiciones extremadamente favorables a empresas.
El proceso de
despojo también pasa por un mecanismo de destrucción del tejido comunitario de
los pueblos indígenas. No se trata solamente de la ausencia de mecanismos de
consultas que respondan a los estándares del convenio 169 de la OIT. Lo que se
busca es fomentar la división comunitaria y la cooptación de los líderes.
Constatamos que
se impone la desregulación ambiental, sin que medie la intervención eficaz de
ninguna de las autoridades involucradas: CONAFOR, RAN, tribunales agrarios,
etc. A veces cómplice y
otras protagonista, es casi imposible encontrar una línea que divida los
intereses del Estado y de los empresarios nacionales o extranjeros que desean
el territorio. El despojo se concreta a partir de que el propio Estado, garante
del modelo político y económico dominante niega la existencia de los pueblos
indios y despliega una política encaminada a su desaparición por exterminio
planificado.
La venta de tierras es promovida por instituciones
de gobierno que funcionan como intermediarios en beneficio de los
inversionistas, mientras se promueven proyectos que dividen a las comunidades,
rompen el tejido comunitario e individualizan las decisiones de los ejidatarios, como en Ich Ek, en la
Biosfera de Calakmul. Este
caso es especialmente grave por sus contradicciones ya que la expropiación se
realizó en nombre de la creación de una “Reserva de la Biosfera”.
Se ignora el derecho a la consulta, y se imponen
políticas públicas para condicionar el uso de suelo de los ejidos, violentando
las relaciones comunitarias y su vinculación con la Madre Tierra.
Los Tribunales y
autoridades agrarias retrasan las resolución de los juicios de tal manera que
las comunidades terminan cansándose y abandonando los procesos; en contraste,
las resoluciones en favor de los empresarios que promueven proyectos encuentran
soluciones inmediatas, como en el caso de Dragon Mart, en Cancún.
Esta
preaudiencia nos ha dado la oportunidad de situar los casos de despojo de
tierras y territorios en un proyecto geopolítico más amplio para todo América
Latina que incluye la dominación y control de la producción de alimentos,
la promoción de cultivos transgénicos, la pérdida de la soberanía alimentaria y
un extractivismo impúdico de los bienes naturales convertidos en mercancía.
Se está
imponiendo un sistema agrícola industrializado que implica la deforestación de
la región peninsular con la consecuente destrucción de la biodiversidad y
provoca el desplazamiento de los sistemas agrícolas tradicionales e inundaciones
como consecuencia de la mecanización de los sistemas agrícolas.
La introducción de los organismos transgénicos en
los territorios, que suele presentarse como una técnica producto de la
curiosidad individual y manifestación de la omnipotencia humana de dominación
de lo natural, constituye una apropiación sistemática e instrumental de la
naturaleza; y se convierte en un instrumento de control territorial, político y
cultural.
Esta nueva etapa neocolonial impone tecnologías que
deben satisfacer la organización global del capitalismo sustituyendo los modos
tradicionales de mejoramiento agrícola. La implementación de modelos
productivos extractivos impiden profundizar las democracias de los pueblos,
tiende a fragilizar los lazos comunitarios del pueblo maya al ser forzados por
la convergencia de gobiernos y capital corporativo a entregar sus riquezas a
través de la apropiación por despojo del territorio, de sus actividades
productivas y de su cultura.
Por eso el extractivismo es una pieza fundamental de esta etapa del modelo
neocolonial. Esa neocolonialidad es una construcción política adoptada para
Latinoamérica como mecanismo de saqueo de los bienes comunes y de la identidad
cultural y configura una verdadera guerra sostenida con tecnologías complejas
de alto impacto y difícil reversión que usan nuestros territorios como campos
experimentales. Son construcciones políticas ejecutadas por factores de
poder político-económicos que habilitan la penetración soberana y disponen el
diseño estratégico de la sociedad. El control del territorio se materializa
en reducción de autonomía al servicio de la mayor concentración y
transnacionalización. Es un sistema de saqueo e inequidad que no contempla
el bien común o la felicidad de los pueblos, que destruye vida, naturaleza y
autonomía y genera mas hambre y exclusión. El negocio globalizado de alimentos
agota recursos no renovables por cuenta y necesidad de un modelo depredador que
necesita el control de toda la cadena para ejercer hegemonía y asegurar la
rentabilidad.
Ante la demostración, cada vez más inquietante, del
impacto ambiental sobre el suelo, flora y fauna de los agrotóxicos, ligados
indisolublemente al paquete tecnológico transgénico, se agregan los efectos
indeseados sobre la salud de la población, y más recientemente, las
limitaciones de la seguridad biológica implícitas en el propio procedimiento
tecnológico.
Asoma una sombra aun más ominosa: el potencial agravamiento de la situación en
los países productores con la llegada al mercado de las nuevas semillas, donde
se «apilan» modificaciones genéticas que suman nuevos tipos de herbicidas para
compensar el progresivo fracaso de los transgénicos por resistencia de las
malezas y descenso del rendimiento por agotamiento de los suelos entre otros.
Estas tensiones modelan un mercado internacional cuyos rumbos futuros son
inciertos, pero al mismo tiempo reclaman un urgente y postergado debate sobre
la autonomía en los países periféricos.
El pueblo originario Maya asentado en la península
de Yucatán pertenece a una cultura de sabidurías, valores y principios
milenarios,
que contribuye a un proceso de construcción comunitaria ofreciendo un legado
histórico que la humanidad conoce.
Desde la concepción del mundo Maya el mundo material
es uno de los componentes de la madre naturaleza y para que se convierta en la
plenitud o la vida es necesario que se complemente con el mundo de lo
espiritual. Es decir que la vida para el mundo Maya es una construcción
permanente en interrelación entre todos los elementos vitales, la comunidad
humana y la comunidad natural. Por lo tanto la naturaleza desde la concepción
Maya es un sujeto actuante y no un objeto como lo considera el mundo
occidental.
Desde esta lógica tierra y territorio constituyen un
espacio vital de la Madre Naturaleza con derechos, al igual que los seres
humanos. La tierra y territorio para el pueblo Maya es la madre generadora de
vida de todas las existencias. En
esta cosmovisión la tierra no se vende ni se compra.
Tierra
y territorios son la base fundamental de la identidad de los pueblos
originarios donde se construye y
se reconstruye la vida y el sentido comunitario; es el espacio donde se articula lo espiritual y lo material,
donde se cultivan de los valores. La
tierra es la casa común donde caben todos y todas, donde se comparte y se
alimenta la memoria histórica de los pueblos, tejiendo en armonía el presente
con el pasado para transformar el futuro.
Recomendaciones
- Recuperamos de los casos expuestos el camino de la
reconstrucción de los tejidos comunitarios, de los vínculos basados en
los valores de solidaridad, respeto mutuo, complementariedad y autonomía; como
esenciales para poder sostener las resistencias y avanzar en los procesos
propios de autonomía de las comunidades.
- En acuerdo con la cosmovisión del pueblo maya, los
territorios no tienen precio y son patrimonio colectivo de los pueblos que
no deben ser introducidos en las leyes de mercado ni en los mecanismos
convencionales de las regulaciones nacionales o internacionales. Por ello el
dinero, las compensaciones materiales o el reparto de beneficios que signifique la entrega de los territorios
y la concreción definitiva del despojo deben ser rechazados.
- En todos los casos resulta un reclamo indeclinable
y urgente la restitución de la totalidad de las tierras despojadas y la
reparación de los daños ocasionados a las comunidades.
- La justicia para todos los atropellos cometidos
también resulta otra de las demandas fundamentales de las comunidades que
deben ser atendidas y puestas en marcha
sin dilación.
- Condenamos y rechazamos los intentos de
introducir el maíz transgénico en México condenándolo a su contaminación en
su centro de origen, a la pérdida de diversidad y atentando contra los pueblos
que se han reconocido a si mismos como hijos del maíz.
- Consideramos imprescindible no dilatar la
prohibición de los cultivos transgénicos y la declaración de la Península de
Yucatán, junto a todo México, como Libre de Transgénicos; propuesta que ya
está en la agenda de lucha de las comunidades apícolas mayas.
- Condenamos las políticas públicas del Estado
mexicano que se ponen al servicio de los capitales especulativos para
consumar los despojos territoriales traicionando el mandato de los pueblos a
los que deberían servir.
- Hacemos nuestras las palabras de la Demanda
General de esta Preaudiencia DENUNCIANDO que las políticas del estado mexicano,
en la Península de Yucatán, están diseñadas para acabar con el pueblo maya, así
como para acabar con todos los pueblos indígenas del país y latinoamérica y DENUNCIANDO
el genocidio que está ocurriendo en tierras mayas, como continuidad del
sistemático genocidio que ya lleva 521 años. Por este motivo solicitamos que el
jurado de la Audiencia de Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y
autonomía condene al Estado mexicano y le exija que se respete y se creen las
condiciones jurídicas y efectivas, para la reconstitución del pueblo maya y los
derechos para la autonomía y la autodeterminación.
“Buscamos el amanecer de
nuestros pueblos”
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