Mediante una carta enviada al titular del Ejecutivo
federal, el director de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que
al asumir la Presidencia, Peña Nieto encontró a un país “sumido en una
crisis de derechos humanos”, con una impunidad casi absoluta ante los
“abusos generalizados”, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas.
El especialista encomió que el gobierno actual ha
adoptado algunas medidas positivas en este ámbito, como promulgar la Ley
General de Víctimas y reconocer la magnitud del problema de las
desapariciones.
Sin embargo, lamentó, “a casi un año de gobierno, el
cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran
medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances
significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan
produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con
impunidad”.
Para sustentar su afirmación, Vivanco puntualizó que
las fuerzas oficiales de seguridad siguen cometiendo desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Además, apuntó, “hasta ahora no ha definido un plan
concreto sobre cómo lograr el objetivo de reducir la violencia. Por el
contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una
intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente
indistinguible de la de su predecesor”.
De igual forma, HRW indicó que el gobierno de Peña
Nieto “ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste
en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de
delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre”.
En una larga misiva, el colectivo de derechos humanos
recordó también que aunque reconoció la existencia de una lista
—elaborada por el gobierno anterior— de más de 26 mil víctimas de
desaparición y prometió depurar esa relación, la administración actual
“no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas
desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no
identificados”.
Además, deploró, el gobierno del mexiquense “no ha
demostrado avances significativos en la investigación de casos pasados
de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales”
ocurridos en décadas anteriores, no ha acotado el fuero de la justicia
militar ni ha hecho lo suficiente por evitar que periodistas y
defensores de derechos humanos dejen de ser atacados.
Todo lo anterior, enfatizó Vivanco, demuestra que la
administración de Peña “ofreció escasas evidencias de que esté dispuesto
a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas concretas
para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la
“guerra contra el narcotráfico” impulsada por su predecesor, los cuales
aún persisten y continúan impunes en la actualidad”.
A pesar de ello, HRW consideró que en el resto de su
sexenio, el Presidente “tendrá tiempo razonable para revertir el curso,
fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso
verdadero con la prevención de nuevos hechos. Cuanto más tiempo espere
para abordar estos abusos, más arraigadas estarán esas prácticas y más
difícil será erradicarlas”.
Fuente: La Jornada.
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