Priístas, panistas y aliados rechazaron sin ninguna discusión las reservas de la oposición.

 

 

Con los votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), el Senado de la República aprobó la reforma financiera del presidente Enrique Peña Nieto, la que, según denunciaron en tribuna legisladores de oposición, profundiza la extranjerización de la banca en lugar de regular las ganancias exageradas de las grandes instituciones bancarias, aumenta el poder de los bancos sobre el país y abre la puerta a que gobiernos de otras naciones puedan participar en sociedades de inversión.

Al mismo tiempo, esa reforma que modifica 34 ordenamientos en la materia y crea la Ley de Agrupaciones Financieras, posibilita nuevos rescates de bancos y de casas de bolsa con recursos públicos, similares al que se hizo a través del Fobaproa, y define un nuevo marco jurídico para criminalizar a los deudores, que incluso podrán ser arraigados y sus bienes retenidos sin mediar juicio, sólo con la petición del dueño del banco con el que tengan algún adeudo.
La reforma fue aprobada en lo general con 90 votos a favor, 24 en contra y una abstención.
Durante más de siete horas se discutieron 147 reservas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que buscaban modificar lo que consideraron los aspectos más negativos de la reforma, pero no lo lograron, ya que la mayoría formada por panistas, priístas y sus aliados lo impidió. Sin discusión, una a una fueron rechazando las propuestas de modificación.
Parecía que se votaban dos reformas distintas, ya que legisladores del PRI destacaron que se trata de una legislación de gran calado, que fortalecerá la banca de desarrollo, fomentará la competencia entre las instituciones bancarias y apuntalará las atribuciones de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Ni el PRI ni el PAN respondieron a los señalamientos de senadores del PRD y PT, quienes insistieron en que la mayoría de los legisladores no conocía las 800 cuartillas que conforman la minuta, que se votó en una sola sesión en comisiones la semana pasada, ni cuestionaron los argumentos opositores. Tanto José Francisco Yunes como Gerardo Sánchez insistieron en que es una gran reforma, y luego votaron en contra de modificar el articulado.

Abre la puerta a más rescates

En tribuna, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que el gobierno se doblegó ante los intereses de los bancos extranjeros, mientras la perredista Dolores Padierna recalcó que en lugar de mexicanizar la banca o al menos limitar a los bancos extranjeros, iniciativa de Peña Nieto promueve la extranjerización ilimitada de todo el sistema financiero, lo que implica que habrá mayor salida de utilidades a los países sede de los bancos.

Detalló que la reforma prevé que la extranjerización se dará a través de la compra de acciones directamente de los gobiernos de otras naciones o mediante sus bancas de desarrollo.

La reforma apoyará de forma ágil y expedita a las instituciones bancarias con problemas, procurará maximizar la recuperación de los valores de los activos que caigan en la insolvencia, para que la banca no pierda, se establece la posibilidad de otro rescate bancario, en caso de presentarse otra crisis, advirtió Bartlett.

A través de las 147 reservas que presentaron PRD y PT se intentaba, entre otras cosas, evitar los rescates bancarios, prohibir los préstamos cruzados y otras irregularidades que cometen los bancos, previo a su rescate. Asimismo, evitar que gobiernos extranjeros puedan invertir en la banca y eliminar el régimen legal contra los deudores.

Se trata de un marco legal inquisitorio, con severidad extrema para con los deudores e impunidad para la élite financiera, ya que no habrá sanción para accionistas y directivos bancarios que provoquen riesgos financieros. En cambio, los deudores de la banca podrán ser arraigados y sus bienes retenidos. Sólo por este punto todos deberían votar en contra, no saben lo que se nos a venir, recalcó el perredista Luis Sánchez.

Otro perredista, Alejandro Encinas, pidió derogar ese punto, recordó que la iniciativa original de Peña Nieto proponía arraigo precautorio del deudor y embargo de sus bienes, término que cambiaron los diputados por el de retención de bienes, pero se mantuvo el agravio, que significa que se les restrinjan sus garantías y se compromete su patrimonio. La reforma pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Fuente: La Jornada.