Un
legislador federal entregó en 2006 al titular de la SIEDO, José Luis
Santiago Vasconcelos, un documento que de haber sido atendido podría
haber desactivado la narcoviolencia en Michoacán. Elaborado por
ciudadanos que investigaron a varios de los principales jefes locales
del narcotráfico, el escrito revela los domicilios de los criminales,
los lugares de acopio de armas y drogas, sus casas de seguridad,
empresas, hoteles y haciendas, así como los nombres de altos jefes
policiacos sobornados.
A fines de abril de 2006 el titular de la entonces llamada
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR),
José Luis Santiago Vasconcelos, recibió una denuncia detallada de las
propiedades y movimientos de los principales jefes del crimen organizado
en Michoacán.
Aunque se trataba de un documento de nueve fojas
elaborado colectivamente por ciudadanos del estado, al calce aparecían
el nombre, firma y teléfono de un responsable.
La
finalidad de los ciudadanos desesperados por la violencia era liberarse
del yugo de los criminales y decían esperar que fuera “de utilidad esta
información y así nos ayuden a vivir tranquilos sin temor a ser
asesinados por esos delincuentes”.
Fue un legislador federal quien entregó dicha denuncia –cuya copia tiene Proceso– a Santiago. Entrevistado por este semanario refiere que al pedirle firmar de recibido el subprocurador se negó, pues el escrito lo comprometía.
Seguro
de que la atención a la denuncia pudo haber atajado la situación de
caos que hoy vive Michoacán, el exlegislador federal narra a Proceso
el encuentro con Santiago, pero pide omitir su nombre por temor a
represalias y porque vive exactamente en el corazón de la zona
michoacana en conflicto.
El entonces titular de la SIEDO, cuenta
el exlegislador, “no quiso darse por enterado oficialmente. Por eso no
firmó. Si firmaba, se hacía responsable de que eso existía y no quiso.
Unos meses después surgió públicamente La Familia y se dio a conocer en La Voz de Michoacán”.
Fuente: Proceso.
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